Uno de los aspectos más impactantes de la megaoperación que llevaron a cabo esta semana la Fiscalía y la Policía contra una red de contrabando a gran escala de mercancías provenientes de Estados Unidos y países de Asia y Europa, es el monto que estaría moviendo la organización criminal: ocho billones de pesos al año.

Semejante cuantía, que supera el presupuesto que se destina a varios de los principales programas sociales e incluso a algunos ministerios y hasta a los recursos que manejan varias gobernaciones de mediano tamaño, evidencia que se está aquí ante un delito de alto calado, similar al narcotráfico y la minería criminal.

Más grave aún resulta que entre los cinco capturados en las operaciones simultáneas que se realizaron en Bogotá, Bucaramanga y Cali figuran un mayor de la Policía Nacional y un coronel en retiro. Ellos, junto a dos particulares, serían los “auspiciadores” de la entrada irregular de “por lo menos” el 80% de la mercancía de contrabando que se mueve por los puertos del país.

Es decir, que no solo tenían movimientos de dinero en un monto sin antecedentes, sino que, además, eran los mayores contrabandistas en Colombia, al punto que manejaban una estructura de orden nacional e internacional que era capaz de “gestionar” semanalmente el acceso ilegal de 30 contenedores con textiles, calzado, cigarrillos y otros productos. Todo ello a punta de pagar sobornos a funcionarios en distintas instancias para garantizar no solo la entrada de las mercancías irregulares, sino el transporte en camiones y tractomulas a diferentes partes del país y el almacenamiento en bodegas de varias ciudades, todo con el fin de evadir los controles de las autoridades. La propia Fiscalía indicó que en apenas tres meses de actividades investigativas se detectaron sobornos por más de 900 millones de pesos a servidores que cumplían funciones de vigilancia y control aduanero.

En ese orden de ideas, se espera que en próximos días se libren más órdenes de captura a esos funcionarios que recibieron los sobornos, al tiempo que se adelanten operaciones de extinción de dominio contra los bienes de los cinco cabecillas de la organización de contrabando más grande del país. Se estima que el monto de los decomisos en propiedades muebles e inmuebles sea también cuantioso.

Hay que reconocer el trabajo investigativo de la Fiscalía y la Policía en este caso. Fue una labor muy eficiente que debe continuar, ya que se libró una circular internacional contra el señalado cabecilla y faltarían otros integrantes de la estructura por detener y judicializar.