- España advierte: no habrá impunidad
- Una nación que nunca se arrodilló
Un día después de que la organización separatista vasca ETA anunciara en una carta pública que había "disuelto completamente todas sus estructuras", la prensa y muchos sectores políticos, económicos e institucionales españoles hicieron múltiples análisis respecto a lo que significó la forma en que terminaron cuatro décadas de atentados, secuestros y extorsiones.
Una de las conclusiones más reiteradas es que pese a las 830 muertes que se le atribuyen a la banda terrorista, el Estado español, en medio de la alternación entre gobiernos socialistas y conservadores, no se dejó llevar nunca a una negociación forzada con la ETA ni apostó resignadamente por peligrosas cesiones políticas y jurídicas que rayaran en la oferta de impunidad total a cambio del desarme y el trámite de la causa separatista por las vías legales y democráticas.
También llamaba la atención ayer en torno a que el punto de quiebre en la lucha contra esta facción armada fue la cohesión de toda la sociedad española en su contra. Son memorables las marchas en ese país cuando ETA cometió los crímenes de mayor resonancia y atentados más graves. Millones de personas volcadas a las calles, desafiantes ante la amenaza terrorista, sin dejarse derrotar por el miedo ni presionar a los gobiernos de turno para que cedieran desesperadamente a las demandas separatistas de los violentos.
Además, fue un golpe mortal para la banda armada que los gobiernos franceses declararan la guerra sin cuartel a los terroristas vascos, en cuanto se dieron cuenta que los galos eran vulnerables también a esa amenaza. Sin esa capacidad de refugiarse en el país vasco francés, lentamente se estrechó el cerco sobre ETA, que se fue debilitando progresivamente por la acción conjunta y efectiva de autoridades francesas e ibéricas. Además, al ingresar España en la Unión Europea se le agotó a esa facción la posibilidad de moverse por otros países vecinos. Así, al no tener ese espacio para operar local ni internacionalmente, no tenía otro camino que rendirse o exponerse sus cabecillas e integrantes a ser capturados o abatidos. Esto demuestra que sin puntos de apoyo externos, el terrorismo disolvente siempre sucumbe.
Por igual, ayer varias de las asociaciones de víctimas de ese grupo terrorista, que en 2011 había renunciado a la lucha armada, advertían que en modo alguno la disolución de todas las “estructuras” de ETA podía significar un borrón y cuenta nueva para sus militantes y cabecillas, muchos de ellos hoy presos o todavía en la clandestinidad. No hay que olvidar que aunque oficialmente se habla de 830 víctimas, otros sectores piden esclarecer no menos de 350 muertes más en que se sospecha que la banda participó directa o indirectamente.
En la misma línea se puso el gobierno de Mariano Rajoy al advertir enfáticamente que la justicia española seguirá persiguiendo a los culpables de esos centenares de muertes, bajo la tesis de que la impunidad no se va a permitir y menos aun tratándose de delitos de lesa humanidad, imprescriptibles por demás.
Es claro que las tensiones separatistas continúan en España, no sólo en el País Vasco sino entre los independentistas catalanes. Sin embargo, tanto en lo ocurrido con la ETA como en la forma en que Madrid reaccionó a la última intentona de los separatistas catalanes, queda en evidencia que sólo mediante la vía democrática se encontrarán las soluciones a todas esas tensiones que se presentan en España y en los organismos de la misma Unión Europea.
Tampoco faltaron ayer los conceptos de quienes recordaron que el fin de ETA -aunque anunció que seguirá su lucha por la vía política-, deja también un mensaje de reflexión al Estado español sobre cómo finalmente esta fue derrotada por la vía legal y política, dejando atrás ese negro capítulo de los GAL.
A punto de extinguirse ya está banda separatista, precisamente por cuenta de haberse silenciado las armas y estar la mayoría de sus jefes en prisión o muertos, lo que viene de ahora en adelante es la lucha política, por medios democráticos, para conseguir en España y la Unión Europea los avances que reclama la sociedad en materia de justicia, equidad y desarrollo. La violencia no logró arrodillar al Estado y la sociedad ibéricas, y ese es un mensaje de mucha significancia para todo el mundo.