La crisis socioeconómica en La Guajira no se detiene, en tanto que los cuestionamientos al plan de intervención del gobierno Petro ese departamento aumentan día tras día.
Una prueba de ello son los campanazos dados por la Procuraduría General en la última semana. De hecho, el ente de control disciplinario convocó de manera urgente a una mesa de trabajo para evaluar los resultados del Plan de Atención al departamento que activó la actual administración.
Como se recuerda, aunque el Ejecutivo declaró un estado de emergencia económica, social e institucional para hacer frente a la crisis en La Guajira, la Corte Constitucional declaró inexequible esa figura por considerar que las problemáticas no eran nuevas ni sobrevinientes. Luego de ello, uno a uno se han ido cayendo los decretos dictados al amparo del estado excepcional. El Alto Tribunal ha sido claro en que el Estado tiene múltiples herramientas de carácter permanente y ordinario para actuar de forma decidida en la región y combatir la crisis multisectorial que afecta a esa población desde hace décadas.
Más allá de este fallo, el Ejecutivo mantiene la implementación de un Plan de Atención a La Guajira, el mismo que ahora está bajo la lupa del Ministerio Público. De allí que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así como los ministerios de Defensa y Vivienda y otras entidades tuvieron que explicar sus respectivas ejecutorias en dicha estrategia de contingencia que, incluso, llevó a que la cúpula gubernamental se trasladará a esa región por varios días a mediados del año pasado.
Como lo hemos reiterado en estas páginas la crisis en La Guajira es estructural y data de hace mucho tiempo, con múltiples planes de contingencia gobierno tras gobierno, la mayoría cumplidos a medias. Precisamente uno de los temas que se analizó esta semana tiene que ver con la implementación de acciones ordenadas en la sentencia T-302 de 2017 en cuanto a la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua potable para la población Wayuu de los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia. Dicha sentencia, como se ve, ya ha trascendido tres mandatos presidenciales (Santos, Duque y Petro).
Otro de los flancos en donde se está poniendo la lupa es el relativo al “Plan Nacional de Gestión ante el Fenómeno el Niño”, que es una de las emergencias más graves en la región en estos momentos, más aún en medio del escándalo por las anomalías en la compra de 48 carrotanques para distribuir agua en La Guajira. Dicha transacción está hoy bajo la lupa de varios entes de control.