· Los salarios de los congresistas
· Urge acto legislativo en la materia
Pocas veces, como en la actualidad, el aumento de los salarios de los congresistas había causado tanto impacto en la opinión pública. Primero por la cifra nada despreciable de alrededor de 28 millones de pesos y, segundo, porque el incremento ronda el 8 por ciento, en todo caso por encima del índice general que se adoptó a comienzos de año para todos los colombianos. Ello sin contar con los 50 salarios mínimos mensuales a su disposición para distribuir entre los integrantes de cada Unidad de Trabajo Legislativo. Esto, desde luego, en un país en donde los salarios no suelen llegar a semejantes proporciones, asimismo siendo la cifra alrededor de 40 veces más que el salario mínimo mensual vigente. Tampoco se compadece el asunto con la evidente desaceleración económica que vive el país, donde es ya conocida la grave incidencia que han sufrido las nóminas en algunos sectores productivos. Si bien ello se ha podido sufragar en ciertos nichos laborales, en otros, como el petrolero, la situación es alarmante.
Se sabe, igualmente, que el Gobierno ha adoptado un apretón en el presupuesto estatal por efectos de la crisis fiscal, surgida a raíz de la baja de los precios del petróleo. La gigantesca devaluación de los últimos dos años, por su parte, ha llevado a un inusitado incremento de la deuda externa. Y en general la administración ha ordenado a todos los ministerios eliminar gastos, reducir supernumerarios y estrechar las plantas. De tal modo la inversión pública ha sufrido, de la misma manera, una reducción, especialmente en el sector agrícola, y ello ha suscitado, por ejemplo, que no se hayan podido cumplir los convenios que finalmente reventaron en un nuevo paro agrario, todavía en negociación.
A esto se adiciona el enorme desequilibrio existente entre los altos niveles de la administración pública. Cualquiera de los dieciséis ministros del despacho, verbigracia, no alcanza a ganar la mitad del salario de un congresista, tanto en cuanto sus emolumentos vienen congelados desde hace más de una década, bajo la justificación de ayudar a equilibrar las finanzas públicas. Ello hace, a su vez, que en la mayoría de las dependencias gubernamentales, de los ministerios para abajo, tengan salarios estrechos sobre la base de que es una manera de aminorar el gasto. No así, ciertamente, con los congresistas, cuyos sueldos han tenido un crecimiento desorbitado por los incrementos anuales, sin haberse tomado determinación similar, en su momento, a lo que se hizo en los ministerios, departamentos administrativos, agencias, institutos y demás dependencias del gobierno central y descentralizado. Incluso, hoy en día, los embajadores, en sendas ocasiones, deben sufragar ciertos gastos en las delegaciones diplomáticas.
En tanto, la variable en el aumento de los sueldos de los congresistas suele impactar, de la misma forma, en los emolumentos de magistrados de las diferentes cortes y los altos oficiales de la Fuerza Pública, sobre quienes se establece más o menos el mismo régimen.
El caso de los salarios de los congresistas colombianos frente a sus colegas en otras partes del mundo es verdaderamente dramático. Tal vez sean los parlamentarios nacionales quienes ganan la mayor cifra, incluidos congresos latinoamericanos y europeos. Desde luego la moneda colombiana ha perdido poder adquisitivo ante el dólar o el euro, pero aun así son extremadamente bien pagos. De hecho, el ingreso per cápita anual en Colombia oscila en los 8.500 dólares, lo cual da una cifra mensual de dos millones de pesos. Esto para no entrar a hablar del controvertido régimen pensional que cada día asalta con nuevas sorpresas.
La indignación de la opinión pública con el tema se ha podido observar, no solo en las redes sociales, sino en los memes que se han puesto a circular por todo el país.
No ha sido fácil en Colombia, inclusive desde las épocas de la Independencia, establecer los emolumentos congresionales. De suyo, fue uno de los grandes pleitos del Libertador frente a la facción santanderista del Congreso. Durante buena parte de la república se decidió que se les pagaría por sesiones, lo que a su vez era improcedente en cuanto se trataba de incurrir en sesiones extras para subirse el monto a devengar. Los mismos congresistas, por demás, decidían sus aumentos en lo que se conocía como la polémica ley de “dietas”. La constituyente de 1991, pretendiendo subsanar estas circunstancias, determinó un salario permanente y fijo que, a su vez, los concejales de las principales ciudades y los diputados pretenden asimilar a partir del costo de cada sesión en la que participan.
La indignación nacional ya no da abasto con el tema. Urge un acto legislativo para poner en orden la casa. ¿Se atreverá el Gobierno a presentarlo y siquiera el Congreso a debatirlo?