- Las observaciones de la Misión de la ONU
- Inseguridad regional, un riesgo muy grande
A nueve días de que se produzca el relevo en la Casa de Nariño una de las mayores preocupaciones de muchos sectores políticos, económicos, sociales e institucionales es cuál será el país que recibirá el nuevo Jefe de Estado. Y en esos cortes de cuenta hay asuntos que generan especial inquietud, como el relativo a la implementación del acuerdo de paz suscrito entre el gobierno Santos y las Farc, no sólo porque es evidente que en el cumplimiento de lo suscrito hay deficiencias sino porque la entrante administración necesita un diagnóstico objetivo y realista sobre el proceso, más aún si dentro de sus primeras medidas estarán las relativas a cumplir la promesa hecha en campaña electoral de “ajustar” y “corregir” puntos clave de lo negociado.
Tanto el Presidente de la República, como su Alto Comisionado y varios de sus ministros han abundado en estas últimas semanas en balances de gestión sobre el acuerdo de paz y sus resultados en materia en disminución de la violencia y reiteraron que la implementación queda andando a buen ritmo. En la otra orilla, voceros del Centro Democrático, el entrante gobierno y de otros sectores nacionales, regionales y locales advierten que en el corte de cuenta oficial se sobredimensionan los logros del pacto con las Farc y se minimizan las deficiencias, en especial las relativas al rebrote de la violencia armada, el auge narcotraficante, la reincidencia criminal y el crecimiento de las disidencias, entre otros aspectos. Obviamente los conceptos de lado y lado están contagiados del clima de polarización en que está imbuida Colombia, más aún después de una contienda proselitista tan competida, cuya definición lejos de amainar la división de criterios frente a la política de paz del gobierno saliente, la exacerbó aún más.
De allí que resulte de suma importancia encontrar una tercera óptica, más imparcial, que señale los puntos altos y bajos del acuerdo. Esa visión bien la puede aportar la Misión de Verificación autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para acompañar y vigilar el cumplimiento del acuerdo de paz en Colombia. Precisamente esta semana esa instancia presentó en Nueva York su tercer informe, referido especialmente a la reincorporación económica, social y política de los desmovilizados así como a las garantías de seguridad para estos y las comunidades más afectadas por el conflicto. En el reporte se reconoce la voluntad de las partes para avanzar en la implementación, al tiempo que se resalta que las elecciones de Congreso y Presidente fueron las más pacíficas de los últimos tiempos. Así como se destaca la participación política de los desarmados en los comicios, igualmente se pondera el anuncio del Jefe de Estado electo de trabajar para superar la polarización. También se valoran positivamente algunos avances normativos y reglamentarios en cuanto a reinserción y apoyo económico a los desmovilizados. De la misma manera se respalda la firma de un acuerdo multipartidista de rechazo a los asesinatos de líderes sociales y activistas de derechos humanos.
Sin embargo, la Misión de la ONU hace una serie de observaciones. Por ejemplo, advierte que la tarea que es necesario acometer ahora es la de consolidar la paz, ya que la violencia en las zonas de conflicto, en particular contra dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos, la proliferación de grupos ilegales y el crecimiento de la economía derivada del narcotráfico, así como la frustración y el temor que sienten los excombatientes y las comunidades que consideran que han sido obviados por el proceso de paz, “no dejan lugar a dudas de la magnitud de los problemas que aguardan al nuevo Gobierno, a las instituciones colombianas y a la sociedad civil por igual”.
Recalca la Misión que si bien esos problemas no son “una sorpresa”, el hecho de que sus raíces sean profundas no hace menos urgente la necesidad de encararlos.
En otro aparte del informe se indica que aunque ningún proceso está exento de altibajos, la consecución de la paz en Colombia se ha visto entorpecida por niveles de incertidumbre que han generado recelos profundos y comprensibles entre los miembros de las Farc que se reincorporan a la sociedad. Explica la Misión que entre la renegociación posterior al plebiscito de octubre de 2016, los prolongados debates en el Congreso sobre la agenda legislativa, el proceso de examen por la Corte Constitucional y ahora el cambio de gobierno, la incertidumbre se sigue cerniendo sobre cuestiones que están en el centro de cualquier acuerdo: las garantías jurídicas, políticas y, en última instancia, de seguridad para quienes han depuesto sus armas y esperan que las instituciones cumplan esos compromisos y proporcionen oportunidades socioeconómicas.
No menos impactante resulta la observación en torno a que este acuerdo de paz es solo parte de la tarea fundamental de llevar el desarrollo y el Estado de Derecho a vastas zonas del país que siguen siendo presa de la violencia.
También se señaló que tras los avances normativos en apoyo a los reinsertados, el reto es concretar el acceso a la tierra para los excombatientes en los “Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación” y otros asentamientos.
Como se ve, más allá de los “ajustes” y “correctivos” que haga el nuevo gobierno al fondo del acuerdo de paz, en la implementación de lo ya pactado hay una serie de deficiencias que deben ser atendidas de forma urgente para evitar que este proceso, por demás accidentado, continúe haciendo agua.