* Mafias locales expanden violencia en Argentina

* Microtráfico, ‘gota a gota’, extorsión y prostitución

Después de una década de inexplicable pasividad, el gobierno de la ciudad de Rosario y la presidencia argentina decidieron actuar la semana anterior en contra de las redes del narcotráfico que operan en esa ciudad. Allanaron la temible cárcel de Piñero donde están recluidos los principales capos, sicarios y operadores, a quienes quitaron todos sus privilegios y sometieron a un régimen especial de disciplina y vigilancia.

Decomisaron armamento, computadores, teléfonos celulares y dinero. En represalia, durante los cinco días siguientes fueron asesinados por bandas criminales en la ciudad dos taxistas, un conductor de autobús y un trabajador de una estación de venta de combustible. Gente humilde, escogida al azar para intimidar a las autoridades y disuadirlas de su ofensiva. Sorprendió y causó alarma que algunos de esos crímenes se ejecutaron con armamento de la policía local.

Rosario experimenta en los últimos diez años la misma degradación que hoy afecta a Ecuador, Uruguay, Chile, Paraguay, Venezuela y a varios países centroamericanos por la acción de redes internacionales dirigidas desde Colombia, México, Brasil y Perú, que montaron y desataron en sus territorios la actividad de redes de microtráfico, préstamos ‘gota a gota’, extorsión y prostitución.

Eugenio Burzaco, exsecretario de Seguridad de Argentina, manifestó a la agencia Infobae que Rosario se convirtió en centro de operaciones de las grandes organizaciones del narcotráfico porque “allí convergen casi todas las rutas relevantes que vienen del norte desde los principales países productores tanto de marihuana como de cocaína”. Dice también que la hidrovía Paraná-Paraguay “se ha transformado en una verdadera autopista comercial de Paraguay, Bolivia, sur de Brasil, Argentina y Uruguay y en un viaducto para el tráfico de cocaína hacia Europa”.

Con apenas 1,6 millones de habitantes, Rosario tiene el mayor índice de muertes violentas de Argentina (30,45 por cada 100.000 habitantes) y, según la Fundación Pensar, es una de las cincuenta ciudades más violentas del mundo.

El de Rosario es el mismo cáncer que afecta a Colombia, así como a otros países y regiones de Latinoamérica: la pérdida de control territorial por parte del Estado en favor de organizaciones criminales. Se debe específicamente a que las mafias diversificaron su actividad y, además del envío internacional de cargamentos, desarrollan tráfico y venta de narcóticos en el mercado local. Los países de tránsito se convirtieron por ello en consumidores. De acuerdo con la ONU hay cerca de cinco millones de consumidores de cocaína en América del Sur. De la mano del narcotráfico proliferan las bandas dedicadas al microtráfico y a las demás actividades criminales, y se desatan los conflictos por el dominio de rutas y territorios.

Con la búsqueda de complicidades entre autoridades administrativas y policiales, también se expande la corrupción. Consolidadas en los territorios, las organizaciones criminales intervienen en procesos electorales y en nombramientos de autoridades, jueces y personal de seguridad, en busca de impunidad para sus actividades.

El presidente Javier Milei decidió poner fin a la indiferencia de los gobiernos nacionales y locales frente a la crisis y puso en marcha una amplia operación jurídica y militar contra las mafias, a cargo de los ministros de Seguridad (Patricia Bullrich), Defensa (Luis Petri) y del gobernador de la provincia de Santa Fe (Maximiliano Pullaro). Destacaron en la zona grupos de élite de las Fuerzas Armadas y fuerzas policivas federales que, con base en la ley antiterrorista, iniciaron acciones contra las bandas. Y el gobierno remitió al Congreso una ley antiterrorista de alcance nacional porque el fenómeno se está replicando en distritos del Gran Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Tucumán y Concordia.

En esencia, es también una crisis colombiana porque su génesis y desarrollo involucra a individuos y organizaciones criminales de nuestro país e impacta en forma directa la seguridad local. Esto en la medida en que parte sustantiva de los ingresos derivados de estas actividades ilegales en Argentina llegan a Colombia, fortalecen a las mafias y amplían su capacidad de afectar la ya de por sí deficiente tranquilidad y salvaguarda ciudadana.