* Otra violación del Eln al cese el fuego
* Política accidentada y sin norte claro
Son muy notorios los vacíos en la accidentada estrategia de “paz total” que el gobierno Petro lleva a cabo para tratar de neutralizar los focos de violencia y multicrimen en el país, los mismos que no han amainado sustancialmente en año y medio. Por el contrario, en algunas regiones el accionar de grupos armados y bandas criminales aumenta de forma preocupante.
En la última semana se han presentado varios frentes de discusión respecto a esa política de paz. Por ejemplo, en medio de la visita a Colombia de una delegación de embajadores del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que llegó a constatar sobre el terreno los informes y el rol de la Misión de Verificación del acuerdo de paz de 2016, quedó en evidencia que la implementación de dicho pacto no solo es muy lenta y desfinanciada, sino que líderes sociales, desmovilizados y comunidades en zonas de conflicto continúan siendo gravemente victimizadas.
A lo anterior, se suma que, si bien se anunció un proceso de negociación con las reincidencias de las Farc ‘Nueva Marquetalia’, no está claro el marco jurídico de las tratativas, ya que, constitucional y legalmente, no se les puede reconocer estatus político, pues sus integrantes se desmovilizaron años atrás, pero decidieron volver a alzarse en armas, convirtiéndose en delincuentes comunes. Una duda de semejante magnitud urge ser despejada.
Por otra parte, en los últimos días se informó que la tregua entre las bandas criminales de Buenaventura denominadas ‘Los Shotas’ y ‘Los Espartanos’ se prolongó hasta mayo. Si bien es una buena noticia y la violencia ha disminuido en alguna proporción en el puerto, no pocos sectores advierten que la Oficina del Alto Comisionado de Paz no tiene base jurídica para este proceso, tampoco para los beneficios penales que se contemplarían ni cómo garantizar la reparación a las víctimas. Iguales dudas persisten frente a lo que ocurrirá con los diálogos con bandas criminales en Medellín o incluso frente a la polémica porque la red delincuencial ‘La inmaculada’, que desató una ola de violencia el fin de semana en Tuluá (Valle), acusó al Gobierno de tenderle una “trampa” en unos presuntos acercamientos de paz. Dada la gravedad del señalamiento al ministro de Defensa le tocó salir a desmentir esa versión.
Pero sin duda el flanco más complicado de la política de “paz total” es la negociación con el Eln. La semana pasada, al finalizar el sexto ciclo de tratativas, se informó de la prórroga del cese el fuego por seis meses. Sin embargo, hay muchas dudas. Por ejemplo, si bien la guerrilla se comprometió a cesar los secuestros extorsivos no se informó cuándo va a liberar a los plagiados en su poder. De igual manera, persiste la discusión sobre “rehenes”, “prisioneros de guerra” y “retenidos”, diferencial semántico utilizado por la subversión para esquivar la gravedad de las privaciones de la libertad. Tampoco se sabe si la constitución de un Fondo Multidonante terminará, al final, financiando a ese grupo ilegal a cambio de que no ataque a la Fuerza Pública ni afecte a la población civil. Por igual, aumentan las reservas sobre la eficacia del Mecanismo de Monitoreo y Verificación que, integrado por la Misión de la ONU, Iglesia y las partes, debe investigar las crecientes violaciones al cese el fuego. Hasta el propio dirigente gremial José Félix Lafaurie, que hace parte de la delegación gubernamental, planteó varios fundados interrogantes sobre esos puntos.
Y, como si fuera poco, el ‘frente occidental’ del Eln anunció un ‘paro armado’ en Chocó desde el sábado pasado, cuyas graves implicaciones fueron denunciadas por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, sobre todo porque peligran más de 27.000 personas. Incluso ayer el comandante de las Fuerzas Militares anunció que iba a denunciar ante el citado Mecanismo esta nueva violación al cese el fuego, en tanto que el ministro de Defensa reiteró que fue redoblada la presencia de la Fuerza Pública en la región, pidió a las comunidades no desplazarse por temor a estos grupos criminales y reportó “tranquilidad en la zona” de Istmina, Litoral del San Juan, Medio San Juan, Sipí y Nóvita.
Por otra parte, la debilidad de los mecanismos de monitoreo al cumplimiento al cese el fuego también es la principal falencia en la negociación con las disidencias de las Farc (Estado Mayor Central), que tiene un cese el fuego declarado, pero muchas denuncias sobre violaciones graves. Incluso, se les acusa de ser victimarios principales de líderes sociales y desmovilizados.
Como se ve, la política de “paz total” es accidentada en todos sus frentes y pareciera no tener método ni norte claro. Todo ello, mientras en las regiones la violencia no da tregua.