- En manos de la Corte Suprema
- La verdad hasta las últimas consecuencias
Tendrá que despejar lo más pronto posible, ojalá la semana que entra, la Corte Suprema de Justicia el tema de si es pertinente un fiscal ad hoc o una fiscalía especial para los impedimentos sobre el caso Odebrecht que vienen causando gran revuelo nacional.
El tema, desde luego, no es de poca monta. En primer lugar porque ciertamente el asunto está reglado claramente en las leyes procedimentales que disponen, de modo taxativo, que ante impedimentos del Fiscal General de la Nación corresponde al despacho del Vicefiscal adelantar las investigaciones pertinentes.
Como se sabe, el fiscal Néstor Humberto Martínez está impedido, por autorización de la Corte Suprema, para pronunciarse sobre dos de las aristas del tenebroso caso de Odebrecht, cuyos sobornos reconocidos han estremecido a la opinión pública colombiana que pide celeridad y esclarecimiento completo de la verdad. A la vicefiscal María Paulina Riveros tocó por ley esas dos vertientes investigativas, y para ello ha contado con la férrea fiscal Amparo Cerón, quien ha venido adelantando las pesquisas respectivas.
La primera de estas investigaciones se trata de la actuación de Odebrecht y Corficolombiana en el consorcio Episol, constructor de la Ruta del Sol tramo II, y que tiene a los presidentes de las dos compañías en la cárcel. En el caso colombiano la justicia de nuestro país impuso pena de prisión al exministro José Elías Melo, mientras se finiquita el proceso. Al mismo tiempo la justicia brasileña otorgó un Principio de Oportunidad a su presidente de entonces en Colombia, Luiz Bueno, luego de confesar los sobornos ya de antemano aceptados por parte de Marcelo Odebrecht como presidente general de la compañía de su mismo nombre ante la justicia de Estados Unidos.
La otra investigación trata del otrosí que se adicionó al contrato de la Ruta del Sol II, en la vía Ocaña-Gamarra, por un billón de pesos, sin la licitación del caso y en cabeza del mismo contratista principal (Episol), lo que a su vez tiene al entonces presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, también en prisión domiciliaria, mientras se indaga su participación en varios delitos, entre ellos contratación sin los requisitos legales y el interés indebido en contratos. Andrade, pendiente de pasar a manos de los jueces ordinarios, ha pedido el testimonio del propio Fiscal General, en una última audiencia, previo a seguir el curso ordinario, para que explique la elaboración de un concepto jurídico en el que como abogado privado habría conceptuado, aparentemente, que no era necesaria la licitación.
Mientras algunos, como el mismo Fiscal y la Vicefiscal, se han mostrado partidarios de un fiscal ad hoc solo para estas dos vertientes, otros, como el procurador general, Fernando Carrillo, han pedido no solo una fiscalía especial, con los integrantes correspondientes, sino llevar toda la investigación de Odebrecht con sus 14 frentes procesales, a esa instancia extraordinaria, autónoma y armada con los dientes respectivos. En tanto, podría la Corte Suprema eventualmente decantarse por el hecho de que la recusación a la Vicefiscal no tiene asidero y debe seguir adelante con sus investigaciones en los términos explícitos de la ley. En todo caso, debe tenerse en cuenta que cualquier cambio institucional en la materia podría servir para el alegato de falta de garantías y el derrumbe íntegro de los procesos en curso.
El escalamiento del proceso de Odebrecht ha tenido dos facetas, en los últimos meses, de gran trascendencia. Por un lado, la muerte intempestiva de Jorge Enrique Pizano y el fallecimiento casi inmediato de su hijo por la sospechosa ingesta de cianuro en una botella de agua. Pizano, en su carácter de contralor de Episol, grabó furtivamente en agosto de 2015 al entonces abogado del Grupo Aval y hoy Fiscal, Néstor Humberto Martínez, audios que fueron dados a conocer a la opinión pública por diversos medios y en donde se ponen de presente las anomalías persistentes de la administración de Odebrecht, en el consorcio, desde que se puso en marcha la Ruta del Sol, tramo II. Pizano, a su vez, era sujeto procesal en la investigación de las acciones de Odebrecht en el contrato del receptor del río Tunjuelo-Canoas, en Bogotá, durante el mandato del alcalde Samuel Moreno, y en el cual, asimismo, el ingeniero actuó de gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.
La otra faceta consiste en que el caso de Odebrecht Colombia hoy aparece en las planas internacionales de los principales medios y hay lupa de las bolsas y las entidades de control del exterior.
Sea cual sea la decisión de la Corte Suprema de Justicia lo único que quiere el país es, como se dijo, el esclarecimiento completo de la verdad de los sobornos y las trapisondas de Odebrecht. Y eso significa, no solo resolver los impedimentos planteados, sino igualmente dejar en claro el tema de las campañas presidenciales, la intervención de los parlamentarios cuestionados en la hechura de leyes favorables a esa compañía y tantas otras derivaciones purulentas.
No puede perderse, por supuesto, el país en un mar de incisos y eso de seguro lo tiene a todas luces claro la Corte Suprema. Es el momento, precisamente en el cual se puede revertir la decaída favorabilidad de la justicia en las encuestas. El país necesita recuperar la credibilidad en sus instituciones. Cualquiera sea el mecanismo normativo para ello, el objetivo no puede ser ninguno diferente a llegar hasta las últimas consecuencias. No en vano es el más grande escándalo de corrupción en la historia de Colombia. Y a grandes males no puede haber sino grandes remedios.