Todo un reto el compromiso que los gobiernos de Colombia y Venezuela asumieron alrededor de los protocolos que acordaron el jueves pasado para la reapertura gradual y ordenada de la frontera, que empezó a aplicarse el sábado pasado y que en menos de dos días ya permitió el tránsito peatonal de más de 50 mil personas.
En primer lugar, lo más importante es que se mantenga en el tiempo el mecanismo de control migratorio que tiene como sustento una Tarjeta de Tránsito Fronterizo que les permitirá a las autoridades de ambos países tener un control sobre quién entra y sale de sus respectivos territorios. Lo peor que puede pasar es que esta medida se vaya flexibilizando con el paso de las semanas o los meses, generando otros marcos de crisis que lleven a nuevos cierres de los pasos limítrofes que, como se evidenció en los últimos doce meses, tuvieron un alto grado de afectación económica, social y política entre dos países que comparten una frontera de alta interacción poblacional en gran parte de los 2.200 kilómetros de frontera.
Y para que esa Tarjeta Migratoria tenga una utilidad mayor se requerirá que el llamado Centro Binacional para la Lucha contra el Crimen Internacional sea una instancia que funcione de verdad, a diario, con permanente coordinación operativa e intercambio de información en tiempo real. Sólo así será posible que, de una vez por todas, se pueda golpear de manera contundente a las mafias trasnacionales dedicadas no sólo al contrabando de alimentos y combustibles, sino también a los carteles del narcotráfico que se han extendido a ambos lados de la frontera. Acabar con estas organizaciones delincuenciales solo será posible si, negarlo sería ingenuo, las autoridades de Colombia y Venezuela también están diligentes para detectar a tiempo posibles casos de corrupción entre sus funcionarios administrativos, policiales, militares y demás entes de seguridad e inteligencia.
Otra de las medidas que serán determinantes para este acuerdo presidencial, que fue construido por las cancillerías y otras delegaciones ministeriales binacionales durante varios meses, será el nuevo marco de intercambio permanente de información aduanera, que permitirá un control más eficiente sobre el flujo de mercancías de lado y lado, de forma tal que las autoridades colombianas y venezolanas puedan realizar operativos en sus respectivas zonas de frontera y revisar los comercios para constatar que los productos para la venta sean legales y no de contrabando. En el aspecto cambiario también debe ajustarse todo lo relativo a la compra y venta de pesos, dólares y bolívares, forzando la legalización y formalización de las transacciones, así como una mayor bancarización binacional.
Los otros comités que fueron anunciados tras la cumbre presidencial del jueves pasado, es decir los referidos a la Mesa Binacional para facilitar el pago de operaciones comerciales en mora y el Comité Técnico Binacional de Salud y Saneamiento, con el fin de combatir amenazas de epidemias como las del zika o el chikunguña, no pueden quedarse en el papel y la idea es que las respectivas autoridades pongan en marcha lo más pronto posible los mecanismos de implementación.
Como se dijo, es apenas un primer paso la reapertura de los cinco puntos este fin de semana en los puentes Simón Bolívar y La Unión, en Norte de Santander; el puente José Antonio Páez, en Arauca; Paraguachón, en el departamento de La Guajira, y Puerto Carreño en el Vichada. Es claro que en estos primeros días los flujos de venezolanos hacia las áreas metropolitanas de Cúcuta, Maicao, Arauca y Puerto Carreño serán bastante altos, pues miles y miles de venezolanos urgen abastecerse de alimentos, productos básicos y medicamentos que escasean en su país. Y también es obvio que los comercios de esas ciudades y municipios vecinos podrán hacer, literalmente, su ‘agosto’, para recuperar algo de lo perdido en el año en que la frontera ha estado cerrada por orden del presidente Nicolás Maduro.
Lo importante es lo que viene de ahora en adelante. Que los protocolos acordados se cumplan y materialicen. En muchas ocasiones los gobiernos de ambos países han anunciado planes de manejo fronterizo similares pero se quedaron en el papel o apenas sí se implementaron a medias, por lo que en cuestión de pocos meses las problemáticas migratorias, comerciales, cambiarias y de seguridad volvieron a surgir, con los respectivos coletazos políticos y diplomáticos que han hecho de las relaciones entre Bogotá y Caracas un altibajo permanente. Esperamos que ahora sea distinto y que la normalización bilateral vaya más allá del desbloqueo limítrofe.