Este 17 de enero, publiqué en El Nuevo Siglo un análisis del Índice de percepción de corrupción (IPC) en Latinoamérica entre los años 2012 y 2022. Destaqué la mejora modesta pero sostenida en los puntajes de Colombia que, junto a Argentina, fue uno de los dos países principales de la región en reducir la corrupción a lo largo de esos once años. Los demás, incluyendo a México, Brasil, Perú, Chile y Venezuela, habían fracasado.

Observé que esta mejora la obtuvo el gobierno de Iván Duque Márquez, principalmente mediante una serie de reformas anticorrupción. Predije que cuando salieran los datos para el año 2023, el primer año completo del gobierno Petro, el puntaje de Colombia retrocedería rápidamente, como retrocedió en Argentina cuando el gobierno de Mauricio Macri cedió el bastón de mando al kirchnerismo dirigido por Alberto Fernández.

Hoy contamos con los datos para el 2023 y, paradójicamente, sucedió todo lo contrario. La corrupción creció en todos los países mencionados, con dos excepciones: México, en donde se mantuvo estable y Colombia, en donde se redujo levemente. El IPC de Colombia para el 2023 no solamente es el mejor puntaje que hemos logrado desde que tenemos datos comparables disponibles, sino que además nos posiciona como el segundo país más transparente del grupo, superado únicamente por Chile. Vale recordar que, en el 2012, Colombia se ubicaba en el cuarto lugar, superado por Chile, Brasil y Perú.

Sería absurdo atribuirle esta victoria modesta al actual presidente y es muy diciente que ni siquiera haya intentado reclamarla. Aparte de impulsar políticas públicas que favorecen sistemáticamente a la delincuencia, el presidente Petro se hizo elegir mediante la campaña electoral más cuestionada desde el Proceso 8000, esto sin mencionar el despilfarro escandaloso, el crudo abuso de poder y el abierto desacato a las decisiones judiciales. Ninguna de sus decisiones ha contribuido a que tengamos un país más transparente, por lo que nuestro puntaje del IPC tiene que haber mejorado, casi milagrosamente, a pesar del presidente.

En cambio, en este año y medio el poder judicial y los organismos del estado han brillado por su independencia. Quienes evalúan a nuestro país pueden observar, gracias a las altas cortes, que aquí no se aprobará ninguna ley flagrantemente inconstitucional, ni bajo métodos contrarios a nuestras instituciones. Gracias a la Fiscalía y la Procuraduría, pueden ver un país en donde los abusos de los poderosos no quedan impunes, sin importar que se trate de un ministro, un hermano, o hasta un hijo del presidente. Gracias a los organismos electorales, pueden esperar elecciones generalmente transparentes, al menos en las partes del territorio que permanecen bajo control estatal. Gracias al Banco de la República, pueden anticipar que la política monetaria se determinará según criterios técnicos, no los caprichos e intereses políticos del mandatario. Hoy estas instituciones brillan más que nunca, precisamente por resistir los avances del primer presidente en buscar eviscerarlas.

La violencia política es la mayor amenaza a las instituciones que nos salvan de caer en la tiranía. Quizás el mayor logro del presidente Duque no solo fue entregar un país menos corrupto que el que recibió, sino dejar intactas a las instituciones que así lo permitieron, enfrentándose con coraje a las fuerzas violentas que, habiendo manipulado o intimidado a millones de colombianos decentes, terminaron imponiéndose en la elección presidencial del 2022. La ley de la espada - o del coctel molotov- representaría la verdadera ruptura institucional. La destitución del presidente, en cambio, representaría la victoria más completa del Estado de Derecho.