El Índice de percepción de corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, diseñado con su actual metodología en el año 2012, se ha consolidado como la medida de corrupción pública más holística y respetada a nivel global. Por más difícil que sea capturar un fenómeno tan polifacético y clandestino, este índice nos brinda una aproximación suficiente para describir algunas tendencias generales.
En anticipación del muy probable lanzamiento de los resultados para el año 2023 este mes, vale la pena observar el comportamiento de la corrupción en las principales economías latinoamericanas para los once años para los cuales los datos ya están disponibles, entre 2012 y 2022. Consideraremos en este caso a las economías de Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Venezuela.
Ante todo, debemos destacar que la gran mayoría de estos países oscilan entre los 30 y 40 puntos en una escala de 0 a 100, donde un mayor puntaje implica mayor transparencia. Esta franja, tristemente representativa de Latinoamérica, también lo es de gran parte del mundo, abarcando geografías tan distantes como India, Serbia y Marruecos. Incluye a países extremadamente pobres como Etiopía y relativamente ricos como Turquía. Aplica a rudas autocracias como Bielorrusia, así como a democracias imperfectas como Indonesia. No encontraremos en este rango a los países más disfuncionales del planeta, pero tampoco a las naciones plenamente prósperas del mundo desarrollado.
Dentro de los siete países latinoamericanos mencionados, solamente dos persisten por fuera de este rango: Chile, cuyo puntaje es comparable al de Taiwán o Estados Unidos, y Venezuela, cuyo puntaje es comparable al de Somalia, Yemen, o Libia. El primer caso es digno de nuestra emulación por sus instituciones transparentes y eficaces, mientras que el segundo representa el más temible abismo de la tiranía.
En segundo lugar, observamos que en todos los países mencionados, los gobiernos asociados al Foro de São Paulo han sido especialmente contraproducentes en la lucha anticorrupción. Durante ocho de los nueve gobiernos así afiliados desde el 2012, algunos de los cuales todavía no han concluido, hubo estancamiento o deterioro en los puntajes del IPC, mientras que el rendimiento de los diversos gobiernos no afiliados al Foro de São Paulo es mucho más variado, abarcando cinco casos de éxito, tres periodos de estancamiento y tres deterioros. En promedio, los gobiernos del Foro de São Paulo han producido deterioros de 3 puntos del IPC a lo largo de la región.
Finalmente, evidenciamos que a lo largo de estos once años, solamente dos países han logrado reducir la corrupción sostenidamente. En Colombia, la totalidad de esta mejora se produjo durante el gobierno de Iván Duque, cuya aprobación de varias leyes anticorrupción antes de la pandemia produjo una mejora de 3 puntos del IPC. En Argentina, el ascenso fue aún más dramático, ya que el gobierno de Mauricio Macri aumentó los niveles de transparencia en 13 puntos del IPC entre 2015 y 2019. Gran parte de esta mejora fue erradicada durante el gobierno peronista de Alberto Fernández, bajo quien el índice volvió a caer en siete puntos, pero para el 2022 Argentina parecía haber esquivado un colapso total a la corrupción de la era Fernández de Kirchner. No contamos aún con los datos de Colombia para el 2023, pero escasamente podemos esperar que los logros del gobierno Duque han permanecido intactos en el último año.
Once años de historia reciente indican que la corrupción somete a nuestros países cuando estos optan por pan y circo, pero también que el progreso, por ahora escaso, sigue a nuestro alcance.