Restan apenas cuatro semanas del actual período legislativo, el cual estuvo marcado por el Presupuesto General de la Nación del 2022 y la Ley de Inversión Social (reforma tributaria). De igual forma, hay unos cuantos proyectos más que son clave y sobre los que están puestos los ojos para ver qué sucederá con ellos en lo que queda del presente año. 

1. Ratificación Acuerdo de Escazú

Este Acuerdo en materia ambiental que suscribió Colombia en 2018 con países de América Latina y el Caribe no pudo despegar en el Congreso desde 2020, cuando fue radicado por el Gobierno nacional con mensaje de urgencia para su ratificación.

A mediados de este año fue archivado por falta de debate, pues no hubo consenso entre las distintas bancadas debido a las implicaciones que podría tener su aplicación en el país, más teniendo en cuenta que los principales gremios de la economía alertaron que algunas de sus disposiciones podrían ser una talanquera para los proyectos de desarrollo.

Después de que el texto del Acuerdo se socializara por el Ministerio de Ambiente en varias regiones del país, el proyecto fue radicado en el Legislativo nuevamente en noviembre pasado por el Gobierno nacional, al tiempo que el presidente Duque en la Cumbre Mundial del Clima COP26 en Glasgow (Escocia) presentaba la iniciativa “Camino a Cero”, la estrategia de largo plazo del país contra el cambio climático.

El Gobierno recibió algunas críticas porque el proyecto esta vez no fue radicado con mensaje de urgencia; sin embargo, el presidente Duque dijo que "ya se presentó, si nos toca presentarlo con urgencia para acelerarlo lo haremos, pero una cosa muy importante es que el Congreso quiere discutir esto a profundidad".

La iniciativa arrancará su discusión en la Comisión Segunda del Senado, en donde está pendiente la designación de ponentes para el primer debate, que se espera se alcance a realizar de aquí al 16 de diciembre, cuando finaliza el presente período legislativo. Luego quedará en tránsito para el segundo periodo a partir de marzo próximo.

Los elementos clave que tiene el Acuerdo de Escazú en materia ambiental son el acceso a la información pública y la participación ciudadana en las decisiones que se tomen sobre el sector y la justicia ambiental.

2. Transformación de la Policía 

Este año podrían quedar aprobados en el Congreso los dos proyectos de ley que presentó el Gobierno nacional con mensaje de urgencia y que dijo son trascendentales en el proceso de transformación de la Policía Nacional.

Una de las iniciativas es el Estatuto de Carrera y Profesionalización, el cual contempla la creación de la categoría del patrullero, así como se mejora a los uniformados los estímulos y beneficios, la estabilidad, la permanencia, entre otros aspectos. 

El proyecto de profesionalización en la Policía está pendiente del último debate en las plenarias de Senado y Cámara, por lo que hay tiempo de aquí al 16 de diciembre para que surta este trámite y se convierta en ley de la República.

El otro proyecto en el marco de la transformación de la policía es el nuevo Estatuto Disciplinario, que reforma uno que está vigente desde hace 15 años.

La iniciativa del nuevo Estatuto incluye una actualización de los temas relacionados con tácticas y procedimientos policiales; introduce el expediente electrónico para que se pueda hacer el seguimiento y escrutinio con respecto a los procedimientos disciplinarios y, además, los ciudadanos que han puesto denuncias por abusos podrán también hacer seguimiento para estar a cargo de esos procesos.

A partir de la expedición del nuevo Estatuto, empieza a funcionar un sistema de garantías para la formulación, consulta y seguimiento ciudadano en materia disciplinaria, para mayor transparencia y efectividad (expediente digital).

Además, se sancionarán drásticamente los excesos en el uso de las armas, de la fuerza y demás medios coercitivos o la utilización de elementos no reglamentarios del servicio, fijando la obligación institucional de regular las tácticas y los procedimientos policiales.

La iniciativa fue aprobada en primero y tercer debate en sesión conjunta por las comisiones segundas, y cuenta con ponencia positiva para su debate final en las plenarias del Senado y la Cámara en los próximos días. Hay tiempo suficiente para que cumpla su trámite legislativo este año y se convierta en ley de la República.

3. Eliminación del 4x1.000

Este año se definiría la suerte del proyecto de ley que busca desmontar el gravamen del 4x1.000 entre los años 2023 y el 2025, iniciativa de la representante a la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde, Katherine Miranda, la cual fue aprobada en primer debate en días pasados por la Comisión Tercera de la Cámara y ahora pasa a la plenaria de esta Corporación. 

Desde 1998 cuando se instauró este impuesto con carácter temporal se han presentado, sin éxito, múltiples iniciativas de ley para desmontarlo, por considerarlo antitécnico y que no colabora para nada en la bancarización del país.

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La iniciativa ha recibido algunas críticas por parte de expertos como el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien en una columna que publicó el pasado fin de semana la calificó como "la tercera reforma tributaria de este año".

Vargas Lleras ha sido partidario de tiempo atrás de que se suprima el 4x1.000. Sin embargo, frente a este proyecto de ley señaló que "nos viene con la genialidad de desmontarlo a partir del año 2023, a sabiendas de que el gobierno que llegue seguramente lo primero que hará es tramitar otra reforma para mantenerlo. En cambio, sí propone aumentar el impuesto de renta para asalariados hasta un 44%, o sea, otra vez los mismos paganinis de siempre”. 

El proyecto establece para reemplazar los recursos que se dejarían de recoger por el 4x1.000, un impuesto a los ingresos altos, una sobretasa al sector financiero y la reducción del Estado.

4. Reforma a la justicia

Apenas con el tiempo justo para cumplir su primera vuelta de aquí al 16 de diciembre, se encuentra el proyecto de acto legislativo de autoría del Partido Cambio Radical, que busca reformar algunos aspectos de la justicia, el cual fue aprobado  en días pasados por la Plenaria de la Cámara en el segundo de ocho debates.

La médula de esta iniciativa es que modifica los requisitos para elegir a los altos funcionarios de la Rama Judicial y de los órganos de control. En el caso de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, elimina el trámite de la lista de elegibles en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, como está hoy en día.

Según lo aprobado por la Plenaria de la Cámara, serán la propia Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado los que elijan a sus magistrados a través de convocatorias públicas.

El proyecto de acto legislativo también modifica artículos de la Constitución para cambiar los parámetros en la elección de los cargos de Fiscal General, Procurador General, Defensor del Pueblo y Contralor.

La iniciativa propone que a quienes opten por estos cargos ya no se les pida el cumplimiento de parámetros similares a los que se utilizan para la elección de magistrados de las altas cortes, pues ejercen funciones distintas.

En cambio, la reforma aprobada en su segundo debate establece que quienes opten por los cargos de Fiscal General, Procurador General, Defensor del Pueblo y Contralor General deberán acreditar “título universitario de abogado con experiencia profesional mínima de 15 años, y experiencia profesional simultánea o complementaria no menor a 15 años en ciencias sociales, humanas, económicas, financieras, administrativas, o como docente universitario por el mismo tiempo”.