En su primera semana de trabajo como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la recién nombrada Amy Coney Barrett podría tomar decisiones relacionadas con la validez de algunas votos postales a la presidencia de los Estados Unidos y en su tercera semana, participará en la definición del destino del Obamacare, sistema de salud cuestionado por la administración del presidente Donald Trump.
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Esto significa que Barrett podría intervenir de inmediato en casos relacionados con las elecciones, incluidas las peticiones de emergencia sobre la extensión de los plazos para el recuento de votos extemporáneos y claramente su nombramiento selló una mayoría que podrá dar a los republicanos algunas victorias decisivas.
De hecho, la Corte negó ayer mismo una solicitud del Estado de Wisconsin que pretendía ampliar el plazo electoral, decisión celebrada por el partido del mandatario.
Asimismo la Corte puede ser llamada a resolver litigios electorales, como ocurrió en la elección de 2000 que finalmente fue ganada por George W. Bush por escaso margen en el estado de la Florida, nuevamente definitivo.
Por otra parte el 4 de noviembre, el tribunal abordará un caso importante sobre la colisión de los derechos de los homosexuales y la libertad religiosa, con referencia a si Filadelfia violó la Primera Enmienda de la Constitución al exigir a las agencias de adopción que atiendan a parejas del mismo sexo.
“Originalismo”
Barrett de 48 años de edad, quien es el miembro más joven del tribunal y que potencialmente podría servir en la Corte durante décadas, tendrá un movido primer mes de labores y sin duda sus posiciones “originalistas” definirán el futuro de los estadounidenses durante décadas y generaciones enteras.
El “originalismo” de la juez, defiende el principio según el cual la interpretación de la Constitución debe seguir siendo la misma hasta que se modifique adecuadamente mediante enmiendas y no a través de decisiones judiciales. Este apego a preservar textualmente el contenido de la Carta y que prevalecerá durante años, llevará a que temas como el aborto sean revisados y muy seguramente se elimine su reconocimiento como derecho constitucional.
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La jueza Barrett dejó en claro, durante la ceremonia de juramento en la Casa Blanca, que emitirá fallos basados únicamente en una lectura fiel de la ley y la Constitución, tal como están redactadas" a lo que el presidente Trump dijo que “el pueblo estadounidense deposita su confianza en usted y su fe en usted al asumir la tarea de defender nuestras leyes, nuestra Constitución y este país que todos amamos".
Aborto y Obamacare
La jueza Barrett, una católica devota, ha dicho en repetidas ocasiones que “sus creencias religiosas no influyen a la hora de tomar decisiones judiciales”, sin embargo, conocida como una partidaria del movimiento pro vida, sin duda tomará decisiones sobre esa materia acordes a su postura.
Al ser interrogada por la senadora Graham, la jueza Barrett reiteró sus comentarios anteriores de que el histórico fallo Roe versus Wade de 1973, que reconoció al aborto como el derecho constitucional, no era un "súper precedente" que nunca podría ser anulado.
Por otra parte frente al tema del programa Obamacare, la nueva magistrada indicó que lo revisará con “mente abierta” y que intentará salvar todo lo que sea posible tal y como lo querrían los legisladores.
El presidente Trump espera que la Corte Suprema anule algunas disposiciones del programa como la obligación para las compañías de seguros de ofrecer cobertura a todos los solicitantes, enfermos o sanos, incluidos aquellos que tengan antecedentes médicos y ha mencionado que el plan es excesivamente costoso para los beneficios que reporta.
No cabe duda de que el nombramiento de Barrett inclinará las decisiones hacia la postura republicana, situación que no ocurría hace años.
El último presidente que nominó a tres nuevos jueces para la Corte Suprema fue Ronald Reagan, durante sus dos periodos, De conseguir Trump su reelección y en consideración a la avanzada edad del juez Stephen Breyer (nominado por el presidente demócrata Bill Clinton) el mandatario podría llevar a la Corte a un histórico 7 a 2, escenario sin precedentes en la historia de los Estados Unidos.
Vale mencionar que de los ocho miembros adicionales que componen la Corte, dos fueron designados por el republicano George W. Bush, uno por su padre George Bush y otros dos lo han sido por el presidente Trump. Por el lado demócrata, uno fue escogido por Bill Clinton y dos por Barack Obama, ambas mujeres.
La nueva juez
La votación del lunes marcó el final de un proceso de confirmación que duró menos de 40 días desde que falleció la juez Ruth Bader Ginsburg hasta que se posesionó su sucesora. Durante ese tiempo, los demócratas se opusieron enérgicamente a la velocidad y el momento de la confirmación, justo antes de las elecciones. Mientras que el presidente se aferró a su derecho a hacerlo y los republicanos promocionaron el impecable historial de Barrett como académica y juez, a lo que se sumó la Asociación de Abogados de Estados Unidos quienes elogiaron a la magistrada y la calificaron de "brillante" y un "gigante intelectual".
La jurista tiene 7 hijos, es oriunda del estado de Luisiana en el que el mandatario aventaja a su rival demócrata por amplio margen e impondría también su línea de pensamiento en temas clave para el mandatario como el porte de armas y la inmigración.
A este respecto Trump ha prometido proteger la segunda enmienda de la Constitución, que según la interpretación de numerosos estadounidenses garantiza el derecho a adquirir y llevar armas. Esta interpretación, ampliamente criticada, podría ser reforzada por la nueva Corte que protegería los derechos de los propietarios de armas.
A este respecto vale recordar que el estado de Wisconsin promulgó una ley en la que prohíbe a los “delincuentes no violentos” el porte de armas. Esta legislación seguramente será revisada por la jueza Barrett quien al respecto ha asegurado que “las legislaturas tienen el poder de prohibir que personas peligrosas posean armas… pero esa prohibición se extiende solo a las personas que son peligrosas".
Esta postura genera el apoyo de sectores afines a la poderosa Asociación Nacional del Rifle quienes aseguran que “a pesar de que existe un interés por proteger al público de la violencia armada, no es claro que esta prohibición lo consiga… y en cambio atenta contra los derechos de los condenados no violentos que están protegidos por la Segunda Enmienda”, pero es rechazada por amplios sectores del partido demócrata.
Finalmente la juez está claramente alineada con la política migratoria del presidente Trump y se espera que también revise la constitucionalidad de la medida que permitió que los inmigrantes ilegales tengan un acceso pleno a la asistencia social. Barrett ha declarado que “puede ser deseable un estándar más alto en el otorgamiento de visas y ha defendido la tesis de que el Estado tiene el derecho de bloquear a las personas que considera que probablemente se volverán dependientes de la asistencia pública en el futuro.