Tras más de un año de estudio y no pocas polémicas a su alrededor, esta semana llegará al Congreso el proyecto de reforma tributaria estructural que tanto se ha anunciado y que incluso tuvo su cuota inicial en el informe de la Comisión de Expertos que el Gobierno confeccionó a finales del año anterior y que entregó sus recomendaciones  en enero pasado con el fin de que se analizaran y socializaran con todos los sectores económicos, políticos, sociales, institucionales, regionales y locales del país. Ese proceso fue bastante accidentado por las distintas coyunturas en los últimos meses que impidieron que un primer borrador de la iniciativa fuera concretado y presentado con suficiente antelación tanto al sector privado como a los partidos y las bancadas parlamentarias, con el fin de consolidar su articulado y que cuando llegara al Congreso tuviera una buena parte del camino andado, asegurando así su rápida aprobación en un escaso lapso de dos meses y medio.

La reforma, como lo ha repetido insistentemente el Gobierno, es inaplazable ya que los déficit fiscal y de cuenta corriente rozan ya niveles preocupantes y las calificadoras de riesgo han advertido que es urgente un ajuste impositivo para evitar que el país vea desmejoradas sus notas crediticias, lesionando no solo los ya afectados flujos de inversión extranjera sino encareciendo los empréstitos en el mercado de capitales internacional.

Hasta el momento no se sabe exactamente cuál es la plataforma de cambios en materia de impuestos, aunque los analistas insisten en que el proyecto comprende buena parte de las recomendaciones que hizo la Comisión de Expertos y, sobre todo, parte de la base de que el régimen tributario vigente genera un bajo nivel de recaudo, no contribuye a una mejor distribución del ingreso, es inequitativo y regresivo, comprende un estatuto bastante complejo y difícil de administrar y, en suma, castiga de manera importante la inversión, el empleo, el crecimiento y la competitividad. Como si lo anterior fuera poco, la administración tributaria arrastra falencias en materia de recurso humano, tecnología y organización institucional. Todo lo anterior confluye en un país que tiene altos niveles de evasión, elusión y contrabando, lo que se convierte en una camisa de fuerza para un Estado que cada vez ve más limitado su margen de acción para inversión social y debe destinar gran parte de su presupuesto a gastos fijos e inflexibles como los de servicio a la deuda y funcionamiento, más aún con la descolgada petrolera de los últimos dos años.

Sin embargo, más allá de los cambios puntuales que el Gobierno plantee en materia de impuestos directos, IVA, consumo, combustibles, el llamado 4 por mil,  el sistema de tributos  territoriales o el que se aplicará a las entidades sin ánimo de lucro, además de los cambios en la administración de la DIAN como tal, un asunto importante también es el ambiente político y el clima del país en estos momentos.  Como se sabe, tras el resultado del plebiscito refrendatorio del acuerdo de paz hay un  escenario de incertidumbre y esperanza sobre la viabilidad de una salida negociada a la guerra con las Farc. De igual manera la economía presenta altibajos que se evidencian sobre todo en un crecimiento del PIB bastante regular para el segundo trimestre, una escalada inflacionaria que apenas si empieza a destorcerse, tasas de interés al alza y un desempleo que ronda el 9%, por no mencionar los resultados ambivalentes en materia de consumo de hogares, comercio exterior, producción industrial y construcción, entre otros rubros.

Se evidencia, entonces, que tanto el ambiente político como el económico son, sin duda, complicados para lo que implica la discusión y aprobación de un proyecto de ajuste tributario que, por más que sea urgente para tapar el hueco fiscal y asegurar la estabilidad financiera de los próximos años, es a todas luces impopular, como siempre lo han sido las reformas tributarias, llámense estructurales o de emergencia.

Es precisamente  por lo mismo que el Gobierno debe tener en cuenta esos escenarios a la hora de oficializar la reforma y sus alcances. No hacerlo sería riesgoso porque puede exponerse a que la iniciativa pueda ser recortada en el trámite parlamentario o que genere una reacción negativa a nivel nacional, sobre todo ahora que se anuncian nuevos paros de trabajadores y comienza la puja por el aumento salarial para el próximo año.

Realismo y pragmatismo, en consecuencia, deberían ser las columnas vertebrales de la reforma en ciernes.