A menos de dos años de las elecciones presidenciales y parlamentarias parece claro que el Congreso está empeñado en sacar adelante una reforma política que se empiece a aplicar en esa nueva cita con las urnas que tendrán los colombianos.
Mañana, la Comisión Primera del Senado tiene previsto votar en primer debate un proyecto de reforma constitucional del Partido Liberal que busca, entre otros, crear un tribunal electoral que reemplace al actual Consejo Nacional.
Además, tiene un parágrafo transitorio en cuanto a que la financiación anual estatal para el funcionamiento de los partidos con personería jurídica se incrementará en 50% para la vigencia siguiente a la fecha de promulgación de esta norma.
La Cámara también le está dando trámite a un proyecto de reforma política del Partido Cambio Radical. Precisamente, la semana anterior, la Comisión Primera aprobó en primer debate una proposición orientada a garantizarles al menos una curul en Senado a los departamentos que tienen solo dos escaños en la Cámara.
Con esto se busca atender la escasa o nula representación en Senado de departamentos como Vaupés, San Andrés, Guainía y Vichada, que por su bajo número de población e, inclusive, la reducida articulación de sus fuerzas políticas es poco probable que logren una curul en esa Corporación.
En este primer debate se aprobó que serán 12 las nuevas curules en Senado, sin embargo, por la polémica que despertó el tema por los costos para las finanzas públicas los ponentes anticiparon que en segundo debate se reformularía para que no sean nuevas curules sino que se redistribuyan las actuales.
En febrero pasado, durante la posesión de la ministra del Interior, Alicia Arango, el presidente Iván Duque le encomendó entre otras tareas para ser impulsadas en los próximos meses avanzar hacia una reforma que “permita mejorar la actividad política”.
“Hay proyectos que se han venido discutiendo con la organización electoral, y los partidos también han venido planteando ideas, para que nos den una reforma confiable y acorde con las demandas ciudadanas”, dijo en esa oportunidad el Mandatario.
Luego, en marzo pasado, la Ministra del Interior tras reunirse con los congresistas de la Comisión Primera del Senado, reiteró la disposición del Ejecutivo de apoyar una reforma, pero subrayó que esta será de “iniciativa legislativa”, dejando en esas condiciones el ‘balón en la cancha’ del Congreso.
La iniciativa
El proyecto de acto legislativo de autoría del Partido Liberal por medio del cual se adopta una reforma política y electoral es el número 02 de 2020/S, acto legislativo 07 de 2020/S por el cual se adopta una reforma política y electoral; mientras que el 015 de 2020/S que limita los periodos de los miembros de los cuerpos colegiados.
El aumento del 50% en la financiación estatal de los partidos implicaría, entre otras, que si esta reforma constitucional es aprobada, los partidos en 2022 tendrían más plata para las campañas a las elecciones presidenciales y parlamentarias.
La iniciativa también plantea que los partidos, movimientos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el origen, cuantía y destino de los ingresos. Los particulares que hagan contribuciones de cualquier naturaleza a colectividades políticas y campañas electorales, también estarían obligados a rendir públicamente cuentas sobre el origen, cuantía y destino de ellas.
Adicionalmente, este proyecto propone la creación del Tribunal electoral como parte de la jurisdicción contencioso administrativa, el cual estaría integrado por siete magistrados elegidos mediante concurso de méritos.
Además establece que por el término de cuatro años y a partir de la promulgación del pretendido acto legislativo, la asignación para los miembros del Congreso no será reajustada.
Por su parte, la iniciativa de reforma política que presentó Cambio Radical establece, entre otros, que los partidos deberán elegir democráticamente a sus candidatos a cargos de elección popular y directivos, para lo cual delega en el Gobierno nacional la responsabilidad de presentar, a más tardar el 20 de julio de 2021, un proyecto que determine y reglamente los procedimientos de escogencia.
Además, la iniciativa contempla que el Consejo Nacional Electoral (CNE) constituirá un registro único de militantes de partidos y movimientos políticos. De igual forma, se implementarán medidas diferenciales que favorezcan el voto rural, a partir de la creación de puestos rurales y móviles de votación.