Cerca de 300 mil familias se beneficiarán con el Fondo de Tierras que en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral, asignó 3 millones de hectáreas.

Al respecto, el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, afirmó que la cantidad de terreno es apropiada para la labor establecida.

“Es una cifra razonable. Es un promedio de lo que se había pensado, y si hay decisión y capacidad, es una extensión de tierras suficiente para dotar a las 250 mil o 300 mil familias en el posconflicto, pero como lo dice el mismo acuerdo, no se trata de solo darles la tierra, sino unos implementos y servicios que los acompañen”, sostuvo el dirigente conservador.

Referente a estos servicios, Restrepo consideró importante el acompañamiento en salud, educación, investigación tecnológica y comercialización. “Si hacemos esto, es sostenible la política agraria contemplada en La Habana”.

De otro lado, afirmó que “la mayoría de estas tierras, provendrá de recuperación de baldíos y de desafectación de la Ley 2 de 1959 y de tierras que hoy están sometidas a un proceso de extinción de dominio, incautadas a los narcotraficantes”.

Sin embargo, dijo que “habrán otras que vendrán de adquisición de tierras, pero lo importante es que son áreas que están bajo la jurisdicción del Estado, pero que por diversas razones jurídicas, no se ha puesto en funcionamiento de su misión social”.

“Es una transformación rural y agraria de grandes inyecciones la que se gestó en La Habana”, complementó.

Adicional a lo anterior, el analista explicó que todas las garantías están previstas para el sector rural. “Todo está diseñado para que los campesinos tengan sus garantías. Porque estas políticas se les consultaron cuando hubo los grandes despojos de tierras”.

Mientras que agregó que “precisamente otra de las políticas es la restitución de tierras, que contra intereses oscuros, ha venido desenvolviéndose con todo rigor y el esfuerzo del Estado, de manera que la restitución de tierras y la política de formalización que se dimensiona de 10 millones de hectáreas, es un triángulo vistoso que va en la dirección de hacer una reestructuración de la propiedad agraria más sólida, equitativa y más moderna en Colombia”.

El Gobierno

Asimismo, el exministro Restrepo señaló que el punto uno de los acuerdos, que se refiere al tema agrario, contempla respetar la propiedad privada y la formalización de por lo menos el 50 por ciento de los predios que hoy no están legalizados. Por este motivo aseguró que “se hará un programa masivo de la formalización agraria. 50 por ciento de las tierras en Colombia no tienen escritura y quien no tenga escrituras sino una tenencia informal no tendrá acceso a créditos, hipoteca, subsidios; entonces además del programa de provisión de tierras para quien las requiera, habrá un programa masivo de legalización de tierras, que dará un toque de modernidad a la tenencia de las propiedades”.

La oposición

En contraste, el senador Álvaro Uribe Vélez, se refirió a la reforma rural que plantea el acuerdo. Dijo que la ley de tierras reduce a los agricultores a la “condición de asesinos y desplazadores de campesinos”.

Para él, con el ‘Fondo de tierras’ con el que se le quiere dar hectáreas a quienes no han tenido nunca propiedades, o tienen tierra insuficiente, más todo lo que estipula el acuerdo, “se busca la colectivización del campo y la destrucción del agro productivo”.

De otro lado, se informó que los pueblos étnicos entrarían como beneficiarios de las diferentes medidas acordadas de acceso a tierras sin detrimento de los derechos adquiridos. Es decir, sin tocar los resguardos constituidos. En cambio, se propone la formalización de los que están en trámite y la solución a los problemas territoriales interétnicos.

Así lo informó un líder indígena, recordando que en las cuatro páginas del capítulo étnico en el acuerdo final quedó incluida desde la consulta previa, la coca para uso medicinal y devolver, de manera exprés, territorios ocupados por las Farc en Meta, Córdoba y Nariño.

Mientras tanto, en el punto en el cual se acordó el diseño e implementación del Programa de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones, el enfoque étnico tuvo el logro histórico del reconocimiento y fortalecimiento de la guardia indígena y cimarrona (afros), para que, ahora sí, legitimados por el Estado continúen prestando seguridad a sus dirigentes y sean los encargados del control social y territorial.

“Que el Gobierno financie a la guardia indígena y cimarrona como parte de la justicia propia de las comunidades ancestrales, quedó implícito en el capítulo. Sobre cualquier función que se delegue y que tenga que ver con el orden de la sociedad hay que descentralizar recursos, no pueden haber responsabilidades sin ello”, apunta el líder. A la par, Jorge Santos, líder del PCN, dijo que la guardia Cimarrona se viene fortaleciendo desde 2013 como un instrumento que ejercerá, conjuntamente con la junta del consejo comunitario, el control del territorio.