A pesar de que el Ministerio del Interior presentó el proyecto de ley que tiene como propósito abordar todo el régimen salarial y prestacional de los diputados, el Ministerio de Hacienda tiene reparos por el costo fiscal, que asegura sería de $22.211 millones. No obstante la ponencia para el cuarto debate en la plenaria de la Cámara calcula que el costo cada año sería de aproximadamente $14.000 millones.

La iniciativa construida por el Gobierno con los diputados fue radicada en septiembre del año anterior por el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien dijo que se busca que los 419 diputados del país tengan las mismas condiciones prestacionales que cualquier servidor público.

Las Asambleas Departamentales no están legalmente facultadas para establecer beneficios que correspondan al régimen prestacional de los Diputados ni tampoco pueden crear otros factores salariales, pues esta es una función privativa del Congreso y del Gobierno nacional por lo que se requiere el proyecto de ley. 

"Este proyecto hace justicia con los diputados. Esperamos que sea tramitado con fluidez y cumpla su trámite antes de terminar este periodo", dijo Cristo, al tiempo que reclamó  "necesitamos también el apoyo de los Gobernadores para poder realizarlo".

Costos

Las asambleas de todo el país sesionan durante tres periodos al año, y pueden hacerlo durante un mes de forma extraordinaria, previa convocatoria del Gobernador, para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que se sometan a su consideración.

Sin embargo, el proyecto de ley aumenta en un mes las sesiones extraordinarias dejándolas en dos meses.

El Ministerio de Hacienda calculó frente al punto de ampliar las sesiones extraordinarias a dos  meses un impacto fiscal de $13.193 millones al año, para el cuatrienio sería de $52.770 millones. De los cuales el 51% del impacto fiscal lo asume las Gobernaciones de los departamentos de categorías segunda a cuarta.

Hacienda indica que frente a las remuneraciones de los diputados, no hay nada novedoso puesto que tal como se solicita ya se encuentra contemplado en el artículo 28 de la Ley 617 de 2000.

Añade que en cuanto a la prima de Navidad, los diputados ya cuentan con ese derecho según el artículo 11 de la Ley 4ª de 1967. Sobre las cesantías se encuentra consagrado en el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945 y la Ley 5ª de 1969.

Frente a ello dice el Ministerio de Hacienda que el impacto fiscal que representan las vacaciones y la prima de vacaciones sería de $9.018 millones anualmente y por el cuatrienio asciende a $36.073 millones.

Concluye esta cartera que en total el proyecto tendría un gasto de $22.211 millones por vigencia, lo que aumentaría las transferencias a las Asambleas Departamentales del 21%.

Sin embargo el ponente para el cuarto debate de esta iniciativa en la plenaria de la Cámara dijo que  con ayuda de la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia (Confadicol) realizaron un estudio frente a las observaciones de tipo fiscal presentadas por la cartera de Hacienda, que difieren en varios aspectos.

Mientas que el Ministerio de Hacienda calcula que el mes adicional de sesiones extraordinarias costaría anualmente $13.193 millones; el estudio del ponente y Confadicol dice que sería de $7.141 millones aproximadamente.

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda se pronunció sobre el impacto fiscal de las vacaciones y prima de vacaciones, arguyendo que sería de $9.018 millones por año.

“Al respecto, cuando realizamos las operaciones respectivas, nos damos cuenta de que el impacto fiscal por año es de $5.850 millones”, indica la ponencia.