El proyecto piloto de fracking que estaba autorizado por la ANLA para realizarse en Puerto Wilches sufrió un traspié por una decisión de un juez de Barrancabermeja, que falló una tutela que suspende su ejecución.

Se trata del Proyecto Piloto Integral de Investigación PPII-YNC Kalé, para cuya realización en diciembre de 2020 la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) suscribió un contrato con la estatal Ecopetrol.

Este proyecto está ubicado en el valle del Magdalena Medio y compromete 455 hectáreas con 9.874 metros cuadrados, en donde se llevará a cabo un ejercicio de investigación por parte de Ecopetrol para desarrollar pruebas piloto de yacimientos no convencionales con la puesta en funcionamiento de una plataforma y un pozo de fracturamiento hidráulico.

En marzo pasado, la Autoridad certificó la viabilidad ambiental del proyecto Kalé, con lo cual estaba listo para comenzar a operar porque, precisamente, la principal condición que se fijó, cuando el Gobierno optó por darle vía libre a la realización de pilotos de fracking, es adoptar todas las medidas para prevenir que se produzca daño ambiental y hacer la respectiva vigilancia.

En efecto, el juez suspendió su ejecución hasta que se cumpla con el mandato de realizar la consulta previa con las minorías étnicas que habitan en la zona epicentro del proyecto, y que podrían verse afectadas por su ejecución por parte de Ecopetrol.

En este sentido, el juez le dio la razón a una tutela que presentó la asociación Afrowilches pidiendo suspender este piloto. 

El argumento

En el fallo se decide "tutelar el derecho fundamental a la consulta previa de la Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches -Afrowilches-, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia".

Añade que "como consecuencia de lo anterior se dispone la suspensión de la licencia ambiental del proyecto PPII Kalé otorgada mediante la Resolución 00648 por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales”, hasta que se desarrolle el proceso de consulta previa con la Corporación Afrowilches en todas sus etapas.

La decisión judicial también suspendió el trámite de licenciamiento ambiental del proyecto PPII Platero en Puerto Wilches hasta que se desarrolle el proceso de consulta previa con la Corporación Afrowilches.

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Tras conocerse la decisión judicial, Ecopetrol indicó en una comunicación que "en concordancia con el debido proceso adelantado, acudiremos a las instancias legales correspondientes para que se considere la posibilidad de continuar con el proceso de licenciamiento ambiental de los dos proyectos piloto".

Por su parte, la Alianza Colombia Libre de Fracking destacó en un comunicado que "es una victoria de las comunidades afrocolombianas de Puerto Wilches y de las organizaciones ambientales, que durante años hemos venido resistiendo al desarrollo de una técnica que se ha comprobado científicamente que contamina el agua y el ambiente, y demuestra una vez más que la implementación de estos proyectos desde sus inicios se ha realizado vulnerando derechos fundamentales a la consulta previa y la participación ambiental, y sin licencia social en los territorios".

Hay condiciones

Por su parte, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) indicó que “en los últimos meses se ha comprobado que la tendencia internacional es una campaña geopolítica antifracking en respuesta a la amenaza que el desarrollo de los recursos en Yacimientos No Convencionales (YNC) representa para países como Rusia, que no desea el ingreso de más petróleo y gas al mercado, dada su participación en ambos. Lo anterior ha llevado a que ni siquiera con argumentos técnicos y científicos, se pueda comprobar y dar un parte de tranquilidad a quienes temen la implementación de esta técnica, pues se volvió una discusión de carácter político”.

Sostuvo la ACP que “una Comisión de Expertos señaló que Colombia cuenta con una de las mejores regulaciones en la materia; los riesgos de esta son conocidos y, por lo tanto, previsibles, prevenibles y mitigables; y recomendó realizar Proyectos Piloto de Investigación Integral, PPII, los cuales son de carácter científico y técnico”.

En este sentido, los empresarios del petróleo sostienen que no comparten “el sentido del fallo de tutela, principalmente porque Ecopetrol, empresa operadora de los pilotos Kalé y Platero, tramitó en los tiempos establecidos en la regulación ambiental y técnica la solicitud de procedencia de consulta previa, ante la cual la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa certificó la no procedencia. Es decir, ni la Asociación demandante en la tutela, ni ninguna otra, fue identificada en el proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, EIA”.

Indica la Asociación que “resulta difícil entender que cuando el mundo y Colombia están necesitando producir más petróleo y gas para que disminuyan los precios de estos energéticos, y evitar una mayor inflación y costo de vida para los colombianos, haya sectores políticos que se nieguen”.