Una vez que el Congreso de la República retorne a sesiones, el 16 de marzo venidero, el Gobierno nacional radicará el proyecto que reglamenta la prisión perpetua para asesinos y abusadores de niños. Así lo anunció ayer el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, quien dijo que el texto fue aprobado por el Consejo Superior de Política Criminal.
El proyecto contempla que a los 25 años de prisión efectiva el condenado podrá solicitar ante una juez la revisión de la pena, la cual podrá ser conmutada por años tras las rejas. No obstante el Ministro de Justicia indicó que el mínimo será de 50 años y si hay concurso en el delito será de 60 años.
“El Consejo Superior de Política Criminal realizó la votación del proyecto de ley que regula la prisión perpetua, obteniendo la aprobación mayoritaria de los miembros del Consejo para que esta iniciativa sea presentada tan pronto inicie el periodo legislativo de la actual vigencia”, explicó Ruiz Orejuela.
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Añadió el titular de la cartera de Justicia que en el texto del proyecto que reglamenta la prisión perpetua se establecen los mecanismos para la revisión del proceso de resocialización, priorizando el “interés superior de las niñas, niños y adolescentes. De esta manera se busca que el fin resocializador del condenado no perturbe las otras finalidades de la pena en cuanto a la prevención y la retribución justa”.
Agregó el Ministro que “el proceso de revisión en el que se hace una evaluación de los avances en la resocialización del condenado permitirá modificar la perpetuidad de la condena por la temporalidad de la misma, cumpliendo así las funciones de la pena y atendiendo a la gravedad de la falta y agravio cometido”
No obstante fue claro en afirmar que “de todos modos, la condena efectiva no podrá ser inferior a 50 años y en caso de concurso 60 años”.
El articulado del proyecto de ley propone modificación al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y al Código Penitenciario y Carcelario. Se destacan disposiciones como la prohibición de imponer cadena perpetua a los menores de 18 años, la imposibilidad de acceder a la libertad condicional cuando se ha impuesto la prisión perpetua. Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, el incesto o el homicidio agravado cometidos contra niños, niñas y adolescentes, la acción penal será imprescriptible.
Agregó el Ministro de Justicia que “se crea la figura de la revisión de la prisión perpetua a los 25 años de la condena para evaluar el proceso de resocialización del condenado, incidente que en caso de obtener respuesta positiva permitirá modificar la prisión perpetua por una pena temporal, que insisto no podrá ser inferior al máximo de prisión establecido a los tipos penales de 50 años, y en caso de concurso de 60 años”.
A mediados de 2020 tras más de media docena de proyectos que se radicaron en los últimos 13 años y un intento de referendo que hundió la Cámara en 2011, finalmente, el Congreso aprobó la reforma que instaura la cadena perpetua de manera excepcional cuando se cometan delitos de homicidio, secuestro, tortura y abuso sexual a menores de 14 años. Sin embargo, ahora la iniciativa tendrá que superar otra dura prueba como es el examen de la Corte Constitucional.
En la Corte
Tras la aprobación en el Congreso de la República de la reforma constitucional que introdujo la cadena perpetua para ser aplicada a los abusadores y asesinos de niños, el texto llegó a la Corte Constitucional para el respectivo control de exequibilidad.
La Corte debe también pronunciarse acerca de 13 demandas contra esa reforma, en las cuales los accionantes alegan desde supuestos vicios de trámite en los ocho debates que tuvo la iniciativa en el Congreso, hasta que esta disposición es contraria a la Constitución pues sustituye el principio de dignidad humana, anula la finalidad resocializadora de la pena y deriva en un trato cruel e inhumano para el condenado, y por ello piden declararla inexequible.