Como una telaraña que semana tras semana va extendiendo sus redes, el escándalo por los sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht en Colombia para hacerse a contratos de obras públicas, enreda cada vez a más funcionarios, ex funcionarios y particulares.

Prueba de ello es lo que ocurrió esta semana, luego de que dos hechos aumentaran las sospechas sobre la presunta relación del gobierno Santos y su campaña reeleccionista en 2014 con el cuestionado consorcio brasileño que admitió ante la justicia norteamericana que pagó millonarias coimas en más de 12 países.

De un lado, el pasado jueves la Procuraduría reabrió una investigación disciplinaria  sobre una denuncia hecha en 2010 -empezando el gobierno Santos-, cuando ya se tenían algunas sospechas sobre el accionar ilícito de la compañía brasileña y su relación con altos niveles gubernamentales.

El jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, ordenó reabrir la investigación por supuestas extorsiones a contratistas interesados en participar en la adjudicación del proyecto para el tramo II de la Ruta del Sol. La denuncia fue hecha el 11 de noviembre de 2010 por el representante de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos.

Este último, en diálogo con EL NUEVO SIGLO, indicó que “hubo serios reparos al proceso de adjudicación de esa licitación, al punto que se habían hecho señalamientos concretos por cuenta de coimas o beneficios que se habrían recibido en el desarrollo de la misma. Entonces formulamos la queja y desafortunadamente la Procuraduría no contaba con los elementos de juicio, tampoco hizo una investigación seria y responsable frente a esos graves señalamientos en un megaproyecto, y decidió archivarla”.

Ahora, con Carrillo al frente, la Procuraduría ordenó la reapertura de investigación y vinculó al proceso a Daniel García Arizabaleta,  director del Invías para la época de los hechos (quien ya declaró ante el Consejo Nacional Electoral que indaga si Odebrecht pagó una parte del sueldo de Eduardo ‘Duda’ Mendonça, asesor de la campaña de Oscar Iván Zuluaga en 2014); Gabriel García Morales, ex viceministro de Transporte (gobierno Uribe) y gerente encargado del INCO (ya capturado por la investigación del soborno de 6,5 millones de dólares de Odebrecht para hacerse a este contrato, y quien ya está colaborando con la Fiscalía); Juan Manuel Barraza, director de la Comisión Nacional de Regalías (a quien también ya la Fiscalía llamó para que declare por varios hechos relacionados dentro de este escándalo de la Ruta del Sol II) ; y Miguel Peñaloza, Alto Consejero para las Regiones y Participación Ciudadana (en el gobierno Uribe) y luego Ministro de Transporte (gobierno Santos).

Si bien no es la primera vez que el nombre de Peñaloza sale a relucir en relación con el contrato de la Ruta del Sol II, ahora sí se vincula a la investigación de la Procuraduría. Ya las ex ministras Gina Parody y Cecilia Álvarez Correa están en la mira de las pesquisas de la Fiscalía y la Procuraduría, en relación con el cuestionado otrosí adicional a este contrato para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, por 900 mil millones de pesos.

Por este caso, como se sabe, ya está preso el exsenador Otto Bula, a quien se le sindica de haber tramitado 4,6 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, un millón de los cuales confesó que entregó en un restaurante de Bogotá a Andrés Giraldo, con destinó al entonces gerente de la campaña reeleccionista de Santos en 2014, Roberto Prieto.

De esta forma, crece el número de funcionarios o ex funcionarios del actual Gobierno que son investigados por el caso Odebrecht, empezando por el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, a quien la Comisión de investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ya le abrió una indagación preliminar, tras la denuncia de un parlamentario uribista por presunto ingreso de dineros del consorcio brasileño durante la campaña reeleccionista de 2014.

Aunque Bula dijo que el millón de dólares iba con destino a Prieto y no a la campaña ni a Santos, la Fiscalía y el CNE son los que tienen que establecer, entonces, qué pasó con ese dinero, ya que tanto el gerente de la campaña como Giraldo (quien ya declaró ante la Fiscalía) insisten en que no hubo tal entrega de recursos y que la reunión en el restaurante bogotano sólo fue para que el exsenador pidiera que Prieto ayudara a ‘gestionar’ un proyecto de acueducto en Honda (Tolima), lo que ambos dicen que no hicieron tras revisar los cuestionados antecedentes del excongresista.

Lo cierto es que ahora la Procuraduría, tras encontrar que en el trámite de la denuncia de Bustos sobre las presuntas extorsiones tuvo más importancia el debate sobre quién debía ser el competente para llevar el proceso, “dejando de lado esfuerzos institucionales para llegar a la verdad”, ordenó la revocatoria directa de lo actuado en este caso durante el periodo de Alejandro Ordóñez y dispuso el traslado del expediente a la Comisión Especial Disciplinaria que lleva el caso Odebrecht.

Pero Carrillo fue más allá. Para investigar las presuntas omisiones en el trámite de esta actuación, se compulsaron copias a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios y a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Precisamente por eso el propio Ordóñez, en una extensa carta en la que relacionó todas las diligencias disciplinarias realizadas, salió el jueves en defensa de su gestión y dijo que se archivó la causa porque no había pruebas de ilicitud, a diferencia de lo que ocurre hoy por hoy.

 

Más señalamientos a Prieto

Pero la cuestión no terminó allí. Esta semana el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, estuvo en una diligencia de interrogatorio en la Fiscalía, en el marco de los procesos relacionados con la Ruta del Sol II y el otrosí posterior.

Andrade precisó a los periodistas que entregó toda la información que le fue requerida por los investigadores, al tiempo que negó tener cualquier relación con la multinacional brasileña y menos con el escándalo de los sobornos.

Sin embargo, en algunos medios de prensa circuló una versión según la cual Andrade le habría dicho a los fiscales que Prieto sería el ‘hombre’ de Odebrecht, sin que hayan trascendido más detalles sobre este presunto señalamiento. 

De comprobarse este hecho, entonces las sospechas sobre la actuación del gerente de la campaña reeleccionista aumentarían, pues no solo es señalado por Bula y Andrade, sino también por el capturado exviceministro García.

Como se sabe, este último, según un extracto de su indagatoria, se refirió a una reunión en su oficina cuatro años atrás (2010, cuando era Viceministro), en la que relacionó a Prieto con Odebrecht.

El capturado dijo ante los fiscales que “asistió el señor Luiz Bueno (quien fue presidente de Odebrecht en Colombia) y al finalizar la reunión, cuando ya habían salido los otros asistentes, se queda en mi despacho del Viceministerio y comienza a hablarme del proceso Ruta del Sol, insistiendo en que lo único que requerían ellos eran garantías de objetividad y transparencia”. Agregó que Bueno le dijo que “ellos (Odebrecht) eran muy cercanos a un señor Prieto, a quien yo no conocía ni conozco, creo que era Roberto Prieto, de quien me dice Luiz Bueno que iba a ser clave en la próxima campaña presidencial”.

Otro de los datos que filtró la prensa esta semana sobre lo dicho por Andrade ante la Fiscalía es que habría mencionado a seis congresistas que fueron a la ANI a preguntar sobre el contrato de la vía Ocaña-Gamarra.

Precisamente el viernes pasado la Fiscalía solicitó a la Corte que investigue al senador Bernardo Ñoño Elías.

 

Más pruebas y 11 flancos

Por ahora es claro que la Fiscalía ha preferido disminuir la exposición mediática de las incidencias de las pesquisas, no solo porque ya hay 11 investigaciones abiertas, con distintos enfoques y equipos, sino también porque se ha tratado de afectar el ritmo de los procesos poniendo al jefe del ente acusador, Néstor Humberto Martínez, en la mira de los cuestionamientos.

Esto último porque los senadores Jorge Enrique Robledo y Claudia López (ambos precandidatos presidenciales) han sostenido que Martínez estaría inhabilitado para conocer de varios temas del caso Odebrecht, especialmente el relativo al contrato para la habilitación de la navegabilidad del río Magdalena.

Aunque Martínez ha dado todas las explicaciones posibles, negando que su oficina de abogados hubiera asesorado a la empresa Navelena para el cuestionado préstamo del Banco Agrario (titular del contrato del río y de la que es socia Odebrecht), Robledo denunció al Fiscal General ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, al tiempo que el senador del Polo y López decidieron recusarlo ante la Procuraduría y la propia Corte Suprema de Justicia, pidiendo incluso que el alto tribunal designe un fiscal ad hoc para que se encargue de todos los casos relacionados con los sobornos de la multinacional en Colombia.

Martínez, al tiempo que reiteró no estar impedido para estos casos y recalcar que los 11 procesos son llevados por fiscales independientes, ratificó que tras su viaje a Brasil -la semana pasada-, en donde las autoridades de ese país le intercambiaron información clave sobre los sobornos en Colombia, hay más pruebas clave en este proceso.

Por el momento la expectativa está centrada en cuándo se citará a Prieto a la Fiscalía. Tras la comparecencia de Giraldo hace dos semanas, se rumoró que el exgerente de la campaña reeleccionista sería citado a entrevista días después. Sin embargo, esa diligencia no se ha concretado todavía.

Se prevé que la semana que comienza tanto la Fiscalía como el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría, así como la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, sigan avanzando en las pesquisas. Es más, en los pasillos del ente acusador se decía el viernes pasado que venía una “noticia bomba”.

 

Cardona, tercer capturado

De otro lado, esta semana fue capturado y enviado a prisión el contratista Andrés Cardona Laverde por las presuntas irregularidades cometidas en el proceso licitatorio del interceptor Tunjuelo-Canoas. Se convierte así en el tercer capturado por el caso Odebrecht.

La Fiscalía imputa a Cardona la presunta coautoría en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Los hechos se relacionan con la selección irregular de un contratista del túnel del sector Tunjuelo-Canoas en Cundinamarca, obra diseñada para facilitar la descontaminación del río Bogotá, calculada en 244 mil millones de pesos aproximadamente.

La investigación indica que Cardona Laverde en el año 2009, en compañía del condenado contratista Emilio Tapia (pieza clave del ‘carrusel de contratación’ que hoy tiene tras las rejas a los hermanos Iván y Samuel Moreno) y otros funcionarios públicos, entre ellos el gerente de la época de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAAB), habrían -presuntamente- mostrado un interés particular a favor del Consorcio Canoas, integrado por la firma Odebrecht y la firma Cass Constructores de la organización Solarte.

De acuerdo con la Fiscalía, estas dos firmas salieron favorecidas con el contrato y, luego de adjudicado, se presume que Cardona puso a su empresa ACC Ingeniería a subcontratar con el Consorcio Canoas por un valor de 2 mil millones de pesos, en el cual se derivaron sobrecostos por más de 600 millones de pesos.

Se pudo determinar, además, que firmas relacionadas con él también salieron favorecidas en un contrato de interventoría a nombre de una firma mexicana; consorcio denominado Interventor Canoas, por un valor de 9 mil millones de pesos, contrato que no cumplió su objetivo final.

Por último, respecto al delito de cohecho por dar u ofrecer, la Fiscalía lo endilgó tras establecer que el indiciado, al parecer, habría ofrecido el 6 por ciento del valor del contrato y que fue entregado a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, como comisión, por la adjudicación del mismo.

El caso Zuluaga

Respecto a otros flancos de las pesquisas, esta semana versiones periodísticas filtraron nuevos datos en torno a las indagaciones del CNE sobre el pago del asesor de la campaña de Zuluaga en 2014.

Ante magistrados sustanciadores del CNE, el exdirector de Invías y pieza clave en la campaña uribista, García Arizabaleta, habría señalado que si bien desconocía que Odebrecht hubiera pagado algún monto del costo del contrato de Mendonça, sí indicó que el representante legal de la filial de la multinacional en Colombia, Luis Carlos Batista, habría sido quien coordinó la reunión en Brasil entre el candidato uribista con el asesor político.

Según una revista brasileña, mientras la campaña le pagó a Mendonça un millón de dólares, Odebrecht habría entregado 1,6 millones de dólares por otras vías. Zuluaga y compañía dicen no saber de ese pago extra, pero ya la Fiscalía y el CNE adelantan pesquisas al respecto.

De otro lado, esta semana también la Fiscalía decidió vincular al exvicepresidente del Banco Agrario, Alejandro Jiménez, a la investigación que viene adelantando por el crédito de 120 mil millones de pesos que otorgó esta entidad financiera del Estado  al consorcio Navelena.

Igualmente, el ente acusador, por intermedio de su Dirección de Extinción de Dominio, ocupó la finca Maragón, en Sahagún (Córdoba), que es propiedad de una de las empresas de Bula.

Como se ve, más allá del acuerdo que se logró esta semana para que el Estado asuma el contrato para terminar la Ruta del Sol II y la nulidad del contrato para la navegabilidad del río Magdalena, el flanco judicial del escándalo Odebrecht sigue creciendo y en esta semana vendrían más capturas, indagatorias y ‘ventiladores’ de los involucrados para señalar cómplices y acceder a rebajas de penas. Habrá que esperar a los nuevos salpicados.