El año pasado, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso sanciones de multas por un monto de $8.855 millones, principalmente en temas de minería, la cifra más alta de su historia superando el promedio de $1.100 millones de los últimos cinco años.

Según lo informó esta semana esa entidad, durante el mismo lapso se revocaron los permisos y licencias ambientales de algunas empresas, que originó el cierre de actividades. Igualmente se ordenó la realización de medidas compensatorias por parte de los infractores ambientales, tales como siembra de árboles y demolición de obras, entre otras.

Según el reporte de la Dirección Jurídica de la CAR, se abrieron 7.104 expedientes en el 2016, de los cuales 3.597 fueron por procesos sancionatorios.

Para el director jurídico de la CAR, Juan Camilo Ferrer, este trabajo se logró gracias a la mayor especialización del equipo jurídico y técnico (uno de los más completos del país), conjuntamente con un mayor control, vigilancia y seguimiento a las actividades con alto impacto ambiental en el territorio de jurisdicción de la entidad, que se encargó de inspeccionar minuciosa y rigorosamente los expedientes, pasando de 1.915 expedientes en el 2011 a 7.104 iniciados en el 2016.

Ferrer aseguró que se impusieron 772 medidas preventivas principalmente en Bogotá y las direcciones regionales de La Calera, Sabana Centro y Tequendama, consistentes principalmente en suspensión de actividades así como decomisos preventivos de instrumentos o maquinarias utilizados en comisión de infracciones ambientales o producto de las mismas como las maderas.

“Sumado a las sanciones impuestas y a las multas, la CAR decomisó por primera vez 10 máquinas pesadas (retroexcavadoras Caterpillar, Komatsu, Hitachi y Volvo) involucradas en procesos sancionatorios por infracciones ambientales en el tema de minería que están valoradas aproximadamente en $3.000 millones”, agregó Ferrer.

Los dineros recaudados por la entidad por sanciones pecuniarias entran al presupuesto general de la entidad y se destinarán principalmente a restaurar los ecosistemas afectados con las infracciones descritas, así como para cofinanciar programas de gestión ambiental de la entidad como el programa BanCo2, el cual trabaja por la protección del medio ambiente, a través de la compensación económica a familias vinculadas.

Multa en Usaquén

De otro lado, esta semana la CAR de Cundinamarca se vio en la obligación de imponer una millonaria sanción a los dueños de una antigua cantera que funcionaba en el sector de Lomitas, localidad de Usaquén, por el incumplimiento del Plan de Manejo de Restauración y Recuperación Ambiental (Pmrra) de la zona que habría sido afectada durante algunos años atrás.

En el predio, denominado como La Guanica, situado en la Reserva Bosque Oriental de Bogotá, se estaban realizando actividades de extracción de material, el cual estaba siendo comercializado; actividad ilegal, agravante, por lo que tendrán que pagar a la entidad $1.949 millones como multa.

La Guanica, donde se llevó a cabo una explotación a cielo abierto, recibió medida preventiva de suspensión de actividades extractivas o de aprovechamiento minero en el año 2012. Para su recuperación, la Corporación le había exigido el cumplimiento de un Pmrra, pues la extracción habría dejado un pit (hueco) en una zona circular de aproximadamente 2 hectáreas de afectación. Los dueños del predio debían realizar unas terrazas y una plantación de especies nativas.

En la última visita técnica realizada en el predio, los profesionales de la CAR evidenciaron que se estaba incumpliendo con el Pmrra exigido.

Adicional a la multa, los contraventores tendrán que realizar el enriquecimiento del área afectada mediante la colocación manual de suelo orgánico y reemplazar el retamo erradicado con la siembra de quinientos árboles de especies nativas.