Para responder por su participación en la yidispolítica se entregó a una comisión del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, el exsecretario de la Presidencia, Alberto Velásquez.

El exfuncionario, quien se encontraba desde hace varios meses en Estados Unidos, tiene pendiente una condena por del delito de cohecho y a su arribo, ayer en horas de la mañana, fue trasladado al Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en Bogotá.

La Corte Suprema de Justicia, en un reciente pronunciamiento, señaló que tanto él como los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacios ofrecieron en 2004 dádivas a los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño para lograr la aprobación del proyecto de ley que habilitó al entonces presidente Álvaro Uribe para aspirar en 2006 a un nuevo periodo presidencial.

De acuerdo con el alto tribunal, estos exfuncionarios actuaron mancomunadamente, guiados por el mismo propósito: procurar disipar el quórum de los 18 congresistas que apoyaban la solicitud de archivo del proyecto de la reelección, y “prevalidos de su condición de miembros del equipo de Gobierno y conocedores del interés del Presidente de la República tenía en que la reelección cumpliera satisfactoriamente el trámite legislativo en el Congreso”.

Agrega la Corte que los exfuncionarios ofrecieron a los excongresistas los cargos que podían estar disponibles para asignárselos en pago. A Medina se le habría ofrecido realizar un acto contrario a sus funciones, y a Avendaño, una omisión en el caso. 

Velásquez, por su parte, aseguró a través de un comunicado de prensa que es inocente de los cargos que le imputó la Fiscalía, argumentando que son los mismos por los que la Procuraduría lo absolvió hace cinco años.

El exsecretario agregó que en su momento fue condenado en un juicio en el cual el único testigo contra él fue la exrepresentante Medina, “de cuestionable credibilidad”.

Como ya conoce la opinión pública, la Corte al emitir su fallo condenó a Velásquez, Pretelt y Palacio a una pena de 80 meses de prisión y multas de 167 salarios mínimos legales vigentes.

Tanto Pretelt como Palacio se entregaron a las autoridades correspondientes. El primero cumple su condena en el Batallón de Infantería de Marina No. 12 de la Base Naval del Caribe; mientras que el segundo, se encuentra cumpliendo su pena en el Cespo.