Un total de 14.719 son las solicitudes de restitución de tierras usurpadas por los actores ilegales armados, que de enero a junio de este año han sido presentadas en todo el país ante la Unidad de Restitución de Tierras.
EL NUEVO SIGLO conoció que estas solicitudes, en el marco de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, reclaman la posesión sobre 1.110.000 hectáreas, 300 mil de las cuales están ubicadas en el departamento del Meta.
En tanto que por el número de predios reclamados se ubican principalmente en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Meta y Putumayo.
De esta forma y de mantenerse la tendencia en las reclamaciones en todo el país, al final de 2012 se cumpliría el cálculo del Gobierno nacional, que es de 160 mil para el cuatrienio, es decir 40 mil cada año, y 360 mil para el decenio en que está prevista la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.
En enero pasado, cuando apenas trascurrían los primeros 20 días de aplicación de la Ley de Víctimas, una de las apuestas más ambiciosas del gobierno Santos, pues pretende reparar administrativamente a cerca de cuatro millones de afectados a partir del año 1985 durante el conflicto armado que vive el país, ya habían sido presentadas 7.588 solicitudes ante la Unidad de Restitución de Tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Hay que anotar que la gran mayoría de las 14.719 solicitudes presentadas hasta junio, en este momento están en la etapa administrativa que le corresponde a la Unidad de Restitución de Tierras, la cual después de hacer un estudio de los casos y la documentación que sustente la petición, las integra al registro de tierras despojadas.
La etapa siguiente es la judicial, en la que la Unidad de Restitución de Tierras entrega el caso a los jueces y magistrados de restitución de tierras para que ellos fallen entregando o no el predio al solicitante.
Jueces de tierras
Este sábado finalizará en Bogotá el segundo curso de formación judicial intensivo sobre restitución y formalización de tierras, en el que participan los 15 magistrados y los 22 jueces recientemente nombrados para fallar los casos de restitución de tierras a las víctimas.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia magistrado Javier Zapata Ortiz enfatizó en el carácter transicional de esta nueva justicia, subrayó que este proceso no tiene reversa y que se requiere además mucha imaginación de los jueces para no perder de vista la finalidad última de la ley.
El presidente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema magistrado Fernando Giraldo Gutiérrez advirtió que la restitución de tierras no se debe politizar ni presentar como la conquista de ningún partido político. Agregó que se debe reforzar el esquema de seguridad de los jueces para ampliarlo a sus familias. Sobre la elección puntualizó que la Corte Suprema escogió a los mejores jueces y que ahora la responsabilidad de resolver los casos es de la Rama Judicial.
Sobre el particular, Ricardo Sabogal Urrego, director de la Unidad Administrativa de Gestión Especial de Restitución de Tierras Despojadas, resaltó la importancia que tiene esta capacitación para que los jueces asuman los procesos dentro de un espíritu de justicia transicional.
En enero pasado el Consejo Superior de la Judicatura designó a cinco jueces de tierras y creó de forma provisional igual número de juzgados para tal fin en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Cúcuta.
En febrero pasado fueron creados 22 juzgados permanentes de restitución de tierras.
Los Juzgados de Tierras están ubicados en Medellín, Apartadó y Caucasia (Antioquia); Barrancabermeja (Santander); Cali (Valle); Carmen de Bolívar (Bolívar); Cúcuta (Norte de Santander), Ibagué (Tolima); Mocoa (Putumayo); Montería (Córdoba); Tumaco (Nariño); Popayán (Cauca); Quibdó (Chocó); Santa Marta (Magdalena); Sincelejo (Sucre); Valledupar (Cesar) y Villavicencio (Meta). Y fue creado un Juez itinerante para el caso de Antioquia.
Igualmente fueron creadas Salas, con tres magistrados cada una, para atender en segunda instancia los fallos de los primeros 22 Jueces permanentes de Tierras. Los Magistrados estarán ubicados en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Cúcuta.