La semana que termina fue un caos en España. El líder independentista, Carles Puigdemont, dijo que declarará la independencia unilateralmente. Bloqueando su acceso, el Tribunal suspendió su comparecencia en el Parlamento. Pero los separatistas tienen una alternativa. Al final, todo esto parecen mecanismos de disuasión que terminarán en un eventual diálogo entre Madrid y Barcelona. Aunque todo puede pasar

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CATALUÑA, si fuera miércoles de la semana pasada,  declararía unilateralmente su independencia hoy. Pero no es miércoles, es domingo. Sí, domingo, un día antes de la comparecencia del presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, en el parlamento regional. Ah no, su presencia va ser el martes. Qué confusión.

La confusión sigue siendo el elemento central en la coyuntura entre el gobierno español y Cataluña. El panorama, ocho días después de la celebración del referendo de autodeterminación, es casi el mismo, pero casi todos, como suele pasar en este tipo de confrontaciones, señalan al mismo camino: diálogo.

Poco a poco, intelectuales, artistas, estudiantes y todo aquel que tiene una posición neutra en este tema -y, el que no también-, han exigido que la única para resolver la ruptura de la unión de España es mediante esta vía. Pero el diálogo aún no ha sido parte de la baraja de opciones de Madrid y Barcelona.

 

Declaración unilateral

 

Las autoridades catalanas han decidido cumplir las órdenes de sus electores que en un 90% votaron a favor de la secesión de España. En entrevista con la BBC, el miércoles,  Puigdemont,  seguro y certero, ha dicho que el lunes -es decir, mañana- declarará la independencia unilateral de Cataluña.

Con el paso de los días, esa certeza del presidente del gobierno catalán ha empezado a variar. La banca y algunas empresas han cambiado su sede a otras partes de España, y algunos partidos independentistas le han pedido calma y ponderación. Es decir, que no declare la independencia, al menos, en este momento.

Fiel a su causa, aquella que lo ha llevado a viajar desde Barcelona a otros países para entrar por la migración del aeropuerto de Barajas cada vez que va a Madrid, Puigdemont está dispuesto a declarar su región como una república independiente, aunque el capital político que lo rodea empiece a vacilar sobre la pertinencia de esa decisión.

España, en uso de  todas las herramientas jurídicas y políticas que tiene a su alcance, ha tomado una decisión que bloquea a Puigdemont. El Tribunal Constitucional suspendió el pleno del Parlamento de Cataluña donde se presumía Puigdemont iba declarar la independencia.

Pero esto no ha sido un obstáculo para que el líder catalán consiga su propósito. Un día después de la decisión judicial, el portavoz de la coalición separatista, Sí Que es Pot, Joan Coscubiela, contó que Puigdemont no va comparecer a la sesión en cumplimiento de una ley que ha sido suspendida, sino basado en el reglamento de la Cámara regional.

De ser así, la declaración de independencia no sería activada como lo acuerda el artículo 4.4 de la Ley del Referendo, decretada ilegal y suspendida por el Tribunal, cuyo texto establece que después de la declaración la independencia será activada en las próximas 48 horas. 

Como parte del juego político, Puigdemont dijo el viernes que ya no comparecerá al Parlamento el lunes sino el martes. Ese día, ¿qué va hacer? Quizá puede implementar todo lo anterior –declarar la independencia-. O todo lo contrario.  El líder catalán, más calmado, más abierto al diálogo, es posible que declare públicamente una nueva etapa de negociaciones con Madrid.

Las dos opciones son posibles. Al parecer la dirigencia independentista tiene gente que quiere declarar la independencia inmediata y gente que busca una declaratoria consensuada, que, sin ir más lejos, implica un diálogo con Madrid.

El expresidente del gobierno catalán, Artur Mas, es más cercano a la primera tendencia. Tras hablar con el Financial Times sobre el proceso independentista, dijo que “la declaración es un acto político, es un acto formal y un acto simbólico” y explicó  “lo importante es que aquella declaración acabe siendo el funcionamiento de un país realmente independiente”.

Mas cree que la declaratoria, la que va hacer Puigdemont el martes, es un acto “simbólico”. Lo importante es lo que viene después. Pero en la dirigencia de Cataluña existe un grupo que cree que el simple hecho de fijar la independencia ya significa un rompimiento con Madrid que puede dificultar “las cosas”.

Eso dijo Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT, partido de Puigdemont, preocupada por una declaración prematura cuyas consecuencias pueden ser negativas. En una entrevista con la cadena Ser, la dirigente contó que “el 1-O -el referendo- nos vincula, pero hay que hacer las cosas bien”, ha dicho Pascal. Lo que quiere decir: sí a proclamar la independencia, pero no este lunes.

Las dos posiciones son claras. Si bien no hay fricciones, sí hay dudas. Dudas que hacen patinar a Puigdemont.

Diálogo

Algunos dicen que es injusto decir que Cataluña no ha intentado dialogar. Pero ese intento sólo ha sido a nivel internacional. Es claro que en los últimos meses el único diálogo entre Madrid y Barcelona ha sido por el atentado del Estado Islámico en las Ramblas. Desde entonces, todo ha sido una guerra de acusaciones e improperios.

Aunque el viernes la tensión empezó a bajar. A pocos días de la declaratoria de independencia, Rajoy se encerró en La Moncloa (palacio presidencial) y Puigdemont hizo cónclave con un grupo de abogados que buscan un acercamiento con Madrid.

Al menos del lado catalán, ya se empiezan a conocer algunos detalles de los requerimientos que Barcelona va pedir para sentarse. Reunido con la comisión de mediación, encabezada por el Colegio de la Abogacía de esa ciudad, Puigdemont ha empezado a ceder en sus pretensiones.

En ese encuentro, la comisión le pidió que “detenga urgentemente las decisiones políticas que aumenten la tensión” con el gobierno español, y exigió que “excluya cualquier solución unilateral”

Para sentarse a dialogar con Madrid,  el gobierno catalán exige, según el diario Ara de Barcelona –independentista-,  que se descarten las decisiones inmediatas de ambas partes, se retiren los refuerzos policiales enviados a la región para impedir el referendo de independencia y se inicie un proceso de resolución a través de una comisión independiente de diálogo.

De la voluntad de negociación del gobierno español poco se sabe. En los últimos días Rajoy y sus ministros llamaron a las autoridades catalanas a volver a la “legalidad”. Si en el lenguaje de esta coyuntura “legalidad” significa mostrar la voluntad de diálogo, pues ambas partes están hablando de lo mismo.

 

Comisión europea y referendo

 

Al menos hoy, el diálogo entre España y Cataluña parece lejano. Los indicios, como la reunión de Puigdemont con la comisión de mediación y el silencio de Madrid, se puede interpretar como pequeños pasos para fijar una eventual negociación, cuyo garante es muy probable que sea la Comisión Europea, como presuntamente lo han pedido ambas partes.

La Comisión no ha dicho nada, de momento. Mediar un conflicto de este tipo implica en un futuro intervenir en otros intentos de independencia como el belga o el que está surgiendo en Holanda. Pero es claro que a la Unión Europea (UE) no le conviene que la quinta economía del bloque se rompa, generando una inestabilidad en constante aumento tras la salida de Reino Unido.

En el caso de la separación de Cataluña, la Comisión se enfrenta a un dilema. Si bien suele estar alineada con los estados (en este caso España), no deja de ser cierto que, tras la violenta represión en el referendo, debe defender los derechos reconocidos en los tratados europeos que fueron vulnerados por la policía española.

 

Adiós, que te vaya bien

Al final, todo es un secreto. El hermetismo de las autoridades catalanes para esquivar las acciones del gobierno español hace que nada se sepa. Puigdemont, feliz/nervioso,  puede declarar la independencia el martes. Y ya. Esa decisión tiene consecuencias a nivel político y económico que ya se han empezado a ver. 

En caso de tomar esa decisión, ¿qué significa declarar la independencia? En palabras del líder catalán, Artur Mas, es lo que viene después de lo simbólico. Tras decir “somos una república independiente”, Cataluña debe convertirse en un estado-nación. Eso implica cumplir una serie de características. ¿Las cumple?

 

“Al parecer la dirigencia independentista tiene gente que quiere declarar la independencia inmediata y gente que busca una declaratoria consensuada, que, sin ir más lejos, implica un diálogo con Madrid”

En una lectura rápida de los requisitos de la Convención de Viena, un estado debe cumplir tres características: territorio, población y reconocimiento de la mayoría de países de Naciones Unidas (ONU).

Las dos primeras Cataluña las cumple sin problema. Tiene una población de casi siete millones y un territorio casi del tamaño de Holanda. Sólo basta mirar el mapa europeo para ver decenas de países más pequeños, especialmente en Europa oriental.

El reconocimiento, sin embargo, no es tan fácil de cumplir. Las autoridades catalanas le temen a este elemento, precisamente. Saben que en la ONU se requiere que al menos 9 de los 15 estados del Consejo de Seguridad reconozcan la nueva “nación” y en la Asamblea General la proporción sea la misma, pero con centenares de países.

Ahora, esto es en el plano internacional. Aunque en Europa pasa lo mismo. O no: el tema es más complejo. Según el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, “los tratados se dejarán de aplicar automáticamente a ese nuevo Estado”. Lo que significa que Cataluña perdería todos los derechos que tiene por ser parte de España.

Independentista como Oriol Junqueras, vicepresidente del Gobierno de Cataluña, dicen que, pese a declarar la independencia de España, seguirán siendo españoles, mientras no renuncien a la ciudadanía.

El tema no es claro. Pero la balanza parece inclinarse a favor de España. Algunos analistas catalanes han dicho que esta falta de certeza puede generar un cataclismo que altere el funcionamiento económico y político de la región.

Ese cataclismo parece que ya empezó. En orden, día tras día, algunas instituciones financieras de Cataluña han decidido irse de la región y buscar una sede administrativa en otras regiones de España, para asegurar su relación con el gobierno central español.

Con más de 100 años y de corazón catalán, el banco Sabadell anunció su traslado a Alicante. Un día después, CaixaBank (el banco más grande catalán) decidió mudarse a Valencia y, en la misma línea, Gas Natural se movió a Madrid. 

El Gobierno español ha dicho que prepara un decreto para facilitar la salida “exprés” de empresas y entidades financieras catalanes, según El Mundo. Esta ley permite que puedan cambiar su domicilio social sin convocar a una junta de accionistas, incentivando el traslado de capitales.  Las autoridades catalanes no se han pronunciado sobre estas mudanzas.

Los independentistas dicen que, tras declarar su separación de España, van a tener total control de su aparato económico, amañado por las políticas administrativas de Madrid. Dicen, como parte de este discurso, que el centralismo español los ha afectado desde el conde-duque de Olivares (1640), el primero en imponer la presión fiscal de la corona contra Cataluña.

Junquera explica, además, que Cataluña pierde cerca de 16.000 millones de euros al año con Madrid, que le exige una base tributaria mucho más alta que el dinero que le reparte al gobierno central catalán. Pero eso no es tan cierto. Según cifras del Gobierno catalán esta cifra oscila entre los 2.400 millones de euros.

Cataluña representa el 20% del PIB de España y el 25% de las exportaciones. Si se independiza, el golpe en las finanzas españolas será muy grande. Pero todos señalan el mismo camino: diálogo. Diálogo que, parece, va empezar esta semana.

 

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