Hoy con la entrevista a 59 aspirantes entra en su etapa decisiva el proceso para que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial integre la terna de la cual, posteriormente, el Consejo Superior de la Judicatura elegirá al nuevo director administrativo de la Rama Judicial, cargo que en la actualidad se encuentra acéfalo, después de que el Consejo de Estado tumbara el nombramiento del titular.
El gerente de la Rama Judicial es el encargado de ser el ordenador del gasto de un presupuesto que podría llegar a los $5,1 billones, por lo menos esa es la cifra que para el año 2013, le presentó el sector Justicia al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Sin embargo, desde mediados del año 2009 la elección de este cargo ha estado signada por incertidumbres, tutelas e interinidades, como se ve hoy, básicamente porque han sido elegidas personas que no cumplen los requisitos.
En consecuencia este nuevo proceso que arranca la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, integrando la terna de aspirantes, y que concluirá el Consejo Superior de la Judicatura con la elección del nuevo gerente, se constituye en un reto para la Rama, que ha estado en los últimos meses en el ojo del huracán por el presunto ‘carrusel de pensiones’ que se habría presentado y por la responsabilidad que le toca por el descalabro en la fallida reforma a la justicia.
El 6 de septiembre pasado, la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Quinta) del Consejo de Estado, mediante sentencia de única instancia, declaró la nulidad de los actos administrativos de nombramiento y confirmación de Diógenes Villa Delgado como director Ejecutivo de la Rama para el periodo 2011-2015, cuando apenas ajustaba un año en el cargo.
El Consejo de Estado acogió los argumentos del demandante, el abogado Juan Carlos Ababuara, quien había señalado que Villa Delgado no cumplía con los requisitos para ser gerente de la Rama, pues no tenía los cinco años de experiencia en cargos de administración, como efectivamente el funcionario no lo pudo demostrar, según dejó constancia el alto Tribunal.
Para la época de este fallo, Villa Delgado estaba suspendido de forma provisional en el cargo por decisión de la Contraloría General de la República, que lo investigaba por supuestas irregularidades administrativas.
Vale anotar que la fallida reforma judicial mantenía el cargo de director administrativo de la rama judicial, además que de forma directa beneficiaba a Villa Delgado, pues para la época en que el Congreso aprobó esta reforma constitucional, junio de este año, el funcionario estaba en esta posición. Un artículo transitorio de esta ley, que luego fue hundida por el Congreso atendiendo un llamado del presidente Santos por una serie de micos que fueron introducidos en la conciliación, señalaba que “el actual Director de Administración Judicial continuará en el cargo”.
Tras caerse la elección de Villa Delgado como gerente, el 25 de septiembre pasado la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial abrió una convocatoria pública para integrar la terna de candidatos postulados por este órgano para desempeñar el cargo, cuyo periodo de inscripción arrancó el 8 de octubre hasta las 4 p.m. del pasado 16 de este mes.
Los 59 ciudadanos que se inscribieron para aspirar a ser gerente presentarán entrevista hoy y mañana ante la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial (integrada por los presidentes de las altas Cortes, el Fiscal General y un representante de los funcionarios y trabajadores judiciales), como parte del proceso de integración de la terna para elegir Director Ejecutivo de Administración Judicial.
<INTERTIT>Un proceso accidentado
<BODY TEXT>Los problemas en materia de elección del director ejecutivo de la Rama Judicial datan de agosto de 2009, cuando la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura objetó la terna que le fue presentada por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, al considerar que los integrantes no cumplían los requisitos o presentaban inconvenientes, por lo que le pidió que postulara otros nombres.
En ese sentido el alto Tribunal señaló que Arnulfo Bolaños estaba próximo a los 65 años de edad, por lo que al cumplirlos si era elegido tendría que retirarse forzosamente sin estar en el cargo por los cuatro años que establece el periodo; en tanto que Sandra Ibarra tenía una especialización en economía y la norma exige una maestría; mientras que de Andrés Arévalo dijo el Consejo Superior de la Judicatura que aprobó el concurso de notarios y ya había sido nombrado en la Notaría Quinta de Bogotá.
A partir de esa decisión se inició un pulso entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, que se negaba a conformar una nueva terna al considerar que los nombres que había presentado cumplían los requisitos del caso.
Como consecuencia, el abogado Juan Carlos Abuabara, quien se había quedado por fuera de esta terna porque ocupó el cuarto lugar en la calificación de los aspirantes al cargo, presentó una tutela contra esta terna, logrando un fallo que ordenó conformar una nueva.
Atendiendo dicha sentencia, la sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con la anuencia de los presidentes de las altas Cortes, conformó una nueva terna integrada porJuan Carlos Abuabara; Carlos Useda, y Ernesto Benavides.
Sin embargo, a mediados de diciembre de 2010, la Corte Constitucional revisó la tutela que había presentado Abuabara y como consecuencia ordenó al Consejo Superior de la Judicatura frenar la elección del director administrativo de la Rama Judicial hasta que se produjera un fallo de fondo.
Es así que en ese momento el Consejo Superior de la Judicatura se encontró con dos ternas en sus manos sin poder tomar ninguna decisión, lo que originó un choque de trenes entra las dos altas Cortes.
Finalmente fue hasta agosto del año anterior en que se desempantanó el tema con la conformación de una nueva terna integrada por Diógenes Villa Delgado, la economista Martha Velasco y la abogada Sandra Lisset Ibarra, de la cual fue elegido Villa, a pesar de que veedurías ciudadanas como Elección Visible advirtieron de antemano que esta persona no cumplía con todos los requisitos.