El magistrado William Alsup, de San Francisco, instó al gobierno nacional a “mantener el programa DACA  nivel nacional en los mismo términos y condiciones”. Para Trump, esto demuestra que el  sistema judicial es “injusto”,

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EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, denunció un sistema judicial "injusto" en su país, tras la decisión que bloqueó la derogación del programa DACA, que otorga estatuto legal temporal a centenas de miles de jóvenes indocumentados, la mayoría latinoamericanos.

El magistrado William Alsup, de San Francisco, sorprendió al país el martes al ordenar al ejecutivo "mantener el programa DACA a nivel nacional en los mismos términos y condiciones que tenía antes de ser suprimido el 5 de septiembre de 2017".

Alsup aseguró en su resolución de 49 páginas que el argumento del Departamento de Justicia para eliminar este plan, apuntando que es ilegal, es "una premisa legal con fallos".

La respuesta de Trump, como ya se tornó habitual, llegó por vía de un tuit demoledor.

"Queda claro que nuestro sistema judicial está quebrado y es injusto cuando la oposición en un caso (como en DACA) siempre usa el Noveno Circuito [en San Francisco] y siempre gana, antes que eso sea revertido en cortes superiores", apuntó el presidente.

Poco antes, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, había clasificado como "escandalosa" la decisión judicial.

Trump "trabajará con miembros de los dos partidos para alcanzar una solución permanente que corrija las acciones inconstitucionales tomadas por el anterior gobierno", añadió Sanders.

A menos de que una corte de mayor rango anule la decisión del juez Alsup, los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés) podrán renovar sus permisos.

Ese programa, aprobado por el expresidente Barack Obama en 2012, protegía de ser deportados a miles de indocumentados que llegaron clandestinamente a Estados Unidos siendo niños, conocidos como "dreamers" (soñadores).

Estrategia en dos etapas

El mandatario había presidido el martes un debate sobre el tema con legisladores, en el que sugirió una estrategia en dos etapas pero sin abandonar uno de los pilares de su campaña: el controvertido muro fronterizo con México.

Trump dijo apostar primero por una ley que contemple la cuestión de los jóvenes sin papeles y la seguridad fronteriza, y luego lograr una reforma migratoria más amplia.

"Debería ser una ley del amor", afirmó sobre la solución que confía dar a cientos de miles de jóvenes en riesgo de deportación.

El presidente se dijo incluso dispuesto a asumir el reto político de plantear un camino a la ciudadanía para unos 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en la sombra en Estados Unidos.

Una "reforma migratoria integral (...) es adonde me gustaría llegar eventualmente", explicó el mandatario, aclarando que esto puede no estar tan lejos si se hace "la ley correcta" ahora.

"Necesitamos el muro"

"Creo que se puede hacer muy rápidamente", afirmó, lamentando el grado de "animosidad y odio" entre demócratas y republicanos que marcó la vida política estadounidense durante muchos años.

Pero la "solución permanente" para los "dreamers" tiene condiciones vinculadas a la seguridad.

El presidente ha pedido durante mucho tiempo al Congreso fondos para levantar una barrera en el sur del país, con la que se propone detener la inmigración irregular y parar el tráfico de drogas.

"Necesitamos un muro", señaló a los legisladores el martes sin detallar la magnitud de la obra, aunque señaló que ya existen obstáculos naturales, como montañas o ríos, que pueden aprovecharse.

Aunque Sanders garantizó que la reunión en la Casa Blanca había concluido a favor de una legislación que contemple "reformas que se necesitan de manera crítica", subrayó que es incierto cómo se tramitará en el Congreso la solución para los "inDACAmentados".

Responsabilidad del Congreso

Los líderes republicanos quieren que sea una ley independiente, mientras hay demócratas que buscan adjuntarla al paquete sobre el gasto federal que debe aprobarse antes del 19 de enero para evitar el cierre del gobierno.

El tema del DACA "no será parte de ningún acuerdo general del gasto", aseguró a periodistas el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, optimista sobre lograr un resultado antes de marzo.

Marielena Hincapié, directora del Centro Nacional Legal por los Inmigrantes (NILC, en inglés), dijo que es imperativo que el Congreso asuma la responsabilidad de resolver esta situación.

De acuerdo con Hincapié, "la decisión del juez Alsup reconoce el impacto dañino del fin del DACA para familias y comunidades. Es tiempo que el Congreso reconozca lo mismo".

"Más de 15.000 personas, 850 por semana, han perdido su estatuto desde la derogación del DACA en septiembre. Sabemos que la urgencia es real porque estas son nuestras vidas", dijo a su vez Adrian Reyna, de la ONG United We Dream.

Mexicanos californianos

El típico beneficiario de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la infancia), el programa que decretó el gobierno de Barack Obama hace cinco años, suele ser de origen mexicano y reside en California, según un gráfico de The New York Times, publicado ayer.

De los 750.000 beneficiarios, 222. 795 nacieron en México y llegaron, en su mayoría, a California a los seis años, bajo el estatus de ilegales. Luego de California, le siguen estados como Texas, Illinois, Florida y Nueva York, con cifras inferiores.

Después de México, que, por su ubicación geográfica, tiene de lejos la mayor población de migrantes en Estados Unidos, le sigue El Salvador, Guatemala, Honduras y Perú. El número de  salvadoreños en territorio norteamericano representa una proporción importante de la población total de este país.

Los colombianos beneficiarios del DACA, de acuerdo al diario, son 6.591, ubicados en el noveno lugar del listado de migrantes ilegales objetos de este programa.