Consideró la Judicatura que el patrullero de la policía Wilmer Antonio Alarcón se extralimitó en sus finciones y no fue un acto de servicio.

Fue devuelto a la justicia ordinaria por el Consejo Superior de la Judicatura el proceso que se adelanta contra el patrullero de la Policía Metropolitana Wilmer Antonio Alarcón, por la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra.

Según el alto tribunal no existen razones de peso para que dicho proceso continúe desarrollándose en la justicia penal militar, toda vez que los actos que terminaron con la vida del joven "no se trataron de actos de servicio”.

Frente a esta decisión, el caso pasará a manos de la Fiscalía General, la cual ya hizo un interrogatorio al patrullero, en medio del cual aseguró haberle disparado al joven por propia defensa, luego de que éste hubiera sacado un arma.

A esta versión se oponen los análisis de Medicina Legal y la Fiscalía General, los cuales demostraron que la supuesta arma del joven no funcionaba, y que esta no tenía rastros de haberse manipulado ni mucho menos disparado.

Asimismo, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó adelantar investigaciones contra la juez 142 penal militar, toda vez que esta omitió la entrega del expediente al órgano d justicia cuando se había solicitado para definir el choque de competencias.