El contralor general anunció respaldo a la iniciativa presentada por congresistas de casi todos los partidos y movimientos políticos.

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Total respaldo a la reforma constitucional que busca resucitar el control de advertencia manifestó el contralor general de la República, Edgardo Maya.

El contralor destacó que se trata de una gran herramienta en la lucha contra la corrupción, asunto que dejó de ser un tema más en la vida del país, para convertirse en una verdadera tragedia nacional.

Para Maya, la utilización de este instrumento debe ser excepcional y se centraría en operaciones o proceso en ejecución que comprometan en forma grave e inminente el patrimonio público.

La iniciativa, que ya había sido anunciada por EL NUEVO SIGLO, tiene el respaldo de 35 senadores y representantes pertenecientes a casi todos los partidos y movimientos políticos.

El proyecto de acto legislativo propone que el control de advertencia, con las precisiones y límites constitucionales pertinentes, sea una función de rango constitucional, esto luego que la Corte Constitucional declarara inexequible la norma legal que concedía esta atribución a la Contraloría.

Maya recordó que las atribuciones constitucionales de la Contraloría General le permiten tener el conocimiento completo e integral de todo lo que sucede en el país en relación con las finanzas públicas y la gestión fiscal de los organismos del Estado.

Y por ello, subrayó el contralor, es la única entidad de control que al hacer los cruces de información adecuados y oportunos, puede entender qué está pasando frente a una determinada situación y, eventualmente, ejercer oportunamente una Función de Advertencia, sin que se pueda confundir con coadministrar.

En casos excepcionales, la Contraloría no puede simplemente dedicarse a “observar atentamente”, ni a “permanecer un paso atrás”, ni menos para “vigilarlas a prudente distancia”, como lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia de inexequibilidad, indicó Maya.

El proyecto de acto legislativo fue presentado por un grupo de representantes integrado Eloy Quintero, Karen Cure, Jair Arango, Fabián Castillo, Eduardo Díaz-Granados, Betty Zorro, Antonio Restrepo y Ciro Fernández (Cambio Radical), Germán Blanco y Lina Barrera (Partido Conservador), Eduar Benjumea, Camilo Abril, Angelo Villamil, Jaime Enrique Serrano y Jack Housni (Partido Liberal), María Regina Zuluaga (Centro Democrático), Angélica Lozano y Oscar Ospina (Alianza Verde), José Flórez, Luz Adriana Moreno, Marta Curi y Juan Felipe Lemos (La U), así como de los senadores Marco Aníbal Avirama (ASI), Jorge Prieto, Jorge Iván Ospina, Claudia López e Iván Náme (Alianza Verde), Guillermo García, Arleth Casado, Luis Fernando Duque y Edinson Delgado (Partido Liberal), Doris Vega (Opción Ciudadana), Luis Evelis Andrade (MAIS), Hernán Andrade (Partido Conservador) y Juan Carlos Restrepo (Cambio Radical).

El contralor Maya opinó que la nueva disposición constitucional debe tener las siguientes características:

*Con el fin de evitar abusos del control de advertencia o que se pueda entender como coadministración, que está prohibida por la Constitución, su utilización debe ser excepcional y de competencia exclusiva del Contralor General de la República.

*Se centraría en operaciones o procesos en ejecución que comprometan en forma grave e inminente el patrimonio público. Es decir, para casos de graves riesgos y de impacto nacional.

*No tendría carácter vinculante para el vigilado.

En resumen, la norma propuesta debe contener estos elementos:

*Que se trate de operaciones o procesos en ejecución; que comprometan en forma grave e inminente el patrimonio público; el contralor general de la República podrá ejercer, en forma excepcional y exclusiva, una función de advertencia; que no tendrá carácter vinculante para el vigilado y, a su vez, la Contraloría no perdería la atribución de ejercer el control posterior y selectivo.

En consecuencia, el Maya propuso incluir el siguiente párrafo en el artículo 267 de la Constitución: “En relación con operaciones o procesos en ejecución que comprometan en forma grave e inminente el patrimonio público, el contralor general de la República podrá ejercer, en forma excepcional y exclusiva, una función de advertencia, que no tendrá carácter vinculante para el vigilado y sobre la cual, podrá ejercer el control posterior correspondiente”.

Finalmente, Maya puso de presente que la aprobación de este proyecto de acto legislativo no tendría impacto en las finanzas del Estado, pues no requeriría reorganización de la estructura de la Contraloría, ni, mucho menos, la creación de cargos, dado que  los eventos excepcionales que darían lugar a una advertencia, se desprenden del ejercicio propio de sus funciones misionales de la entidad.   

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