El Gobierno no presentará la ley jubileo ni la ve necesaria en estos momentos, le dijo a EL NUEVO SIGLO el ministro de Justicia, Yesid Reyes.

El alto funcionario señaló que no conoce ninguna iniciativa al respecto y “no me parece que sea una decisión jurídica para reducir penas por la visita de alguna persona importante en el país”, precisando que el país viene trabajando en la reducción del hacinamiento de las cárceles.

En cambio, indicó Reyes, el Ejecutivo si impulsa un proyecto de ley “que racionaliza la detención preventiva para que se usen las otras medidas de aseguramiento que están previstas en el Código de Procedimiento Penal”, recordando que la iniciativa pasó muy rápidamente por la Comisión Primera y en plenaria lo que se está haciendo es resolver los impedimentos de los senadores.

El objeto del proyecto de ley es introducir adiciones y modificaciones puntuales al texto del ordenamiento de procedimiento penal para precisar la figura de la medida de aseguramiento privativa de la libertad tanto en establecimiento de reclusión como en lugar de residencia del imputado, con una acentuada orientación de apertura de garantías legales aplicables a la detención de las personas, respetando el valor superior de la libertad, los límites materiales del debido proceso y el margen de configuración del legislador.

Paralelamente, mañana para abordar las situaciones ocurridas recientemente en los centros penitenciarios y carcelarios del país, fueron citados a debate de control político por parte del senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, en la Comisión Segunda de Senado, el ministro Reyes así como los directores del Inpec, general Jorge Luis Ramírez, y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, María del Pilar Bahamón.

Al debate, citado para la 10 de la mañana, también fueron invitados el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, el procurador Alejandro Ordoñez y el fiscal Eduardo Montealegre.

Es preciso recordar que el defensor Otálora, en repetidas ocasiones, ha advertido sobre la difícil situación de la población carcelaria del país. En un reciente pronunciamiento, el Defensor manifestó que resulta preocupante que en una década la población carcelaria se duplicó, de 62.000 a los 118.000 reclusos, sin que dicho incremento se viera acompañado de un aumento proporcional de los cupos carcelarios, ni del personal de guardia.

De igual forma, llama la atención sobre la seguridad de algunas cárceles, que a su juicio, vienen presentando una serie de problemas de fondo, “al punto que en los últimos dos años se han registrado 10 fugas y que, dadas las condiciones de hacinamiento e infraestructura, podrían ser más frecuentes”.

Precisamente, el caso más grave de fuga fue el de Cristopher Chávez, conocido como el Desalmado, de la cárcel de mediana seguridad Las Heliconias de Florencia (Caquetá) sindicado de ser autor del infame asesinado de los 4 hermanitos Vanegas Grimaldo, de 4, 10, 14 y 17 años de edad”.

A pesar de que este sujeto fue recapturado, dejó un sabor amargo sobre la situación de las cárceles en el país. Para Otálora, “en muchas de estas cárceles la realidad es tan compleja que los presos no se han querido fugar por la necesidad que tienen de pagar su condena, pero el día que quieran escaparse me temo que la actual infraestructura no lo podría impedir”.

“Si se tiene en cuenta que el cuerpo de custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) presta sus servicios en turno de 24 horas, es fácil advertir que la vigilancia de los 118.000 reclusos del país apenas es ejercida por 6.172 funcionarios, lo que supone un promedio de 20 reclusos por guardia”, agregó en días pasados el Defensor.

De otro lado, es preciso recordar también que la Procuraduría también ha adelantado una serie de foros denominado “perspectivas, retos, desafíos y propuestas del sistema carcelario y penitenciario en Colombia desde el ámbito interinstitucional”, en cumplimiento de las funciones misionales de la entidad, en especial la de promoción y protección de los derechos humanos, garantía de los derechos fundamentales de todas las personas y protección del ordenamiento jurídico vigente”.

De acuerdo con el Ministerio Público, estos encuentros van dirigidos a servidores públicos del nivel territorial, alcaldes y gobernadores que tienen obligaciones de administrar o destinar recursos para la administración de los establecimientos carcelarios municipales o departamentales, así como a la sociedad civil y en general a todas aquellas entidades involucradas en el tema.