De acuerdo con la MOE, en 241 municipios confluye el peligro por estas anomalías a dos meses y medio de los comicios.

LAS ACCIONES violentas contra los candidatos a ser favorecidos con el voto de los ciudadanos el próximo 30 de octubre han afectado principalmente en precandidatos de los partidos Social de Unidad Nacional (La U), Conservador y Liberal, sobre los cuales recae 51 por ciento de los hechos violentos.

La estadística la dio a conocer ayer la Misión de Observación Electoral (MOE) de la sociedad civil al hacer público su informe con 20 variables de riesgo electoral, donde concluyó que las principales amenazas para las elecciones de octubre son el incremento del riesgo por anomalías indicativas de fraude electoral, así como el preocupante incremento de la violencia contra candidatos de diferentes organizaciones políticas.

El Partido Conservador ha sido objeto de 12 hechos violentos, representando 17% de los casos. Lo supera La U con 15 casos (21 por ciento) y le sigue el Partido Liberal con 9 (13 por ciento).

La elaboración y presentación del informe sobre riesgos electorales contó con la participación de reconocidos investigadores y profesores de la Universidad de los Andes, del Rosario, Javeriana, Jorge Tadeo Lozano, así como del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y la Corporación Nuevo Arco Iris.

Grupos armados

Mientras las bandas criminales (bacrim), grupos armados que algunos autores consideran herederos del paramilitarismo, han profundizado la forma en que tradicionalmente han influido en los procesos electorales y que dio origen al fenómeno de la parapolítica, la MOE encontró que la guerrilla comenzó a recorrer el mismo camino, aunque por ahora de forma aislada.

Las bacrim cuentan con evidentes intereses económicos, “por lo cual no están interesados en que se elijan candidatos locales que puedan impedirles continuar aumentando su capital económico, ni perder el poder que han logrado sobre la población por intermedio de éste”, reseña el informe entregado ayer.

“Tanto los cuatro grandes grupos armados ilegales identificados”, ‘Rastrojos’, ‘Urabeños’, ‘Paisas’ y ‘Erpac’, “como las pequeñas bandas que trabajan para personajes específicos”, como es el caso, según el documento, de la empresaria Enilce López, conocida como la Gata, “interferirán en las elecciones por medio de la financiación de campañas, presionando autoridades públicas, comprando votos y disuadiendo candidatos que no los favorezcan”.

Aunque por ahora parece un asunto excepcional, “se ha logrado determinar que en algunas zonas del país, posiblemente, los grupos guerrilleros apoyarán candidatos a los diferentes cargos públicos como en Arauca y algunos municipios del Putumayo”; los investigadores consultados por EL NUEVO SIGLO mencionaron también Meta y Valle del Cauca. “Allí, donde se detectaron apoyos”, precisa el informe, “éstos no tienen una marcada opción partidista, es decir, no se trata de apoyos por una convicción ideológica, o acuerdos generales con un único partido. Por el contrario, priman todo tipo de alianzas locales, desde candidatos del partido de La U hasta independientes hacen parte de este abanico”.

Riesgos

Según la MOE, las anomalías e irregularidades electorales, indicativas de posibles fraudes, aumentaron 67 por ciento para las elecciones de 2011. Mientras en las elecciones locales de 2007, 328 municipios registraron riesgo de fraude electoral, en las de 2011 544 municipios registran ese tipo de riesgo. Las variables que más inciden en el riesgo indicativo de fraude son las atipicidades por alta o baja participación y la atipicidad en votos nulos.

Para Alejandra Barrios, directora de la MOE, “este resultado interpela de manera especial a los partidos políticos, que tienen hasta el 18 de agosto para revisar de manera minuciosa los antecedentes y trayectorias de los candidatos que avalaron. De las organizaciones políticas depende directamente que las actuaciones de sus postulados se ciñan a ley y que el resultado represente de manera auténtica la voluntad de los ciudadanos, y no la de actos de corrupción, intereses ilegales o privados que conducen al fraude”.

La otra gran preocupación de la MOE es la violencia contra candidatos, que se ha incrementado 68 por ciento comparado con las elecciones locales pasadas. Mientras en toda la etapa preelectoral de las elecciones de 2007 se registraron 65 hechos de violencia, en lo corrido de la etapa preelectoral de 2011 ya se han registrado 109 hechos de violencia contra candidatos (entre el 2 de febrero y el 10 de agosto de 2011). Este es un incremento preocupante, sobre todo si se tiene en cuenta que aún faltan 75 días para las elecciones.

Según Claudia López, del Observatorio de la Democracia de la MOE, “en estas elecciones estamos encontrando que además de grupos armados ilegales como las Farc y las bacrim, la delincuencia común también está ejecutando actos violentos contra candidatos y también están amenazando, atentando y asesinando candidatos como una forma de injerencia en la política local”.

Sin embargo, la MOE también valoró que sin contar con la variable de violencia política, el riesgo por otros factores de violencia sí disminuyó. En 2007 el equipo de investigadores de la MOE reportó 576 municipios en riesgo por variables de violencia, este año se redujo a 447 municipios; es decir, una disminución de 22 por ciento.

La MOE identificó 241 municipios donde confluye el riesgo por anomalías indicativas de fraude y el riesgo por violencia y en donde, a juicio de las organizaciones que hacen parte de la mesa técnica de la MOE, las autoridades deben concentrar esfuerzos de mitigación de posibles irregularidades y delitos electorales, así como de actos de violencia.