La violencia sexual dentro del conflicto colombiano es un crimen casi invisible, de ahí que la constante en estos casos sea la impunidad. Esa es una de las conclusiones más preocupantes del informe “Colombia: mujeres, violencia sexual en el conflicto y el proceso de paz”, publicado por la corporación Sisma Mujer y ABColombia -proyecto que agrupa a varias ONG británicas como Christian Aid y Oxfam-.

Una de las cifras más dicientes la arroja una encuesta realizada por la campaña ‘Saquen mi cuerpo de la guerra’, y estima que 12.809 mujeres fueron víctimas de violación relacionada con el conflicto entre 2000 y 2009; es decir que, cada hora, 6 mujeres sufrieron este crimen. Además, 1.575 fueron obligadas a ejercer la prostitución, 4.415 tuvieron embarazos forzados y 1.810 abortos forzados.

Según el documento, el 98% de estas denuncias permanece impune, lo que “desencadena una falta de confianza en el sistema judicial”, como afirmó Louise Winstanley, gerente de programa de ABColombia.

Para este grupo de organizaciones de derechos humanos, esto se debe a la ausencia de eficaces sistemas de evaluación y una aparente falta de voluntad política: “El Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación han emitido directivas de cero tolerancia para los crímenes de violencia sexual. Sin embargo, no van acompañados de medidas para sancionar de manera efectiva”.

A la ineficacia de la justicia se suman, según el informe, “las actitudes patriarcales y racistas que influyen en la conducta de algunos responsables de la administración de justicia; la intimidación y violencia contra los jueces, abogados y testigos; y la ausencia de coordinación entre los departamentos”.

El defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, destacó la situación del Pacífico colombiano, donde “la corrupción es altísima, las mujeres denuncian y los agresores encuentran la manera de obtener copias de sus denuncias para amenazarlas nuevamente con ellas”. Alertó que incluso en algunos municipios pequeños las autoridades actúan en complicidad con los agresores, generando mayor desconfianza entre las víctimas.

La consecuencia de esa desconfianza en la administración de justicia se evidencia en el alto índice de subdenuncia. Según el informe, solo el 18% de las mujeres en Colombia reporta ante las autoridades los delitos de violencia sexual.

Esto se da además por las condiciones a las que se enfrentan las mujeres a la hora de relatar sus  testimonios, pues según Otálora “la Defensoría del Pueblo constató que no existen lugares privados para hacer las denuncias, la mayoría de los receptores de denuncias son hombres que no conocen la Ley 1257, no son sensibles y no hablan lenguas indígenas”.

Jineth Bedoya, quien ha liderado las campañas ‘No es hora de callar’ y ‘Saquen mi cuerpo de la guerra’, recalcó que “la violencia sexual no es un tema del pasado” y aseguró que, además del Pacífico, son dramáticos los casos de Medellín y el Eje Cafetero, donde “las bacrim, en especial Los Urabeños, siguen negociando con la virginidad de nuestras niñas y trafican con menores en nuestras narices”.  

Cada uno a su manera

“Todos los actores armados están involucrados en la violencia sexual contra las mujeres, pero hay distintivos entre los diferentes actores”, asegura la investigación, que recopiló tanto información oficial como de varias ONG nacionales e internacionales. 

Mientras que las bacrim usan la violencia sexual para imponer control social y territorial sobre las actividades cotidianas de las mujeres, las Farc mantienen una política de anticoncepción y aborto forzado para soldados rasos. Además, “la guerrilla usa la violencia sexual en el reclutamiento forzado de niñas para combatientes, con el fin de prestar servicios sexuales y como ‘pago’  para proteger a otros miembros de su familia”.

Los paramilitares post-desmovilización “les imponen códigos de conducta a las mujeres y si los transgreden son castigadas, un castigo que incluye la estigmatización pública”, como lo evidencian testimonios de mujeres víctimas de Los Rastrojos en Sucre.

En el caso de los crímenes de género perpetrados por las Fuerzas Militares, información de la Defensoría establece que, si bien no constituyen una estrategia de guerra, sí ha sido una práctica generalizada. La consecuencia es clara: “El impacto de la participación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la violencia sexual tiene un efecto especialmente devastador, ya que ellas tienen el mandato de proteger a la población civil”, establece el documento.

Intereses económicos

El poder por las armas no es el único fin que motiva a ejercer las diferentes formas de violencia, incluyendo las agresiones sexuales. Como lo ha revelado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el desplazamiento en Colombia (el más grave del mundo) no solo está ligado a la acción de grupos armados ilegales, sino también a las actividades económicas.

El informe de Sisma Mujer y ABColombia lo reitera: “En muchas zonas rurales, el establecimiento de la minería ha sido acompañado por el negocio de la prostitución”, y hacen referencia a un informe de la ONU de 2013 que establece “una correlación entre la extracción ilegal de recursos naturales, los incidentes de violencia sexual, y de la actividad militar”.

Al respecto, Jineth Bedoya pidió “la solidaridad y el compromiso del Estado con el reclutamiento de niñas entre los 9 y 12 años para esclavizarlas sexualmente alrededor de la minería legal e ilegal”.

Como en los casos de desplazamiento forzado, las principales víctimas de violencia sexual también son las mujeres afrocolombianas e indígenas, quienes “además de los factores que repercuten en todas las mujeres, tienen que lidiar con una historia de esclavitud y años de violencia tolerada contra ellas. A eso se suman las percepciones racistas que incluyen una serie de estereotipos sobre los cuerpos de las mujeres”.

Cómo reparar

Son tres las normas que en Colombia protegen a la mujer frente a actos de violencia. La principal es la Ley 1457 de 2008, que busca sensibilizar, prevenir y sancionar las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Según Pilar Rueda, quien fue defensora delegada para los derechos de la niñez, juventud y las mujeres, “esta es la mejor Ley del hemisferio, pero somos el país que no la aplica”.

Además, el auto 092/08 de la Corte Constitucional establece otras medidas para la protección de mujeres que han sido desplazadas de sus tierras a causa del conflicto interno. Y finalmente, la Ley de Víctimas reconoce de manera específica a las mujeres víctimas como “sujetas de especial protección”.

En el lanzamiento del informe, el Defensor del Pueblo anunció que esta semana se posesionará la Defensoría Delegada para los Derechos de la Mujer: “Nos propusimos en la reestructuración crear unas nuevas delegadas y se autorizó una para el agro y una para las mujeres, que era muy amplia porque se encontraba en la Delegada de Niñez, Juventud, Adulto mayor y Mujeres. El año pasado capacitamos a 400 funcionarios”.

Sin embargo, el informe destaca que “si bien hay algunas leyes y cambios positivos en las políticas, también hay otros que podrían generar impunidad para los crímenes de guerra, especialmente de la violencia sexual relacionada con el conflicto, como la reforma de la justicia militar y el Marco para la Paz”.

Para Jineth Bedoya, una de las maneras de reparar el daño sufrido es que se haga justicia: “No sé si pueda haber reparación cuando el cuerpo queda marcado. Nuestras vidas quedaron destruidas y eso nada lo va a solucionar, pero parte del alivio es saber la verdad y así llegar a la justicia, que hoy vemos muy lejana”.

Pero ni siquiera leyes como la de Justicia y Paz, por medio de la cual los desmovilizados colectivos de los grupos paramilitares se comprometieron a confesar sus atrocidades, han cumplido con esa meta. “Los postulados han confesado 40mil delitos; solo 96 de violencia sexual, un delito que permanece en el ocultamiento”, aseguró Bedoya.

El panorama de la ineficacia normativa al parecer no es exclusivo de Colombia, pues según el embajador británico en el país, Lindsay Croisdale- Appleby, “la violencia sexual existe en todos los conflictos del mundo y no hemos visto las acciones de la Declaración sobre la Prevención de la Violencia Sexual, firmada por 147 Estados”.

El documento “Colombia: Mujeres, Violencia Sexual en el Conflicto y el Proceso de Paz” plantea una serie de propuestas al Gobierno colombiano para contrarrestar la situación que afecta a miles de mujeres en medio del conflicto. La principal recomendación es la de no otorgar ningún tipo de amnistía o indulto para los delitos de violencia sexual relacionados con el conflicto. Para el Embajador británico, es claro que “constituye un crimen de guerra, una violación a los Convenios de Ginebra y no puede incluirse en amnistías”. 

Las mujeres en La Habana

El papel de la mujer en los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc también hace parte del reporte, según el cual “la integración de las mujeres y las consideraciones de género en los procesos de construcción de paz ayuda a promover la gobernabilidad democrática y la estabilidad a largo plazo”.

Las mujeres han demostrado que, más que víctimas, pueden convertirse en grandes defensoras de los derechos humanos, una lucha “cada vez más peligrosa porque la violencia sexual puede usarse como castigo contra las defensoras”, aseguró Louise Winstanley.

Por su parte, el Defensor del Pueblo dijo que “Las mujeres deberían poder hablar también como militantes, como gestoras de paz, como viudas y así poder aportar de manera significativa en la agenda de paz. Por eso abogamos por un papel activo y diferenciado de las mujeres”.