Ante más de 350 comisarios y comisarias de familia de todas las regiones del país, la Procuraduría General de la Nación presentó el resultado de la vigencia de la vigilancia superior a las comisarias de familia, insumo que permite iniciar un diálogo con estos servidores para la formulación participativa de los lineamientos técnicos orientados al fortalecimiento de las comisarías, despachos que se constituyen en la puerta de acceso a la administración de justicia para quienes son víctimas de vulneración de derechos al interior de las familias.

Durante el acto de instalación del “Encuentro Nacional de Comisarios y Comisarias de Familia” que se realizó la semana anterior en Bogotá, la viceprocuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo, resaltó la importancia de la gestión de las comisarías en materia de garantía y restablecimiento de derechos a quienes son víctimas de violencia, maltrato o abuso al interior de las familias, y destacó que estos despachos requieren lineamientos que orienten su prestación de servicios y la superación de las dificultades que actualmente enfrentan.

Por su parte, el ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, destacó que desde el ámbito constitucional se consagra a la familia como núcleo de la sociedad y por tanto corresponde al Estado proteger los derechos, la honra, dignidad e intimidad de las familias colombianas. Señaló a los servidores asistentes la importancia de sus responsabilidades y de su papel para que los textos constitucionales se vivan cotidianamente al interior de las familias.

Informe de vigilancia superior

La procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, presentó los resultados de la vigilancia superior a las comisarías de familia del país y las recomendaciones del Ministerio Público dirigidas tanto al Gobierno Nacional como a las autoridades territoriales, para solucionar los aspectos que han obstaculizado el desarrollo del objeto misional de estos despachos.

El citado proceso de vigilancia superior contó con tres enfoques: derechos, diferencial y perspectiva de género. La Procuraduría verificó y evaluó de manera integral la organización, estructura y funcionamiento de 1.224 comisarías de familia, con un análisis de la información en dos fases: atención de calidad en condiciones de dignidad y las comisarías como institución para el acceso a la administración de justicia.

Respecto de los elementos que inciden en la atención en condiciones de dignidad, la doctora Hoyos Castañeda reiteró aspectos que llaman la atención del Ministerio Público, como el hecho de que solo 28 despachos cuentan con el equipo interdisciplinario completo; que el 70% de estos despachos se encuentran en condiciones críticas o deficientes en su infraestructura, y que menos del 60% de las comisarías de familia tienen acceso a servicios como telefonía e internet.

Al referirse a las comisarías de familia como garantía de acceso a la justicia, la procuradora delegada señaló que los servicios de información que brindan estos despachos para orientar a las víctimas de los conflictos familiares, no se hace de manera integral y resultan limitados e inadecuados.

La procuradora delegada llamó la atención frente a las cifras de violencia intrafamiliar reportadas por las mismas comisarías de familia: en el 2010 se registraron 108.778 casos, y las mujeres y niñas representan el 80% de las víctimas de esta violencia, lo que evidencia el grave deterioro que enfrenta la institución de la familia y la discriminación que la mujer padece en este escenario.

Frente a los 34.207 casos de conciliación reportados en el 2010, la doctora Hoyos Castañeda señaló que se deben evaluar las circunstancias en que se ha dado esta polémica figura y responder a interrogantes como ¿qué se concilió?, ¿fue garantizada la igualdad de las partes? o ¿cómo y quién garantiza los derechos de las víctimas a la reparación y no repetición?, entre otros. Fue enfática al señalar que ante la ocurrencia de  delitos y cuando se han afectado los derechos fundamentales no cabe la conciliación.

Entre otros aspectos manifestó la inquietud que le asiste al Ministerio Público porque solo el 27% de los casos de violencia intrafamiliar conocidos en 2010 fueron remitidos a la Fiscalía (como lo ordena la Ley 1257 de 2008), lo que imposibilita a las víctimas de este delito para acceder directamente a la justicia en la jurisdicción penal y contribuye a perpetuar la impunidad de la violencia.

Llamados a las autoridades relacionadas con la gestión de las comisarías de familia

Con base en los resultados de la vigilancia superior, la Procuraduría reiteró su recomendación al Gobierno para que impulse la creación de una institución de nivel nacional que consolide la acción de las comisarías de familia, que incida directamente en la coordinación, interlocución, ejecución, planeación seguimiento y evaluación del impacto de la atención que estas entidades deben prestar.

Asimismo exhortó al Ministerio de Justicia, encargado de dictar línea técnica a las comisarías de familia, para que diseñe e implemente de manera estandarizada los protocolos para atender las violencias al interior de la familia y las violencias de género, incluyendo los protocolos referidos a los servicios de información que deben prestar estos despachos, así como las indicaciones necesarias para que las comisarías hagan un seguimiento efectivo a las medidas de protección que profieran, y precisiones sobre el tema de la conciliación

La Procuraduría hizo además un llamado al Congreso y al Gobierno Nacional para que se evalúe la funcionalidad de la figura de la intermunicipalidad (que permite a los municipios de menor población y que no cuentan con la capacidad de garantizar la sostenibilidad de una comisaría de familia, organizarla con otro municipio) y se revise su concordancia con la urgencia de garantizar el derecho a una vida libre de violencias.

El Ministerio Público requirió a los alcaldes para que realicen la inscripción de sus comisarías de familia ante las oficinas de las direcciones regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Los exhortó a incorporar en sus planes anuales de inversión y en el presupuesto municipal los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de las comisarías. En este sentido, instó además a las autoridades nacionales y territoriales para que la atención de la violencia al interior de las familias ocupe un lugar prioritario en los planes de desarrollo.

El Encuentro Nacional de Comisarios y Comisarias de Familia fue realizado por la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el ICBF y la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, en alianza con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y con la Organización Partners Colombia.