Uno de los principales escollos con que se encontrará el nuevo fiscal Eduardo Montealegre es la congestión de casos a cargo de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Precisamente la protección de los derechos humanos será la bandera del entrante funcionario.

La Unidad Nacionalde Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General adelanta investigaciones por violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Según un informe de gestión al final del año 2011, que dejó preparado la saliente fiscal general Vivianne Morales, esta dependencia tiene a su cargo 8.599 investigaciones, de las cuales 5.917 están activas.

De las investigaciones activas 4.872 están bajo la Ley 600/2000, el antiguo sistema penal; al tiempo que 1.045 están bajo la Ley 906/2004, es decir, el Sistema Penal Acusatorio.

A pesar de que la mayor congestión de procesos se encuentran enmarcados dentro de la Ley 600, bajo este sistema la Fiscalía han logrado el mayor número de condenas por violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario: 626 condenas que afectan a 867 personas, frente a 69 condenas que han afectado a 87 personas, bajo la modalidad del Sistema Penal Acusatorio (Ley 906)

En materia de juicio están cobijadas por el antiguo sistema penal (Ley 600) 930 personas, producto de 690 actuaciones; en tanto por el Sistema Penal Acusatorio están en etapa de juicio 349 personas (143 en audiencia preparatoria y 206 en audiencia de juicio oral).

Una de las ternadas para el cargo de Fiscal General, María Luisa Mesa, identificó la congestión de investigaciones que se presenta en la Fiscalía bajo el antiguo sistema penal. En este sentido en su presentación de 15 minutos el pasado jueves ante la Sala Plena de la Corte Suprema, dijo que de ser elegida Fiscal crearía un grupo especial dedicado únicamente a evacuar procesos del sistema antiguo (ley 600 del 2000) para atacar la congestión.

Siguen violaciones

A finales de febrero pasado, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, aseguró en un informe con corte a 2011, que persisten las violaciones a los derechos humanos en Colombia, afectando a sindicalistas y periodistas, entre otros.

Indicó el informe de ONU que a pesar del que el gobierno de Juan Manuel Santos ha promovido iniciativas en favor de los derechos humanos “estos esfuerzos no han logrado el impacto deseado a nivel local”.

Proyecto de ley

El nuevo fiscalMontealegre considera que una de las mayores falencias que presenta el Código Penal colombiano es que “no incorpora  los avances del moderno derecho penal internacional, el instrumento más importante que ha construido la comunidad internacional para la protección de los derechos humanos”.

En este sentido dijo que a nivel internacional para combatir las violaciones a los derechos humanos el código penal se fundamenta en la doble imputación, es decir, que además de la responsabilidad individual se debe tener en cuenta el hecho total.

Por eso se comprometió a que propondrá al Congreso una ley estatutaria “que permita la ampliación de los derechos humanos”.

Montealegre dijo que hace este planteamiento porque “si bien es cierto que Colombia incorporó a su derecho interno la Corte Penal Internacional, sin embargo en este momento surge una discusión en un vacío de gran importancia para la vida del país. La gran pregunta es ¿sí el estatuto de la Corte Penal Internacional forma o no parte del bloque de constitucionalidad”.

Al respecto señaló que hay estructuras de imputación en derechos humanos que no están incorporadas en el derecho nacional, como “la responsabilidad del superior por el hecho de sus subordinados”.

Montealegre también hizo dos propuestas para la protección de las víctimas en el proceso penal: la primera de ellas es la reorientación de la justicia transicional, en que propone que la investigación además de la investigación de la responsabilidad individual tenga en cuenta “el criterio del contexto”, y en segundo lugar un adecuado desarrollo al acto legislativo sobre desmonopolización de la acción penal.