El testimonio de Alipio Cruz Vargas, desmovilizado del frente Héctor Rodríguez  de las Farc, relacionó a los suboficiales del Ejército Ramírez, Rubiel León Guzmán y Eduardo de Jesús Colorado, con los delitos de concierto para delinquir, financiación de actividades a grupos terroristas y tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Las declaraciones de Cruz Vargas se dan en el marco de una audiencia en contra de los presuntos guerrilleros Gustavo Rubio Melo, alias “Cacharro”, Rubiela Cano Andrade y Eider Montilla Herrera, quienes serían los proveedores de material de intendencia y de guerra con destino al grupo ilegal.

El desmovilizado afirmó que se encargaba de negociar el armamento. Las armas entraban al área en vehículos de servicio público y allí eran contactados por miembros de la Fuerza Pública.

“En una ocasión recibimos 25 granadas, estopines, munición, radios y chalecos y se pagaban hasta 25 millones de pesos, que entregaba a comandantes de frente”, dijo Cruz al referirse al tráfico de equipo de guerra entre el 2010 al 2011.

La investigación se inició desde abril de 2010 con seguimientos estratégicos en varias poblaciones del Bajo Caguán (Caquetá) e interceptaciones a llamadas telefónicas y testigos que colaboraron para decodificar lenguajes cifrados de los imputados.