En el marco de su acción preventiva, la Procuraduría solicitó con carácter urgente información concerniente a la seguridad aérea y aeroportuaria en el país, ante el posible riesgo en las operaciones aéreas, manifestado por varios pilotos a este organismo de control.

En comunicación enviada al director de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Gustavo Alberto Lenis, y a la presidente de la Comisión Intersectorial de Seguridad Aeroportuaria, la ministra de Transporte Natalia Abello Vives, la Procuraduría requirió los documentos que establecen los procedimientos adelantados para garantizar la seguridad aérea y aeroportuaria de los aeródromos del país frente al cumplimiento de las normas que rigen la aeronavegación internacional.

Así mismo solicitó información sobre el número de radares existentes en el país, el procedimiento para realizar el monitoreo al funcionamiento de estos, el riesgo de tener áreas que no se encuentren cubiertas con radares y el alcance de los dos únicos radares metereológicos que operan en Colombia.

De acuerdo con las quejas recibidas, siete de los 47 aeropuertos controlados del país cuentan con sistemas de aproximación de precisión, ante lo cual la Procuraduría solicitó información a la Aerocivil y a la Comisión Intersectorial de Seguridad Aeroportuaria y, de ser cierto lo expresado en las quejas, explicar las razones por las cuales los demás aeropuertos no poseen estos sistemas. 

Requirió además información acerca de las medidas correctivas que ha adoptado la Aerocivil para garantizar la infraestructura aeroportuaria en el país, tomando en cuenta que, al parecer, la seguridad de aeropuertos como los de Armenia, Ibagué, Neiva, Montería, Pereira, San Andrés, Valledupar, Villavicencio y Yopal presentan carencias en los filtros de seguridad.

Finalmente, la Procuraduría instó a la Aerocivil para que explique las medidas correctivas adoptadas para asegurar el cumplimiento de los itinerarios planificados por cada una de las aerolíneas que operan en el país.

El órgano de control precisó que la actuación preventiva que realiza no implica aval, coadministración o intromisión en la gestión que desarrollan los organismos del Estado.