Con elpropósito de garantizar a los ciudadanos el derecho al acceso a la información, la Procuraduría diseña actualmente una metodología con base en la cual los organismos del Ministerio Público harán seguimiento a las entidades del Estado respecto del cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1712 de 2014, denominada “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública”.
La citada norma le asignó al Ministerio Público funciones específicas, entre ellas promover el conocimiento y aplicación de esta ley; realizar informes sobre el cumplimiento de las decisiones de tutela referentes al acceso a la información; requerir a los sujetos obligados para que ajusten sus procedimientos y sistemas de atención al ciudadano a la legislación vigente; efectuar estadísticas y reportes sobre transparencia y acceso a la información de los órganos de la administración del Estado y sobre el cumplimiento de esta ley, y decidir disciplinariamente, en ejercicio del poder preferente, los casos de faltas o mala conducta por vulnerar el derecho de acceso a la información.
Se establece además que cuando los ciudadanos consideren que su solicitud de información puede poner en riesgo su integridad o la de su familia, podrán solicitar ante el Ministerio Público el procedimiento especial de solicitud con identificación reservada.
Por su parte, las entidades responsables del cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, deberán atender oportunamente las solicitudes de la ciudadanía y publicar de manera proactiva su información sobre aspectos como la estructura orgánica, funciones, deberes, cargos, escalas salariales, financiación, hojas de vida, presupuesto, informes de gestión y planes de adquisiciones. Asimismo, deberán regirse por el principio de máxima publicidad, según el cual toda información es pública y no podrá ser reservada sino por la ley o la constitución.
Por disposición de la Ley 1712 de 2014, las entidades del Ministerio Público deben contar con una oficina designada que disponga de los medios necesarios para el cumplimiento de las funciones y atribuciones allí establecidas. En este sentido, el procurador Alejandro Ordóñez creó recientemente el “Grupo de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública”, a través de la Resolución 146 de 2014.
Este despacho articulará esfuerzos con los demás organismos del Ministerio Público para la implementación de la metodología de seguimiento y control al cumplimiento de la ley.