Por unanimidad aprobaron ese acto legislativo que también delega la facultad del Fiscal General de investigar a funcionarios con fuero.

Por unanimidad, la plenaria de la Cámara aprobó en su sexto debate, de un total de ocho, el proyecto de reforma constitucional que le otorga a las víctimas de los llamados delitos menores la acción penal en dichos procesos, es decir que podrán presentar la respectiva acusación ante un juez de la República, sin la necesidad de la presencia de un fiscal.
Dicho proyecto de origen legislativo, que reforma el artículo 250 de la Constitución, fue promovido para llenar el vacío que dejó la declaratoria de inexequibilidad que hizo hace dos años la Corte Constitucional de la entonces ley de pequeñas causas, al argumentar que la facultad de investigar y acusar no podía recaer en la Policía Judicial, tal como lo establecía la norma, sino sólo en la Fiscalía General, tal como lo establece la Constitución.
A principios de este año, el Gobierno decidió respaldar esta iniciativa, después que el Ministerio del Interior tuviera que retirar el proyecto de ley de los delitos menores la legislatura pasada, por inconvenientes y reparos que hicieran los mismos ponentes.
El representante Germán Navas, del Polo Democrático, uno de los autores de la iniciativa, propuso incluir en la iniciativa, desde su primera vuelta legislativa, que la facultad del Fiscal General de investigar y acusar a funcionarios que gozan de fuero constitucional, tales como ministros, directores de despachos administrativos, generales y almirantes, pudiera ser delegada en el vicefiscal y fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
Esta disposición fue de igual manera aprobada ayer por la plenaria de la Cámara. Durante su intervención, el vicefiscal Juan Carlos Forero, señaló que actualmente la fiscal Vivianne Morales tiene a su disposición 1.160 procesos contra funcionarios con fuero, y que la solución de los mismos tomaría 10 años, por lo que consideró necesaria la medida de delegar estos expedientes.
Varios de los ponentes de la iniciativa, como los representantes Alfonso Prada, del Partido Verde, Carlos Arturo Correa y Carlos Edward Osorio, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), resaltaron durante la sesión plenaria de ayer, que el proyecto de acto legislativo ayudará a descongestionar la labor de la Fiscalía, tanto en los procesos contra aforados, como en los de los delitos menores. Además aseguraron que la medida ayudará también a erradicar la impunidad en esta clase de delitos. El ponente Gustavo Hernán Puentes, del Partido Conservador, señaló que será una ley ordinaria la que reglamente y especifique cuáles serán esos delitos menores en los que las víctimas podrán ejercer la acción penal, pero que de todas maneras la Fiscalía tendrá el orden preferente sobre los procesos que considere de mayor impacto para asumirlos directamente.
Sin embargo, el representante Jaime Buenahora, de La U, aunque se mostró a favor de la iniciativa, resaltó que ésta podría generar más congestión en la justicia, cuando cobre vigencia, “pues ahora serán más las personas que denuncien esta clase de delitos”.
De otro lado, hubo voces que pidieron estudiar mejor la posibilidad de que las víctimas ejerzan la acusación, como la de la representante Martha Cecilia Ramírez, del Partido Conservador, quien señaló que esta función podría ir en contra de la eficacia de la administración de justicia. Sin embargo, esas dudas fueron despejadas por los parlamentarios ponentes.