El hecho de que la discusión sobre víctimas es la que ha tomado más tiempo hasta el momento en las conversaciones en La Habana y luego queda por abordar el último punto sobre el final del conflicto, da para pensar que en 2015 no se alcanzará a firmar el anhelado acuerdo con las Farc para poner punto final al conflicto armado de más de 50 años.

El próximo domingo se cumplirán 28 meses desde que arrancaron en La Habana (Cuba), las negociaciones entre el Gobierno nacional y las Farc alrededor de una agenda de cinco puntos del denominado Acuerdo General para la Terminación del Conflicto.

En ese lapso se han logrado tres acuerdos, el primero de ellos en cuanto a política de desarrollo agrario integral, el segundo participación en política y el tercero sobre solución al problema de las drogas ilícitas.

La discusión hasta llegar a un acuerdo en estos puntos tomó en promedio cinco meses en cada uno de ellos (ver gráfico); sin embargo, la otra cara de la moneda se ha visto con el tema de víctimas pues este miércoles ajustará nueve meses en conversaciones, aunque con las consabidas pausas que por lo general son de 15 días entre ciclo y ciclo, permitiendo tanto a los negociadores del Gobierno analizar con el presidente Santos así como a las Farc con los jefes del Secretariado el tire y afloje de la negociación.

Vale recordar que de forma paralela en Colombia se realizó un foro nacional y varios regionales sobre víctimas, de los cuales salieron cientos de propuestas que fueron a parar de la mano de Naciones Unidas a La Habana para su análisis. En tanto que cinco grupos, de 12 víctimas cada uno, viajaron para ser escuchados en la mesa de negociaciones en esa capital.

La complejidad del tema de víctimas radica en que tiene que ver con derechos humanos y la forma de resarcir a los colombianos que fueron afectados por esta guerrilla así como la verdad a la que se debe comprometer en cuanto a los crímenes que ha cometido en el marco del conflicto; sin dejar de lado la responsabilidad que también ha tenido el Estado en la ocurrencia de estos hechos victimizantes.

Y tras superar ese escollo en la negociación, las partes en La Habana deben acometer el punto sobre el final del conflicto, sin duda, el más complejo para discutir y el reto más difícil de superar pues contempla, entre otros, el cese el fuego de hostilidades bilateral y definitivo; la dejación de armas así como la reincorporación de las Farc a la vida civil en lo económico, social y político.  

Adicional a ello queda en capilla la discusión sobre el tratamiento penal al que deberán someterse los cabecillas de las Farc en el marco de la denominada justicia transicional, aspecto sobre el cual la Corte Penal Internacional así como el procurador Alejandro Ordóñez y la oposición uribista tienen puesta la lupa, más los dos últimos pues han puesto en duda la afirmación del presidente Santos que no habrá impunidad en este proceso. 

Tampoco se puede olvidar que de los  puntos ya acordados, como tierras y drogas ilícitas, hay varios aspectos problemáticos que por lo mismo se dejaron para el final de la negociación, lo cual, sin duda, sumará un par de meses más a lo que tomará lograr pactos en víctimas y fin del conflicto.

Desde un principio el presidente Santos advirtió a las Farc que no estaba dispuesto a una negociación sin fin y que si veía que no progresaba se levantaría de la mesa con la tranquilidad que hizo el mejor esfuerzo para lograr la paz para Colombia.

Incluso, el Jefe de Estado quiso poner un techo al tiempo de la negociación, pues dijo que diciembre de 2013 era un tiempo más que suficiente para lograr un acuerdo final. No obstante, la fuerza de la realidad terminó por vencer los plazos de Santos, pues cuando se cumplió esa fecha apenas se había logrado acordar dos de los cinco puntos de la agenda: tierras y participación política.

Empero el presidente Santos ha señalado en los últimos meses su firme esperanza que este año se firme el acuerdo final.

Agenda realista

Decir que hay puntos fáciles en las negociaciones en La Habana sería faltar a la verdad porque precisamente tomó al Gobierno y las Farc cerca de seis meses ponerse de acuerdo sobre los elementos que debería contener la agenda del denominado Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, para lo cual pesó el pragmatismo de la administración Santos, que poniendo el retrovisor a las anteriores negociaciones tenía claro que permitir incluir más temas sería alargar la negociación y, por ende, dificultar un acuerdo final o darle a la guerrilla la posibilidad de dilatar este proceso.