“Las víctimas son quienes dirán qué tipo de verdad es aceptada”, manifestó el sacerdote Francisco de Roux, provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, durante la clausura del Foro Regional sobre Víctimas en Barrancabermeja.

De Roux afirmó que aquellos que han sufrido los diferentes hechos victimizantes son quienes tienen la misión de definir la justicia restaurativa en Colombia, con el fin de que no haya impunidad y de que se construya un camino hacia el cese al fuego.

“Las armas no generan héroes ni seguridad, sino víctimas y victimarios. Ustedes, que han vivido todo tipo de barbarie, son quienes tienen la posibilidad de hablar, proponer y decidir”, añadió según el reporte de la Agencia de Noticias UN.

El sacerdote participó en la mesa de clausura del foro, acompañado de Fabrizio Hochschild, coordinador residente y humanitario de la ONU; Alejo Vargas, director de Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional (UN); Luis Maira, embajador de Chile y acompañante en las negociaciones; y un representantes de la Defensoría del Pueblo.

En total asistieron más de 400 personas (193 mujeres y 209 hombres) al encuentro y que se organizó en diferentes mesas de trabajo. A esta jornada también concurrieron 41 jóvenes entre los 13 y 24 años, quienes formaron parte de una mesa especial.

El embajador Maira señaló que por la experiencia que el país austral tiene en materia de derechos humanos, luego de 17 años de dictadura, se reforzó la idea de acompañar el proceso que se está dando en Colombia, con el objetivo de que la paz no solo llegue a este país sino a toda Latinonamérica.

“Debemos ser un territorio de paz y desterrar todo lo que tenga que ver con guerra”, sostuvo el funcionario.

El informe de las mesas de trabajo mostró gran énfasis en el reconocimiento a las víctimas, así como la necesidad de establecer políticas diferenciales, sin importar quién haya sido el actor armado, ilegal o estatal, que provocó esta clase de actos.

Dentro de las propuestas se insiste en reconocer a quienes sufrieron las acciones de violencia interna, desde 1960 e incluso 1948. Adicionalmente, se planteó que las víctimas incluyeran grupos étnicos, mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, población LGTBI y en condición de discapacidad.

En el punto de esclarecimiento de la verdad, se insistió en la creación de una comisión autónoma que ayude a identificar los orígenes del conflicto y a investigar las posibles relaciones entre megaproyectos o multinacionales con actores armados.

El bajo Cauca antioqueño es una de las zonas de conflicto vigente en hechos como desplazamientos, asesinatos y demás violaciones a los derechos humanos. En el foro estuvo presente un representante de organizaciones de más de 5.200 víctimas en la zona, que por seguridad prefirió omitir su nombre y el del colectivo que representa.

Este líder perdió a su hermano a causa de actos de agentes estatales en 2007 y actualmente se empeña en defender y acompañar a quienes viven en carne propia esta clase de actos.

En su opinión, son importantes las propuestas que acerquen a una paz duradera y parte del aporte debe ser una mayor presencia de las Fuerzas Militares en su territorio. “Hay abandono y los grupos ilegales lo aprovechan. La seguridad da un gran equilibrio”.

Otro de los asistentes fue Dimas Ospino, líder campesino del corregimiento El Guayabo, del municipio santandereano de Puerto Wilches, ubicado a 52 km de Barrancabermeja y a 157 km de Bucaramanga.