Una invitación a las víctimas para que sean fiscalizadoras de la Comisión de la Verdad anunciada en las negociaciones de paz con las Farc en La Habana, hizo el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.

Al instalar en Paipa, Boyacá, la segunda Mesa Nacional de Víctimas, Otálora dijo que la Comisión no puede volverse un instrumento consensuado porque “se convertiría en un tribunal de arbitramento, donde una parte elige uno, otra parte elige el otro y entre los dos eligen al tercero” en detrimento de la verdad que esperan las víctimas del conflicto.

Otálora propuso un control social natural y la intervención decidida de los organismos de control para garantizar ese derecho fundamental de cara a la construcción de una paz estable y duradera.

De otra parte, Otálora hizo un llamado a la nueva Mesa Nacional de Víctimas para que frente al escenario electoral que se avecina en los municipios y departamentos del país, no permita que los políticos de turno interesados en aprovechar las condiciones de vulnerabilidad de las personas afectadas por la confrontación, manipulen o incidan en las decisiones y en la expresión natural de quienes representan a los que en última constituyen la legitimación definitiva del proceso de paz.

Tras reconocer una vez más el acierto del Gobierno cuando publicó las actas de los acuerdos alcanzados hasta ese momento en los diálogos de La Habana, Otálora dijo que es necesario un mayor acercamiento del equipo negociador con las víctimas para que, en medio de la discreción que exigen las conversaciones, se les cuente cómo va y para dónde va el proceso de cara a sus inquietudes y demandas.

Para Otálora, esa es la mejor manera de contrarrestar los ataques de los enemigos del proceso, quienes hacen planteamientos y llegan a conclusiones alejadas de la realidad.

“Soy el primero en rechazar a entidades o funcionarios que se quieren adueñar del proceso de paz. Y que bien alejados han estado de las víctimas y sus necesidades, pero ahora vienen a opinar y a proponer política en ese escenario”, sostuvo.

Elección

Al cumplirse cuatro años de la Ley 1448, Otálora instaló la segunda Mesa en un acto acompañado por los directores de la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Paula Gaviria); el Departamento para la Prosperidad Social (Tatyana Orozco), y el Centro de Memoria Histórica (Gonzalo Sánchez), entre otras personalidades.

De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, en el primer proceso de elección de 2013 se conformaron 911 mesas de víctimas y 33 mesas departamentales (incluyendo la de Bogotá). Para este periodo se contaron 990 mesas municipales (incluyendo las 16 locales de Bogotá) y 33 mesas departamentales (incluyendo la de Bogotá) para un total de 1.023 mesas en todo el país, cuyos representantes participaron activamente para obtener un cupo en la Mesa Nacional.

Por salones, de acuerdo con cada hecho victimizante (integridad física y psicológica, violencia sexual, vida y libertad, y desplazamiento forzado) y enfoque diferencial (personas en condición de discapacidad, personas mayores, mujeres, Lgbti y jóvenes), se cumplió la elección con garantes del proceso como la Defensoría del Pueblo, que ejerce la Secretaría Técnica, la Registraduría y la Unidad para las Víctimas.

“El éxito está en el voto para que la Mesa funcione bien. Un voto con conciencia, para respaldar y fortalecer la democracia, pensando siempre en un país mejor, en un país que camina hacia la paz, y por los derechos de las víctimas”, dijo Hernando Toro, director de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, minutos antes de iniciarse el proceso democrático.

En total fueron elegidos 44 líderes por hechos victimizantes, enfoques diferenciales, y por cada uno de los departamentos del país. Como coordinador de la Mesa fue elegido Odórico Guerra, que representa al enfoque diferencial afro y al departamento del Magdalena.

“Las víctimas son el centro del proceso de paz y de las políticas públicas del país. Los líderes hoy electos en la Mesa Nacional de Participación de las Víctimas deben llevar la vocería de las 7 millones de víctimas que tiene hoy Colombia, y ser asertivos en las propuestas de incidencia que tengan para su atención, asistencia y reparación integral, como lo busca la Ley”, dijo Gabriel Bustamante Peña, subdirector de Participación de la Unidad para las Víctimas.