La discordia por la supuesta exclusión del 86% de los afectados en el conflicto será uno de los temas que tendrá que afrontar el Gobierno, que insiste en reparaciones equitativas

Tanto de largo como de ancho tiene la discusión sobre los alcances y la estructura del Plan Nacional de Desarrollo (PND), y uno de los temas más controversiales es el de la reparación a las víctimas del conflicto armado en el país. Mientras la Procuraduría no retrocede en su tesis de que se excluiría al 86% de ellas, el Gobierno insiste en que las acciones para hacer el tránsito hacia una Colombia en paz están incluidas en el documento.

La semana pasada el procurador General, Alejandro Ordóñez, enfatizó en que si bien es cierto que el documento Conpes se constituye en un documento técnico de planeación “que puede ser modificado en cualquier momento, también lo es que las metas propuestas por el DNP implicarían la exclusión de cerca del 86% de las víctimas del conflicto armado”. Tema que está directamente relacionado con la distribución de la tierra en el país.

El organismo de control aduce vacíos que contendría el articulado, que continuará siendo objeto de discusión esta semana en el Legislativo, al formular un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que se revisen las metas en materia de reparación integral.

Las observaciones publicadas por la Procuraduría muestran una preocupación porque “según el documento expedido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), a los 7 años y medio de la promulgación de la Ley de Víctimas sólo se habrá reparado de manera parcial un 14% de ellas, dado que a la fecha en el Registro Único de Víctimas se conoce una cifra 7’028.766, la cual seguirá aumentando en tanto presenten su declaración las personas afectadas por hechos posteriores a la promulgación de la citada Ley 1448”.

Medidas

Por ejemplo, dice, el indicador referente al acceso a las medidas de rehabilitación física y mental, se reducen frente a la meta planteada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social: en el citado documento Conpes se proyectó que a 2021 se atenderían 3’000.000 de víctimas, mientras que en el Plan de Desarrollo se planea atender en cuatro años a 1’875.570.

Las críticas no se han hecho esperar como es el caso del representante Pierre García, para quien lo grave “es que en este PND, de forma sistemática, van a incumplir en todos y cada uno de los programas donde piensan hacer inversión, sea en lo social, educación o infraestructura. Tendrán que hacer recortes muy fuertes porque faltan más de 70 billones de pesos para cumplir con las metas planeadas”.

A su turno, el Senador del Centro Democrático Iván Duque, anotó que otro de los cuestionamientos que se deberá resolver “es si el presupuesto destinado para el PND alcanzará para cumplir con todas las metas planteadas y si guarda real consistencia con el Marco Fiscal y el Marco de Gasto de Mediano plazo, los cuales se edificaron sobre supuestos que hoy han perdido validez”.

Duque también precisó que llama la atención la desigual asignación presupuestal de los pilares del plan, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: Educación: está por el orden del 20%; Paz: cercano al 2%; Equidad: cercano al 30%.

Opinión similar fue la del senador por el Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, quien recordó una investigación que apunta a advertir de un hueco de 70 billones de pesos en su financiamiento.

De acuerdo con Robledo “la Ley del Plan de Desarrollo es antidemocrática (…) tiene más de 250 artículos de todos los temas y dan 5 minutos para opinar y se incluyeron 136 imposiciones de la OCDE, entre las que se encuentran subir el IVA y aumentar la edad de pensión”.

Posición del Gobierno

Y es que ante las voces de crítica por la aparente desfinanciación del PND, el director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria, explicó en la más reciente entrevista concedida a EL NUEVO SIGLO que “el Plan Nacional de Desarrollo es realista con la situación fiscal del país. El plan de inversiones se calculó inicialmente con un precio del petróleo canasta Colombia de 70 dólares el barril y se bajó luego a 48 dólares, atendiendo esa nueva realidad de la economía mundial”.

Así las cosas, “la cifra global se ubicó en 703 billones de pesos y lo que el país debe hacer es tener un manejo austero del gasto. Adelantaremos una política de eficiencia en el gasto con el modelo de presupuesto de inversión por resultados y estos se medirán con indicadores específicos”.

Al ser preguntado por la destinación de recursos del Sistema General de regalías al tema de víctimas del conflicto, Gaviria hizo énfasis en que “los recursos del Sistema General de Regalías son invertidos de acuerdo con los objetivos de los Planes de Desarrollo de cada una de las entidades territoriales, entiéndase como municipios o departamentos, de manera autónoma. Por eso no se puede identificar un rubro o cajón especial para destinar a las víctimas del conflicto”.

Sin perjuicio de lo anterior, “desde el Departamento Nacional de Planeación y en compañía de la Unidad de Víctimas promovemos la inversión de estos recursos en la implementación de la Ley de Víctimas en departamentos como Nariño, Putumayo, Valle del Cauca y en Magdalena”.

Incluso, hace dos semanas, el mismo Gaviria argumentó que una estrategia integral, que garantiza el pleno ejercicio de los derechos de las víctimas del conflicto armado, la seguridad ciudadana y una nueva arquitectura institucional para cerrar brechas, reducir la pobreza y potenciar el desarrollo de las regiones, es lo que planea el Gobierno Nacional para la construcción de la paz de firmarse el acuerdo de La Habana.

Conflicto armado

Las acciones para hacer el tránsito del conflicto armado hacia una Colombia en paz están incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 'Todos por un Nuevo País', “cuyos pilares son la paz, la equidad y la educación, y que fue radicado en el Congreso de la República para su discusión”.

En cuanto a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado se contempla la ampliación de la cobertura de los programas especializados conducentes a compensar el daño directo sufrido por las víctimas del conflicto. La verdad, justicia y reparación es la garantía del pleno goce de los derechos y contribuye a la paz estable y duradera.

Opinión que ha sido complementada por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien plantea que se afirma que todo está lineado en el fortalecimiento institucional de los territorios y en la articulación de las entidades competentes para asegurar los derechos de los habitantes.

En esta dirección, “el PND incorpora seis estrategias: superación de la situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento forzado por la violencia; reparación integral de las víctimas del conflicto; reparación colectiva de las víctimas del conflicto”.

Así como retornos y reubicaciones urbanas y rurales de las víctimas del desplazamiento forzado  por la violencia “y la restitución judicial de tierras; la reconstrucción de la memoria y el esclarecimiento de la verdad del conflicto armado interno; y el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación de la política de atención, asistencia y reparación integral de víctimas”.

La defensa también vino de parte del presidente Juan Manuel Santos quien ante la ONU sostuvo que con base en los planes que se habían trazado con este organismo y sus países miembros, “Colombia en una coyuntura de tiempo, en una coincidencia muy afortunada, es el primer país del mundo en diseñar su Plan de Desarrollo teniendo en cuenta estas metas”.

Según Santos, “nuestro Plan para los próximos 4 años –el que ahora mismo se discute en el Congreso de la República– ha sido diseñado con la visión de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como un primer paso para guiar las acciones y políticas públicas hacia la erradicación irreversible de la pobreza, y el logro de un desarrollo que preserve el medio ambiente y mejore las condiciones humanas en muchos sentidos”.

Así las cosas, esta será otra semana de controversiales argumentos, ya que las cuatro subcomisiones que se comprometieron a analizar los ejes temáticos de la iniciativa tendrán que exponer sus conclusiones esta semana ante el Gobierno, las cuales se prevén llenas de críticas.

Esas cuatro subcomisiones analizarán los alcances de los temas de movilidad social y territorial, infraestructura, agro y agenda verde.

Mañana se convocará nuevamente a las comisiones conjuntas y el miércoles se reunirán los coordinadores ponentes, para que el viernes o el sábado efectúen un foro en Montería.