UNA DE las controversias políticas más intensas de los últimos dos años ha sido, sin duda, qué tan de acuerdo está el vicepresidente Germán Vargas Lleras con el proceso de paz que adelanta el gobierno Santos con las Farc.

 

Aunque desde el mismo momento en que Vargas aceptó, a finales de 2013, que sería la fórmula vicepresidencial en la campaña reeleccionista de Santos, quedó claro que si triunfaban en las urnas el tema de la paz sería liderado y manejado exclusivamente por el Jefe de Estado y sus delegados, en tanto que el segundo a bordo tendría bajo su tutela todo el tema de la infraestructura, a medida que ha pasado el tiempo las presiones para que ese pacto político cambie han ido creciendo.

 

Paradójicamente no ha sido la oposición la que más ha insistido en que Vargas Lleras siente postura puntual y detallada sobre los aspectos más controversiales del proceso de paz con las Farc, sino que las presiones más fuertes vienen del interior de la propia coalición de Unidad Nacional que ha sido el soporte del mandato y medio de Santos.

 

No hay que olvidar, por ejemplo, que en la antesala de las elecciones regionales y locales de octubre del año pasado, los partidos de La U y Liberal enfilaron baterías contra Cambio Radical y Vargas Lleras, acusando a esta última  colectividad de favorecerse política y electoralmente de la labor vicepresidencial en la infraestructura y al segundo de no “jugarse” abierta y claramente por el proceso de paz, como sí lo estaban haciendo Santos y el resto de la coalición, cargando el peso del desgaste político propio de una negociación no sólo larga y dilatada, sino con temas abiertamente impopulares encima, como las gabelas políticas y judiciales para los guerrilleros.

 

Ese escenario tenía, como era apenas obvio, de telón de fondo tanto el pulso por el poder regional y local, como la campaña presidencial para 2018, sabido desde finales de 2013 que el segundo a bordo será candidato a la sucesión de Santos.

 

Vargas Lleras esquivó esas acusaciones y la estrategia le dio frutos pues a su partido le fue bien en materia de gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, al tiempo que las encuestas evidenciaron que mientras la imagen y popularidad de Santos empezó a decaer, la del Vicepresidente se puso en lo alto de la tabla.

 

Tres flancos

Con esa lección política y electoral aprendida, la estrategia para forzar a Vargas a pronunciarse sobre los temas álgidos del proceso de la paz se abrió en tres flancos.

 

El primero es aquel que busca que el Vicepresidente también entre a pagar el costo político del proceso con las Farc. Ello porque mientras Santos ha ido cayendo al sótano de las encuestas por cuenta de las críticas y reservas ciudadanas sobre los temas más gruesos de la negociación con la guerrilla (perdón judicial y habilitación política), Vargas continúa arriba en materia de favorabilidad, lo que sus críticos atribuyen a que maneja billonarios presupuestos, tiene alta representación en ministerios y burocracia y, sobre todo, capitaliza a su favor el impacto positivo de las obras de infraestructura.

 

Un segundo flanco en la estrategia de sus rivales más que querer que el Vice ayude a cargar la ‘cruz’ del proceso de paz, está empeñado en forzar su renuncia lo más rápido posible, sin tener que esperar hasta el primer trimestre de 2017, cuando se le vence el plazo para dar un paso al costado y no inhabilitarse como candidato presidencial en 2018.

 

El objetivo principal de este segundo flanco es que Vargas salga del Gobierno y quede en la misma situación del resto de posibles precandidatos y candidatos presidenciales. Es decir, sin manejo de presupuesto, nómina ni la exposición mediática gubernamental.

 

Paradójicamente quienes hacen parte de esta estrategia consideran que es el propio lastre del proceso de paz y la forma en que está afectando políticamente a Santos, lo que debe llevar a que el segundo a bordo piense en que debe acelerar su salida para que no lo arrastre la inercia negativa de una negociación que si hoy genera muchas críticas y dudas, tendrá más oposición cuando la ciudadanía conozca, al detalle, el alto grado de impunidad que los acuerdos proyectan para los guerrilleros.

 

Incluso hay vargaslleristas que se ubican en esta misma línea, al considerar que a un dirigente del perfil del hoy Vicepresidente, fuerte crítico de las anomalías en el Caguán, con eco y apoyo en sectores de centro y centro-derecha, y posturas muy conocidas sobre el respeto al estado de derecho y el imperio de la autoridad sobre los delincuentes,  no le conviene entrar a compartir el costo político de un acuerdo de paz que apunta a ser muy laxo con la subversión. Incluso aquí también suman la urgencia de no respaldar una reforma tributaria estructural, como la proyectada por el Gobierno para el segundo semestre.

 

Y el tercer flanco lo componen, precisamente, los que consideran que más importante que forzar a Vargas a que apoye los puntos más críticos del proceso de paz o a que salga rápidamente del Gobierno, la clave está en ponerlo en la otra orilla, es decir en la de los críticos de la negociación con la guerrilla.

 

Para nadie es un secreto que La U y los liberales quieren adueñarse de la bandera de la paz como principal plataforma de estrategia presidencial para 2018. Como tampoco lo es que, precisamente, esa es la intención que hay detrás de la sorpresiva incursión del senador Roy Barreras como “acompañante” de la Mesa de Negociación en La Habana o de los crecientes rumores en torno a que el hoy jefe negociador gubernamental, Humberto de la Calle, ha sido visto por ambas colectividades (sobre todo por las toldas rojas) como eventual candidato a la Casa de Nariño. Claro está, si la negociación con las Farc desemboca en un acuerdo final y este es votado positivamente por los colombianos.

 

En ese orden de ideas, bien podría decirse que hoy muchos sectores de La U y los liberales maniobran para que el Vicepresidente se vea finalmente forzado a tener que hablar del proceso de paz y, dadas sus posturas políticas antecedentes, el día que lo haga marque distancia frente a los alcances de la negociación con las Farc. Al hacerlo, consideran, no sólo tendría que renunciar al Gobierno sino que quedaría ubicado en la misma orilla de los contradictores a las tratativas, en donde ya está desde hace mucho tiempo el expresidente Álvaro Uribe, su partido Centro Democrático, una parte del conservatismo y otros sectores que si bien están de acuerdo con una salida negociada al conflicto, advierten que las gabelas políticas y jurídicas a la subversión son excesivas.

 

En palabras más sencillas: este tercer flanco lo que busca no es otra cosa que crear un cisma político y electoral entre Santos y Vargas Lleras, con todo lo que ello implica no sólo para la segunda mitad del mandato, sino de cara a una contienda presidencial que tendrá en la campaña por el plebiscito por la paz (si es que la Corte Constitucional no tumba la respectiva ley de convocatoria o la reforma sustancialmente) la primera de sus batallas políticas de amplio espectro.

 

¿Qué hacer?

Es claro que siendo tres los flancos de la estrategia de los rivales y críticos del Vicepresidente, hay varias alternativas que este podría adoptar.

 

Por ejemplo, hay quienes en Cambio Radical consideran que lo mejor que puede hacer su seguro candidato es, literalmente, nada. Es decir, que debe concentrarse en estos últimos seis, siete, ocho o nueve meses en el cargo (dependiendo de la fecha que escoja para renunciar) en acelerar el paso de los proyectos de infraestructura porque, precisamente, mostrar resultados en este campo es lo que no sólo lo convirtió en el salvavidas de la imagen y calificación gubernamental, sino que lo confirmaron como efectivo ejecutor.

 

En ese orden de ideas, la estrategia no sólo sería esquivar las provocaciones de los partidos de la coalición de Unidad Nacional (o lo que resta de ella), sino cumplir a rajatabla con el pacto con Santos: la paz la maneja el Presidente y la infraestructura el Vicepresidente.

 

Pero también hay analistas que consideran que el Vicepresidente no puede dar la gabela política ni electoral de que La U y liberales se traten de adueñar de la bandera de la paz, pues él es el segundo a bordo del gobierno que adelanta el proceso, sus votos fueron determinantes para su reelección y Cambio Radical, con las reservas del caso en temas puntuales, ha sido determinante para sacar avante en el Congreso los proyectos relacionados con el proceso de paz, al tiempo que ha cerrado filas en la Casa de Nariño para defender las tratativas en las distintas crisis.

 

Así las cosas, hay quienes creen que Vargas tendría que abandonar su postura de prudente silencio frente al proceso, saliendo a respaldarlo y defenderlo públicamente, con los riesgos y ventajas que ello implica, habida cuenta de que la bandera de la paz es muy fuerte a la hora de las urnas, como ya lo comprobó resignadamente el uribismo al perder en la segunda vuelta de 2014, pese a imponerse con Oscar Iván Zuluaga en la primera.

 

Incluso, por más que hoy haya dudas sobre los alcances de un eventual acuerdo de paz, es claro que si este llegar a ser refrendado en las urnas por los colombianos sería de obligatorio cumplimiento para el próximo gobierno, sea cual sea su titular. Es evidente que a Vargas no le convendría que sus rivales dentro de la coalición nacional y fuera de ella  lo quieran mostrar como un derrotado en el plebiscito por la paz si llegara a ganar el Sí.

 

De otro lado, también existe una tercera hipótesis, según la cual el Vicepresidente sí debe romper cobijas con Santos alrededor del proceso de paz, atendiendo a que su línea política no le permite estar de acuerdo con algunas de las gabelas y cesiones pactadas ya con las Farc. No hacerlo, podría quitarle credibilidad y electorado, más aún cuando incluso desde las toldas uribistas y sectores centristas una candidatura suya genera empatías atadas a la imagen de autoridad no transable.

 

Sin embargo, dicho rompimiento tendría que ser motivado, es decir que debería haber una razón de fondo e inapelable para justificar por qué se aleja del Gobierno y su proceso de paz. Ello –según algunos analistas- sólo se podría configurar cuando se sepa exactamente qué se pactó con las Farc, qué pasará con desarme subversivo, cómo se aplicará la justicia transicional, cuándo se podrán activar políticamente los cabecillas y otros temas de alto impacto para los colombianos. Para que todas esas preguntas queden resueltas faltan algunas semanas o incluso dos meses, según lo que se afirma en La Habana.

 

Dicho todo lo anterior, es claro que la foto que el lunes en la noche se tomó el presidente Santos, Vargas Lleras y todo el gabinete ministerial en el lanzamiento de la nueva campaña “#SíAlaPaz”, que se supone será el puntal de lanza para impulsar la votación positiva del plebiscito, puede tener tantas interpretaciones como se quiera, según los flancos ya descritos, las posibles estrategias que tiene el Vicepresidente y los respectivos análisis.

 

La foto muestra a Santos y Vargas en el mismo bus de la paz. Es decir que, a hoy, el Vicepresidente sigue firme en el Gobierno y respalda con su presencia y silencio positivo un proceso que Santos sigue manejando de manera exclusiva. ¿Qué puede pasar después? ¿Hasta dónde y cuándo irá en ese bus el segundo a bordo? Nadie lo sabe. Todo dependerá de tres hechos puntuales: cuál sea el pacto final con las Farc, qué pase con la ley del plebiscito en la Corte y, finalmente, para cuándo se fije la eventual cita en las urnas. Por ahora todo sigue, como desde noviembre de 2013, en el terreno de la especulación.