Después de las decisiones constitucionales del Señor Procurador General de la Nación y del Consejo de Estado sobre la situación jurídica del señor Alcalde Mayor de Bogotá D.C., Gustavo Petro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH-, tomó la decisión de solicitar al Estado Colombiano suspender la destitución del Alcalde Gustavo Petro en cumplimiento de una medida cautelar.
Considero que antes de tomar una decisión, el señor Presidente de la República debería solicitarle a la Canciller María Angela Holguín que dialogue con los integrantes de la CIDH sobre el contenido y alcances de estas medidas cautelares y que el propio Presidente de la República se reúna de manera urgente con el señor Procurador General de la Nación, la Presidenta del Consejo de Estado y el Presidente de la Corte Constitucional para analizar las decisiones finales con relación al Alcalde Gustavo Petro y teniendo en cuenta la nueva situación que se ha creado con las medidas cautelares de la CIDH.
Es bueno anotar que en repetidas oportunidades, la CIDH ha promulgado medidas cautelares con relación a diferentes casos colombianos y en varias ocasiones, de manera reiterada, la Corte Constitucional Colombiana ha expresado que esas medidas cautelares deben ser tenidas en cuenta como vinculantes para el Estado.
El Estado Colombiano se ha caracterizado por ser un defensor de todo el Sistema Interamericano y de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. De lo que se trata, no es de cual opinión prima sobre las otras ni tampoco de quedar bien con las personas que desean que Petro se quede o se vaya, de lo que se trata es de enviar un mensaje de respeto al Sistema Internacional de Derechos Humanos y reiterar que ese mensaje no estamos dispuestos a modificarlo por situaciones internas que no fueron creadas sino heredadas por el Presidente de la República.
Recordemos el principio que el mejor amigo es el que nos dice la verdad. Recordemos también que en el servicio público no podemos seguir dándole el mismo tratamiento a errores administrativos que a hechos criminales de corrupción o de relacionamiento con grupos armados ilegales.