Pese a que el pasado 13 de enero el Gobierno le vendió Isagen por $6,48 billones a la empresa canadiense Brookfield, que ya desembolsó el dinero, esta subasta podría ser reversada si el Consejo de Estado declara la nulidad.

Así lo dijo a EL NUEVO SIGLO el  exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández.

Indicó que sin importar que ya el dinero esté en las arcas del Estado este proceso podría tener marcha atrás, “independientemente de todo puede existir un reversazo de esta medida si se declara la nulidad, esta audiencia pública lo que busca es que los magistrados tengan elementos suficientes para fallar pero no quiere decir que ahí necesariamente se produzca el fallo”.

En las últimas horas el Consejo de Estado fijó para el 2 de marzo la audiencia pública para escuchar a los 12 congresistas que presentaron una demanda de nulidad contra el proceso que adelantó el Gobierno para la venta de la hidroeléctrica.

Los congresistas citados deberán exponer los argumentos jurídicos sobre los riesgos que representa para el país la venta de la generadora de energía.

De igual forma los congresistas explicarán las razones por las cuales el Gobierno incurrió en presuntas irregularidades al realizar el proceso de subasta, con un solo oferente para dicha venta.

El Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos, citó a esta audiencia a representantes del Gobierno, en cabeza del ministro Mauricio Cárdenas Santamaría, para que expliquen las acciones que realizaron dentro de este proceso de enajenación.

Mientras tanto, la Fiscalía le abrió investigación preliminar al ministro Cárdenas por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la venta del 57,66% de las acciones del Gobierno en Isagen.

La investigación se desprende de la denuncia presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas en la que se manifiesta que en el proceso de subasta se hizo con un único oferente, acción que fue calificada como irregular. “Se advertirían vicios en el desempeño como servidores públicos y en el patrimonio colectivo de los principios básicos de la función pública y de la contratación administrativa”.