Los recursos que se van a recibir por dicho proceso se van a canalizar en la financiación de las concesiones de cuarta generación afirmo el ministro de Hacienda Mauricio Cardenas Santamaría.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría reiteró que “los recursos que se van a recibir por dicho proceso se van a canalizar en la financiación de las concesiones de cuarta generación. Ni un solo centavo se va a destinar para el presupuesto general de la Nación”.

“Estos recursos el país los necesita para la infraestructura de transporte debido a que va a generar empleo y productividad de las empresas del país” explicó Santamaría.

Tras larevocación de las medidas cautelares, el Consejo de Estado dio vía libre a la venta del 57 por ciento de la participación que el Gobierno tiene en Isagén y por el que espera recibir al menos 5 billones de pesos.

La decisión se adoptó al resolver los recursos de súplica interpuestos por los Ministerios de Hacienda y Minas y Energía.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó el auto emitido el pasado 28 de marzo por medio del cual se ordenaron medidas cautelares con las cuales se suspendió provisionalmente el decreto 1609 de 2013 sobre la venta del paquete de acciones de la empresa.

El Consejo de Estado consideró que el demandante no hizo un aporte de las pruebas para sustentar la necesidad de conceder las medidas cautelares. Sin embargo sí se consideró que las partes demandadas presentaron elementos materiales probatorios que sustentaron la inconveniencia de esta suspensión. Entre las pruebas presentadas se encuentran los trámites y procedimientos exigidos por la ley para la expedición del decreto que autorizó la venta.

“La Sala encuentra que en las pruebas aportadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, existen los estudios de valoración de las acciones de Isagén y se explican las variables y métodos a partir de los cuales se realizó dicha valoración, por lo tanto no se encuentra probada la vulneración a la que hace referencia el demandante en este punto”, precisó el alto Tribunal al considerar que los requisitos para la venta accionaria del Estado en empresas están establecidos en la Ley 226 de 1995 se cumplieron. 

Para la Sala de Justicia, “en lo que tiene que ver con la afirmación del demandante, según la cual no es posible trasladar bienes del patrimonio público al patrimonio privado, la Sala advierte que el artículo 60 de la Constitución Política, contrario a lo afirmado por el demandante, establece la posibilidad de privatizar la propiedad del Estado. Así, según el artículo mencionado cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria”.

Con las medidas cautelares, el Consejo de Estado hizo que se suspendiera la venta de las acciones del Gobierno y que se necesitan en los próximos años para superar el rezago en materia de infraestructura. 

Por otra parte, ayer la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, condicionó la integración entre Empresa de Energía de Bogotá (EEB) e Isagén a la eliminación de varios de los derechos políticos que la compañía tiene en Emgesa  y Codensa y a la desinversión de ciertos intereses económicos en el mercado de energía eléctrica.

Para la SIC es claro que una operación de este tamaño e importancia, sin el cumplimiento de condiciones previas mínimas, derivaría en un aumento de precios en el mercado de generación de energía eléctrica, en perjuicio de los hogares y de las empresas colombianas.

La determinación fue adoptada por el superintendente de Industria y Comercio Ad hoc, Luis Guillermo Vélez, tras un detenido análisis de un eventual proceso de integración.

Para la Superintendencia una operación de este tamaño e importancia, de no ser condicionada, derivaría en un aumento de precios en el mercado de generación de energía eléctrica en Colombia, en perjuicio de los hogares y las empresas nacionales.

Vélez manifestó que los condicionamientos ordenados buscan aislar o eliminar el efecto anticompetitivo que produciría la integración propuesta e implementan medidas de carácter estructural que aseguran el funcionamiento adecuado del mecanismo de precios en el mercado de energía colombiano.