A pesar de la oposición en varias regiones del país y del rechazo por parte de algunos senadores expresado en un debate de control político adelantado por la plenaria de esta Corporación en días pasados, la venta del paquete accionario que tiene el Estado en cinco electrificadoras no tiene marcha atrás.
Así lo confirmó el ministro de Hacienda y Crédito Público Juan Carlos Echeverry durante este debate de control político.
En el caso particular de la Empresa de Energía de Boyacá (EBSA), el Ministro explicó que “el valor patrimonial de la empresa se ha desvalorizado y por lo tanto es inminente buscar socios estratégicos; además, la Nación no debe acumular activos que no le representen rentabilidad”.
Otra de las razones expuestas por el funcionario se relaciona con la optimización de servicios, es decir “calidad a menor precio”, según reiteró. Por lo tanto, “si no se venden esos activos se tiene que acudir al cobro de más impuestos”, explicó Echeverry.
El Gobierno incluyó dentro del Presupuesto General de la Nación para 2012, aprobado hace pocos días, privatizaciones por $5 billones, monto que incluye la venta del paquete accionario que tiene el Estado en las electrificadoras de Boyacá, Meta, Huila, Nariño y Caquetá.
El senador Juan de Jesús Córdoba (Partido Conservador) defendió la no privatización de la EBSA, tras asegurar que “no se debe vender porque es una empresa rentable, económica y social”.
Según el Congresista, “esa acción atenta contra el patrimonio de los boyacenses, pues la empresa es un ejemplo de eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Además se encuentra entre las cien mejores empresas del país”.
Sin embargo, el ministro de Minas y Energía Mauricio Cárdenas manifestó que “esta negociación representa ganancias netas para los boyacenses” y también que “las tarifas permanecerán estables. La calidad del servicio mejorará”.
Por su parte, el senador Jorge Pedraza Gutiérrez (Partido Conservador) dijo que “esta empresa representa el sentimiento y el sentido de pertenencia de los boyacenses en cuarenta y cinco años. Es un estabilizador social, promueve el desarrollo del departamento y la consolidación institucional”.