Venezuela necesita "urgentemente" políticas para reducir la inflación y ajustar los desequilibrios de su economía, consideró este jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI), aludiendo a un factor clave de las protestas en el país suramericano.

Los venezolanos "parecen enfrentar dificultades significativas, una política es requerida urgentemente para reducir sus desequilibrios y restaurar la estabilidad de precios", dijo el portavoz adjunto del FMI, William Murray.

Aunque Venezuela rechaza desde hace ocho años las evaluaciones económicas que la institución lleva a cabo en forma anual con cada uno de sus Estados miembro, "el Fondo está listo para asistir al gobierno en mejorar el crecimiento y la estabilidad", señaló Murray.

Venezuela, bajo un férreo control cambiario desde 2003, soporta una inflación anualizada de 57,3%, la más alta de América Latina, y una crónica escasez de productos y alimentos básicos.

Azuzados por ese desolador panorama económico, así como por la alta criminalidad, estudiantes y opositores han protagonizado desde inicios de febrero protestas callejeras contra el presidente Nicolás Maduro, que han dejado 34 muertos y más de 400 heridos.

La crisis política ha sido marcada en los últimos días por la destitución y condena a prisión de dos alcaldes opositores acusados de no impedir la construcción de barricadas en las protestas y por el arresto de tres generales acusados de intentar un golpe de Estado.

Las relaciones entre Venezuela y el FMI se vieron fuertemente dañadas cuando la institución con sede en Washington había brindado un respaldo, en abril de 2002, a un efímero gobierno producto de un fallido golpe de Estado contra el expresidente Hugo Chávez.

Los Estados miembro del FMI tienen la obligación de someterse a evaluaciones anuales de su economía, pero si no la respetan, no por ello reciben sanciones.

En 2007, Chávez, fallecido en marzo de 2013, creó un Banco del Sur para prescindir del FMI y del Banco Mundial pero nunca llevó a cabo su amenaza de abandonar las dos instituciones.

Como Venezuela, Argentina dejó de someterse a auditorías por parte del FMI desde que canceló en 2006 todas sus deudas con el ente, al que acusó de ser un detonador clave de la crisis económica que sufrió en 2001, aunque tampoco rompió con el organismo multilateral.