• Casi 70 medios cerrados y 500 agresiones
• Sigue vigente polémica “ley contra el odio”

No es ninguna novedad afirmar que la libertad de prensa en Venezuela está contra la pared por cuenta del régimen dictatorial del gobierno de Nicolás Maduro, una justicia politizada y las últimas decisiones de una asamblea constituyente de ‘bolsillo’ del chavismo que quiere imponer como única ‘verdad’ la información emitida o avalada por el oficialismo y los medios de comunicación subordinados al mismo.

La situación es cada vez más crítica. Ayer el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) dio a conocer su informe anual, según el cual entre emisoras y canales de televisión sacados del aire, así como medios impresos sin posibilidad de acceder a papel para poder seguir circulando físicamente, un total de 69 medios cerraron en Venezuela en el año que termina.

A ello se suma una gran cantidad de casos de hostigamientos y presión a los periodistas. El referido sindicato contabilizó en los últimos doce meses casi 500 agresiones a comunicadores, incluyendo la detención de 66 periodistas. Se trata de una situación que se degrada cada vez más, a tal punto que en comparación con 2016 los ataques a los trabajadores de los medios de comunicación aumentaron un 26 por ciento.

Todas estas acciones, según el gremio de la prensa, hacen parte de un abierto y burdo intento de las instancias gubernamentales para que no se conozca la verdad sobre la crisis política, económica, social e institucional que sufren los venezolanos por culpa del régimen chavista. Los atropellos contra los periodistas no sólo son cometidos por los militares, policías y otros integrantes de cuerpos de seguridad, sino que, además, son también perpetrados por jueces que adoptan decisiones sesgadas contra la libertad de prensa y otras determinaciones gubernamentales y de distintas instancias que afectan la posibilidad de los medios para conseguir materias primas u obtener la reanudación de las concesiones y licencias.

El caso más aberrante es el de los periódicos que han tenido que salir de circulación porque no pueden acceder a papel para imprimir sus ejemplares o que se han visto forzados a reducir sus ediciones a unas pocas páginas diarias o semanales. Tampoco faltan las presiones a los directores y dueños de medios, a los que se conmina a cambiar su línea editorial crítica, so pena de no acceder a ningún tipo de pauta o patrocinio oficial que termina, en su gran mayoría, en programas de radio, televisión y periódicos adictos al régimen.

A todo lo anterior debe sumarse que grandes medios internacionales como la cadena CNN en español o incluso canales colombianos han sido sacados de las parrillas de programación nacionales, regionales y locales, a riesgo de que los cableoperadores o consorcios mediáticos puedan perder sus licencias y concesiones si insisten en mantenerlos al aire.

Incluso se ha tratado de censurar el tráfico de contenidos en las redes sociales, pero dado el amplio número de canales que permite internet, no le ha quedado nada fácil al Ejecutivo cerrar esta ventana de libertad de prensa y opinión.

Y como si todo lo anterior fuera poco, no hay que olvidar que en agosto pasado la constituyente -que anuló los poderes de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición- aprobó la llamada “Ley contra el odio y por la convivencia pacífica y la tolerancia”, que ordena castigar hasta con 20 años de prisión a los dirigentes políticos, económicos, sociales y los medios de comunicación que a juicio de los operadores judiciales -un poder cooptado por el chavismo- ‘inciten’ actitudes contra la patria y el orden público. En su momento la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a Caracas a derogar esa norma porque afectaba claramente el derecho a la libertad de expresión, más aún porque su debate en la constituyente fue exprés y sin que la Asamblea Nacional, la cabeza del poder Legislativo, hubiera podido intervenir. El organismo continental fue claro en advertir que la polémica ley establece “sanciones penales exorbitantes y facultades para censurar a medios tradicionales e internet, en contradicción con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión". También se señaló la inconveniencia de que a través de facultades gaseosas y unilaterales las autoridades puedan llegar no sólo a cerrar medios sino a imponerles contenidos…

Analizado ese crítico escenario, es dable reiterar que la cuasi dictadura que rige en Venezuela tiene por objetivo acabar con la libertad de prensa y opinión en ese país. Objetivo que un puñado de medios y periodistas, a cual más valientes y dispuestos a entregarlo todo por su derecho a informar libre y verazmente, le han impedido concretar. Gracias ellos es que hoy el mundo sabe la gravedad de la crisis venezolana y las maniobras desesperadas del régimen por no dejarse sacar del poder, así sea a costa de su propio pueblo.

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