Después de lograr el respaldo de 7,2 millones de personas en el plebiscito, la oposición, como parte del llamado a la desobediencia cívica, llamó a una huelga general, para la escalada definitiva que será la próxima semana
Animada por el voto de 7,2 millones de personas en el plebiscito simbólico contra el presidente Nicolás Maduro, la oposición venezolana definió su "ofensiva final" para frenar la elección de la Asamblea Constituyente y presionar por un cambio de gobierno.
"El mundo y Miraflores (palacio presidencial) deben escuchar el grito de todo un país. Lo que viene ahora es que materialicemos el mandato que nos dio la gente", declaró Julio Borges, presidente del Parlamento, controlado por la oposición.
El oficialismo cuestionó los resultados de antemano, señalando que el proceso no es vinculante y es "ilegal" por no tener aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado por la oposición de servir al gobierno.
Tras el resultado y a dos semanas de la elección de la Asamblea Constituyente impulsada por Maduro, la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) iniciaba lo que llama la "hora cero", una estrategia para precipitar un desenlace del conflicto con el escalamiento de las protestas que estallaron casi cuatro meses atrás y que dejan 96 muertos.
Según Borges, el plebiscito evidenció la voluntad del país de sacar a Maduro del poder por los votos antes de que termine su gestión en enero de 2019, pues el 5% que falta por escrutar permitiría alcanzar los 7,5 millones de votos necesarios para revocar el mandato del presidente si hubiera un referendo.
En las últimas elecciones venezolanas, las parlamentarias de 2015, la oposición arrasó con 7,7 millones de votos de un total de casi 20 millones de electores, quebrando una hegemonía chavista, entonces de 17 años, en la Asamblea Nacional.
"Se evidencia una demanda de cambio político persistente a lo largo del tiempo", dijo a la AFP el politólogo John Magdaleno, quien consideró el plebiscito "exitoso" porque fue organizado por "la ciudadanía" en poco tiempo y con solo 2.000 centros de votación frente a 14.000 en 2015.
Dirigentes oficialistas anunciaron que presentarán pruebas de supuestas votaciones fraudulentas y criticaron que la oposición decidiera quemar los registros de la consulta con el argumento de evitar represalias contra los votantes.
"¿Qué van a auditar?, ¿cenizas? No puede el país seguir sometido a la burla permanente por parte de la oposición", declaró la excanciller Delcy Rodríguez, candidata a la Constituyente.En un pulso con la oposición, el oficialismo también movilizó masivamente a sus seguidores el domingo en un simulacro de la elección, prevista el 30 de julio, de los 545 asambleístas de la Constituyente. El gobierno lo calificó de "histórico" por su participación.
El reto de la oposición es servirse del plebiscito para masificar la protesta y "fracturar al adversario" para "presionar una negociación que lleve a una oportunidad pacífica de cambio", según Luis Vicente León, presidente de la firma Datanálisis.
A su vez, el desafío del gobierno es evitar una baja participación en la elección de la Constituyente, porque de lo contrario nacería sin "legitimidad", según el analista.
Paro
La oposición venezolana convocó a un paro cívico nacional de 24 horas el próximo jueves para presionar al presidente Nicolás Maduro a que retire la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, tras lograr un voto masivo de rechazo en un plebiscito simbólico.
"Convocamos a todo el país a que este jueves asumamos en protesta masiva y sin violencia un paro cívico nacional activo de 24 horas como mecanismo de presión y preparación para la escalada definitiva que será la próxima semana", dijo el dirigente opositor Freddy Guevara.
Guevara afirmó que el paro cívico -paralización de actividades formales e informales- es parte de la escalada de las protestas que estallaron hace casi cuatro meses y dejan 96 muertos, para "enfrentar el fraude constituyente y lograr la restitución del orden constitucional" en Venezuela.
Como parte de la estrategia, el Parlamento, dominado por la oposición, nombrará el viernes a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que acusa de dar un "golpe de Estado" en Venezuela con fallos que socavaron las facultades del Legislativo.
Además, los partidos miembros de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) firmarán el miércoles un compromiso para la conformación de un futuro "gobierno de unión nacional".
Pese al anuncio de su ofensiva, Guevara aseguró que la MUD está dispuesta a dialogar, siempre y cuando el gobierno retire la convocatoria a una elección, prevista para el 30 de julio, de los 545 miembros de la Asamblea Constituyente.
"Si el régimen acata la decisión soberana del pueblo, retira su propuesta constituyente, los venezolanos y su dirigencia estamos dispuestos (...) a discutir de manera abierta y transparente, sin manipulaciones ni engaños, de frente al país con propuestas serias", subrayó.
Esas acciones marchan el inicio de lo que la MUD llama la "hora cero", una estrategia para precipitar un desenlace del conflicto, tras lograr el voto de 7,2 millones de personas en un plebiscito simbólico que realizaron el domingo contra el presidente y su Constituyente.
El oficialismo cuestionó esos resultados, señalando que el proceso no es vinculante y es "ilegal" por no tener aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado por la oposición de servir al gobierno.
La consulta opositora contó con apoyo de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos (OEA), de Estados Unidos y de gobiernos de América Latina y Europa
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