EL LÍDER opositor venezolano Leopoldo López "no tiene ningún impedimento" judicial para concurrir a los comicios presidenciales de 2012 pero en caso de victoria, su investidura sería incierta, indicó la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales.
López "no tiene impedimento para inscribirse (...) como candidato a cualquier cargo de elección popular, incluido el de presidente de la República", pero no "podemos pronunciarnos sobre situaciones futuras" en el caso de ser elegido, indicó la presidenta, en respuesta al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de habilitar políticamente al líder opositor.
Previamente, el Tribunal Supremo de Justicia había afirmado que la decisión de la Corte Interamericana emitida el pasado 1 de septiembre era "inejecutable" al sostener que a López no se le estaba negando ningún derecho político.
"Este Tribunal Supremo de Justicia (...) declara inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos" que el 1 de septiembre ordenó al Estado venezolano restituir los derechos políticos de López, inhabilitado en 2005 para ejercer cargos públicos por un caso de presunta corrupción, señaló el dictamen.
Los fallos de la Corte Interamericana son vinculantes para los Estados que han ratificado sus convenios. Sin embargo, el gobierno venezolano sostiene que su aplicación depende de su conformidad con la Constitución.
El TSJ -máximo órgano de justicia venezolano- declaró en el fallo que "el ciudadano Leopoldo López Mendoza goza de los derechos políticos consagrados en la Constitución, por tratarse sólo de una inhabilitación administrativa y no política".
El líder opositor prevé presentarse a las elecciones primarias que organizará la oposición el próximo 12 de febrero para elegir a un candidato frente al presidente Hugo Chávez, quien en las elecciones del 7 de octubre de 2012 aspira a un tercer mandato.
López, ex alcalde de un rico municipio de Caracas, había sido inhabilitado en 2005 por la Controlaría General, un organismo encargado de supervisar las finanzas públicas, para ejercer cargos públicos por un caso de presunta corrupción que siempre negó.
El popular opositor recurrió esa decisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el mes pasado ordenó al Estado venezolano que levantara su inhabilitación.
Los fallos de la Corte Interamericana son vinculantes para los Estados que han ratificado sus convenios. Sin embargo, el gobierno venezolano sostiene que su aplicación depende de su conformidad con la Constitución del país./AFP